La multinacional alemana reducirá de cuatro a tres los turnos de trabajo en su planta de General Lagos desde el 1° de noviembre. El gremio químico denunció que ya hay 13 trabajadores menos y advirtió sobre posibles despidos encubiertos. La decisión se conoce pocos días después del cierre de la fábrica de Bunge en Campana.
La crisis de la actividad industrial suma un nuevo capítulo con el anuncio de la multinacional alemana BASF, que reducirá un turno de producción en su planta de General Lagos, ubicada en el cordón industrial del sur de Rosario, provincia de Santa Fe. La modificación comenzará a regir el próximo 1° de noviembre y supondrá pasar de cuatro a tres turnos rotativos. La medida encendió la preocupación entre los trabajadores y el sindicato del sector químico, que advierte sobre el impacto de la retracción productiva en los puestos laborales.
La compañía presentó la decisión como una reorganización de su modelo productivo, orientada a mejorar la competitividad y sostener la actividad de la planta en el largo plazo. Según explicó BASF, la determinación responde a una combinación de factores económicos y comerciales: la caída de la demanda, la sobrecapacidad instalada tanto en el mercado local como en el regional, la presión sobre los precios y el peso de los costos fijos. La empresa aseguró que el establecimiento continuará funcionando y descartó que el cambio implique el cierre de las instalaciones.
La planta de General Lagos produce dispersiones poliméricas y aditivos utilizados como materias primas para fabricar pinturas, impermeabilizantes, adhesivos y otros insumos vinculados con la construcción y distintas actividades industriales. En el mismo predio funciona un centro de distribución de productos destinados a la protección de cultivos. Entre trabajadores directos e indirectos, el complejo involucra alrededor de 150 personas, de las cuales unas 70 están comprendidas en el convenio colectivo de la actividad química.
El recorte de turnos refleja una reducción de la actividad que, de acuerdo con el sindicato, ya se venía registrando desde las últimas semanas. La fábrica funcionaba habitualmente de lunes a lunes, con producción continua, pero el esquema se había reducido a jornadas de lunes a sábado por la mañana. A partir de noviembre, la eliminación formal de uno de los cuatro turnos consolidará una estructura operativa más acotada, en un contexto de menor demanda y dificultades para sostener los niveles anteriores de producción.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la situación del personal. El Sindicato de Trabajadores Químicos de Rosario informó que ya hay 13 operarios menos en la planta y señaló que la empresa abrió un programa de retiros voluntarios. Según lo informado por el gremio, la propuesta contempla el pago de la indemnización correspondiente por ley, un adicional del 20% y la extensión de la cobertura de la obra social durante seis meses. La organización sindical cuestionó que algunos acuerdos presentados como voluntarios podrían encubrir desvinculaciones laborales.
Rubén Carroselli, integrante del sindicato químico rosarino, explicó que nueve trabajadores aceptaron el esquema de retiro voluntario, entre ellos cuatro empleados próximos a alcanzar la edad jubilatoria. El dirigente también manifestó preocupación por otros casos que, desde la perspectiva gremial, no habrían respondido a una decisión plenamente voluntaria de los trabajadores. Frente a este escenario, el sindicato se declaró en estado de alerta y asamblea permanente, y anticipó que continuará interviniendo para defender los puestos de trabajo y las condiciones laborales.
La empresa, por su parte, sostuvo que gestionará la transición mediante el diálogo con los representantes de los trabajadores y que brindará acompañamiento a las personas involucradas. También afirmó que el abastecimiento al mercado continuará con normalidad y bajo los mismos estándares de calidad, seguridad y servicio. Sin embargo, la reducción de la producción local y la posibilidad de complementar el abastecimiento con productos provenientes de otras instalaciones de la red regional abren interrogantes sobre el futuro del perfil productivo de la planta y su impacto en la actividad industrial de la zona.
El anuncio se conoce pocos días después del cierre de la planta de Bunge en Campana, provincia de Buenos Aires, que afectó a 110 trabajadores directos y podría alcanzar a unos 250 puestos si se consideran los empleos indirectos y de empresas contratistas. Aunque se trata de decisiones empresariales diferentes y con explicaciones propias, ambos episodios profundizan la preocupación por el retroceso de la actividad manufacturera y sus consecuencias sobre el empleo. En el caso de BASF, el establecimiento seguirá operativo, pero la reducción de turnos y las desvinculaciones ya concretadas muestran las dificultades que atraviesa una parte del entramado industrial argentino.
Fuente: Motor Económico
