El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos en la Cámara alta y consiguió media sanción. La iniciativa modifica los criterios para disponer internaciones involuntarias, amplía las facultades de intervención médica, incorpora nuevas modalidades de atención y contempla a la ludopatía dentro de los consumos problemáticos. También mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios. El texto ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El Senado de la Nación aprobó durante la madrugada del viernes 30 de octubre el proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, vigente desde 2010. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo consiguió 42 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones, y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento legislativo. La aprobación se produjo después de una extensa sesión y de una serie de modificaciones negociadas entre La Libertad Avanza y los bloques aliados para reunir los respaldos necesarios. El debate estuvo atravesado por diferencias respecto de los criterios de internación, la conformación de los equipos profesionales y el financiamiento que deberá garantizar el Estado para implementar los cambios.
Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación de los criterios para disponer internaciones involuntarias. La legislación vigente establece como requisito la existencia de un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, mientras que el nuevo texto propone reemplazar esa condición por la de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física. La evaluación deberá contemplar no solamente la situación clínica del momento, sino también los antecedentes de la persona y la evolución previsible del cuadro si no recibe tratamiento. El oficialismo sostiene que esta modificación permitirá intervenir de manera más temprana ante situaciones de gravedad, mientras que sectores opositores advierten sobre la necesidad de preservar garantías suficientes para evitar internaciones injustificadas.
La iniciativa también introduce modificaciones en los procedimientos para autorizar las internaciones involuntarias y en las responsabilidades de los profesionales que intervienen. El texto establece la participación de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con un segundo profesional, que deberá ser psicólogo, para realizar la evaluación correspondiente. En situaciones de emergencia en las que solamente se encuentre disponible un médico, se permitirá disponer inicialmente la internación, pero la decisión deberá ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. Además, se mantienen mecanismos de comunicación con la Justicia y controles sobre la continuidad de las internaciones, con el objetivo de que las medidas excepcionales no se transformen en situaciones de institucionalización prolongada.
Otro aspecto relevante está vinculado con la organización de los establecimientos y los equipos responsables de la atención. La reforma contempla la posibilidad de realizar internaciones tanto en hospitales generales como en instituciones especializadas en psiquiatría y salud mental, públicas o privadas. Sin embargo, mantiene expresamente la prohibición de crear nuevos manicomios y de desarrollar prácticas manicomiales. También establece que los equipos deberán contar con profesionales de distintas disciplinas, entre ellos médicos psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas ocupacionales. En aquellas jurisdicciones donde no exista disponibilidad suficiente de especialistas, se habilitará la intervención mediante teleconsultas para facilitar las evaluaciones y garantizar el acceso a profesionales capacitados.
La reforma incorpora además modificaciones en el tratamiento de las adicciones y los consumos problemáticos. El nuevo texto amplía el abordaje de estas situaciones dentro de las políticas de salud mental e incorpora expresamente la ludopatía, una problemática que adquirió mayor visibilidad por el crecimiento de las apuestas en línea y su impacto sobre distintos sectores de la población. La propuesta contempla diferentes modalidades de atención de acuerdo con las características de cada situación, incluyendo intervenciones tempranas, tratamientos ambulatorios y otras herramientas terapéuticas. También establece disposiciones específicas para niños, niñas y adolescentes, que deberán recibir atención en equipos especializados y en espacios diferenciados de los destinados a adultos, respetando su autonomía progresiva, el derecho a ser escuchados y la confidencialidad.
Otro de los cambios importantes establece la obligación de elaborar un plan de egreso desde el inicio de cada internación. El objetivo es que los tratamientos tengan una planificación orientada a la recuperación y a la reintegración de las personas a sus entornos familiares y comunitarios. El proyecto considera prolongadas aquellas internaciones que superen los 180 días y prevé mecanismos adicionales de seguimiento e intervención de los organismos de revisión. También incorpora disposiciones relacionadas con la participación de familiares, representantes legales y personas cercanas en los procesos de acompañamiento. Se contemplan herramientas de apoyo y psicoeducación para quienes cumplen tareas de cuidado, además del reconocimiento de directivas anticipadas mediante las cuales una persona puede expresar previamente su consentimiento o rechazo a determinados tratamientos.
La cuestión presupuestaria fue otro de los ejes centrales de la negociación parlamentaria. Distintos representantes provinciales cuestionaron que el Gobierno nacional impulsara nuevas obligaciones para los sistemas sanitarios locales sin garantizar los recursos necesarios para cumplirlas. El senador Guillermo Andrada, de Convicción Federal, sostuvo durante el debate que los problemas de la legislación vigente no responden necesariamente a sus principios, sino a la falta de recursos para llevarlos adelante. En una línea similar, Gerardo Zamora advirtió sobre las nuevas responsabilidades que recaerán sobre las provincias y reclamó previsibilidad financiera. Para destrabar el tratamiento, el oficialismo incorporó modificaciones vinculadas con la cooperación económica entre Nación y provincias, cuyos fondos deberán contemplarse en el Presupuesto nacional.
La votación representó un avance legislativo para el Gobierno de Javier Milei, aunque el texto aprobado fue resultado de negociaciones y modificaciones respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma y sostuvo que busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante situaciones de riesgo. Desde otros sectores políticos, en cambio, se plantearon advertencias sobre la necesidad de garantizar recursos, controles institucionales y respeto por los derechos de las personas con padecimientos mentales. Con la media sanción del Senado, la discusión continuará ahora en la Cámara de Diputados, donde deberá conseguir una nueva mayoría para convertirse en ley. Hasta entonces, la normativa vigente seguirá siendo la Ley 26.657.
Fuente: Filo.News
