La compañía de aviación privada que trasladó al dirigente brasileño y a su familia desde Argentina hacia Estados Unidos aparece mencionada en la investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La Justicia analiza transferencias millonarias provenientes de droguerías investigadas por contrataciones irregulares y facturas emitidas por supuestos servicios aeronáuticos. El caso vuelve a poner bajo la lupa los vínculos entre empresarios, operaciones financieras y figuras políticas internacionales.
La empresa de aviación privada Baires Fly S.A., responsable del traslado de Flávio Bolsonaro y su familia desde Argentina hacia Estados Unidos, quedó nuevamente en el centro de la atención pública debido a su vinculación con la investigación judicial por presuntas maniobras de corrupción y lavado de activos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La compañía fue contratada para realizar el vuelo que llevó al dirigente brasileño hasta Miami, con una escala previa en Guayaquil, Ecuador. Sin embargo, su nombre ya aparecía en un expediente que investiga movimientos millonarios de dinero provenientes de droguerías que habrían sido beneficiadas con contrataciones irregulares del organismo estatal.
Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22:50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. El senador brasileño llegó acompañado por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y otros dos familiares. De acuerdo con la información oficial, los integrantes de la comitiva contaban con documentación válida para ingresar al territorio argentino y no registraban impedimentos legales para hacerlo. Posteriormente, abordaron un avión Gulfstream G400 perteneciente a Baires Fly, que partió rumbo a Guayaquil y continuó su recorrido hacia Estados Unidos.
El traslado adquirió una dimensión política y judicial particular debido a las circunstancias que rodearon la salida de Bolsonaro de Brasil. El dirigente había quedado en el centro de una controversia judicial en su país, relacionada con las restricciones para abandonar el territorio brasileño y la situación procesal de su entorno familiar. Su llegada a la Argentina y posterior viaje al exterior generaron cuestionamientos sobre el operativo y motivaron presentaciones judiciales contra funcionarios argentinos. En ese contexto, la contratación de Baires Fly sumó otro elemento de interés, dado que la compañía ya figuraba en una investigación federal por presuntas operaciones financieras irregulares.
La causa ANDIS tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y busca determinar la existencia de un circuito de circulación de dinero proveniente de droguerías que habrían obtenido beneficios mediante contrataciones irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación analiza transferencias bancarias millonarias y facturas emitidas por supuestos servicios aeronáuticos que podrían haber sido utilizadas para justificar movimientos de fondos. La hipótesis judicial sostiene que determinadas operaciones comerciales habrían permitido otorgar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen estaría relacionado con las maniobras investigadas dentro del organismo. La investigación es impulsada por el fiscal Franco Picardi y está a cargo del juez federal Ariel Lijo.
Uno de los principales nombres que aparece en el expediente es el de Sergio Daniel Mastropietro, empresario vinculado al sector aeronáutico que se encuentra procesado en la causa. Según la hipótesis judicial, habría intervenido en operaciones destinadas a canalizar fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita. Los investigadores reconstruyeron sus comunicaciones con Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre la ANDIS y las empresas proveedoras investigadas. De acuerdo con la resolución judicial, Mastropietro habría participado en la organización de un circuito de facturaciones cruzadas mediante el cual se buscaba respaldar transferencias bancarias con comprobantes correspondientes a servicios de aviación privada.
Entre los elementos incorporados a la investigación figura una secuencia de comunicaciones del 10 de septiembre de 2025, cuando Calvete habría enviado a Mastropietro archivos con información sobre transferencias millonarias provenientes de droguerías beneficiadas con adjudicaciones de la ANDIS. Posteriormente, se registraron facturas emitidas por Baires Fly a esas mismas empresas por montos coincidentes, bajo el concepto de compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la compañía. La Justicia busca determinar si esos comprobantes respondían a servicios efectivamente prestados o si fueron utilizados para justificar operaciones financieras que formaban parte de un mecanismo de blanqueo. En el procesamiento se contabilizaron operaciones por aproximadamente $1.097 millones.
De acuerdo con la información publicada por distintos medios, las sospechas judiciales están concentradas en la intervención de Mastropietro y en su relación con Calvete, mientras que la aparición de facturas con el nombre de Baires Fly no significa automáticamente que la empresa haya sido procesada o que sus responsables tengan acreditada una responsabilidad penal. De hecho, fuentes vinculadas a la compañía rechazaron la relación con las maniobras investigadas y señalaron que Mastropietro no tendría vinculación con la firma. La distinción resulta importante para comprender el estado del expediente: la investigación debe establecer quiénes participaron de las operaciones, qué servicios fueron realmente prestados y cuál fue el destino del dinero transferido por las empresas proveedoras de la ANDIS.
El caso volvió a cobrar visibilidad por la coincidencia entre la investigación por presuntas irregularidades en el organismo de discapacidad y el traslado de una figura política brasileña en una aeronave de la compañía mencionada en el expediente. La controversia también se produce en un contexto de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la ANDIS, las contrataciones de medicamentos e insumos y el destino de los recursos públicos destinados a personas con discapacidad. Mientras la Justicia continúa reconstruyendo las operaciones financieras y las responsabilidades individuales, el episodio abre nuevos interrogantes sobre los vínculos entre intermediarios empresariales, proveedores del Estado y servicios privados utilizados por dirigentes políticos. Por el momento, las posibles responsabilidades deberán establecerse a partir de las pruebas y las decisiones judiciales correspondientes.
Fuente: Infonews
