La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú consideró que el dirigente brasileño ingresó y salió de la Argentina de manera regular y descartó la existencia de un delito en esa jurisdicción. Sin embargo, otra causa judicial continúa en Buenos Aires para determinar si funcionarios del Gobierno nacional intervinieron o facilitaron su traslado en un avión privado hacia Estados Unidos.
La investigación por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú resolvió archivar la denuncia presentada por el ingreso y la posterior salida del dirigente brasileño del territorio nacional, al considerar que no existieron irregularidades migratorias ni delitos en los procedimientos realizados en esa jurisdicción. Sin embargo, la decisión no implica el cierre de todas las actuaciones judiciales, ya que continúa una investigación paralela en los tribunales federales de Comodoro Py.
El fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez fundamentó su decisión en los informes remitidos por la Dirección Nacional de Migraciones e Interpol. Según los registros oficiales, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el 27 de octubre a las 22:37, a través del puente internacional Tancredo Neves, en Misiones. Posteriormente, a las 23:52, quedó registrada su salida desde el aeropuerto internacional de Puerto Iguazú, a bordo de un avión privado con destino a Ecuador.
Uno de los elementos centrales de la resolución fue la información proporcionada por Interpol, que indicó que no existían órdenes de captura, restricciones ni requerimientos internacionales vigentes contra el senador brasileño al momento de realizarse las consultas. A partir de esos antecedentes, la fiscalía consideró que Bolsonaro contaba con la documentación necesaria para ingresar, permanecer y salir del país. Por ese motivo, concluyó que no correspondía continuar con las medidas solicitadas en la denuncia vinculada específicamente con los controles fronterizos de Misiones.
Las presentaciones que dieron origen a esa investigación habían sido impulsadas por la diputada nacional Marcela Pagano y por Daniel Ricardo Monterde. Entre otros planteos, cuestionaban las circunstancias del ingreso y egreso del dirigente brasileño y reclamaban investigar si existieron irregularidades en los controles migratorios, aeroportuarios y en la organización del traslado. La resolución de Martínez descartó la existencia de un delito en los hechos examinados en Puerto Iguazú, aunque dejó a salvo las cuestiones que corresponden a otras jurisdicciones.
En paralelo, la Justicia Federal de Comodoro Py mantiene abierta otra investigación para determinar si funcionarios argentinos tuvieron algún tipo de intervención en la organización del vuelo privado que permitió el traslado de Bolsonaro. El expediente está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal federal Paloma Ochoa. La causa se originó a partir de denuncias presentadas por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y el diputado nacional Esteban Paulón, quienes solicitaron investigar una posible colaboración de integrantes del Poder Ejecutivo.
En ese expediente, la Justicia ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú, sus inmediaciones y la pista de despegue y aterrizaje. También solicitó informes a organismos nacionales, entre ellos Migraciones y Cancillería, para reconstruir los movimientos del dirigente brasileño y establecer si existieron comunicaciones o gestiones oficiales relacionadas con su traslado. Las medidas buscan determinar qué información tenían las autoridades argentinas sobre la situación judicial de Bolsonaro y si hubo alguna actuación irregular.
Las denuncias presentadas en Buenos Aires mencionan al presidente Javier Milei, al asesor presidencial Santiago Caputo, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Los denunciantes pretenden establecer si existió coordinación entre distintas áreas del Estado para facilitar el viaje del senador brasileño. Estas menciones forman parte de las hipótesis planteadas en las presentaciones judiciales y no constituyen una declaración de responsabilidad penal de los funcionarios señalados.
De esta manera, el archivo dispuesto en Misiones y la continuidad de la investigación en Comodoro Py corresponden a dos aspectos diferentes del mismo episodio. Mientras la fiscalía de Puerto Iguazú consideró regulares los movimientos migratorios de Flávio Bolsonaro, la Justicia porteña busca esclarecer las circunstancias vinculadas con la organización del vuelo privado y una eventual intervención de funcionarios nacionales. La documentación requerida y el análisis de los registros de seguridad serán claves para determinar si existieron irregularidades que justifiquen avanzar con la investigación.
Fuente: Ámbito Financiero
