El oficialismo no consiguió reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen de la reforma de la Ley 27.640. Las objeciones del PRO y la UCR se concentran en el esquema de participación de las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel, que advierten sobre el riesgo de perder mercado frente a las grandes compañías integradas. El desacuerdo también expone las tensiones entre el Gobierno nacional, sus aliados parlamentarios y las provincias productoras.
La reforma de la Ley de Biocombustibles encontró un nuevo obstáculo en la Cámara de Diputados. El oficialismo buscaba avanzar con el dictamen de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado, pero las diferencias con bloques aliados impidieron reunir las firmas necesarias para habilitar su tratamiento en el recinto. El punto central de la disputa es el régimen previsto para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiésel, que reclaman mayores garantías para sostener su participación en el mercado. La demora abre una nueva instancia de negociación y deja en evidencia que el Gobierno todavía no consiguió consolidar un acuerdo parlamentario en torno a una reforma que involucra intereses productivos y regionales contrapuestos.
El proyecto propone modificar el régimen establecido por la Ley 27.640 y aumentar los porcentajes obligatorios de biocombustibles mezclados con los combustibles tradicionales. Para el bioetanol, plantea elevar el corte del 12% al 15%, mientras que para el biodiésel busca llevarlo del 5% al 10%, con una implementación gradual. El Gobierno sostiene que la modificación permitiría aprovechar capacidad industrial instalada, impulsar inversiones y mejorar la competencia. Sin embargo, el desacuerdo no se concentra únicamente en el objetivo de ampliar los cortes, sino en la forma en que se distribuirá el mercado entre las empresas que participan de la actividad y en las garantías que tendrán las firmas de menor escala.
Uno de los puntos más controvertidos es el esquema de participación reservado para las empresas de biodiésel no integradas, muchas de ellas pymes regionales que no controlan toda la cadena productiva. El texto aprobado por el Senado establece una reducción progresiva de la participación protegida para ese segmento: comenzaría en el 6,5% del mercado, bajaría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 4% entre 2031 y 2036. Desde los sectores que reclaman cambios advierten que ese esquema podría debilitar a las plantas pequeñas frente a grandes grupos empresarios con capacidad de integrar la producción de materias primas, el procesamiento industrial y la comercialización. El debate, por lo tanto, enfrenta dos objetivos que no necesariamente se resuelven con la misma herramienta: aumentar la competencia y garantizar condiciones para que las pymes puedan sostener su actividad.
Las objeciones al proyecto llegaron desde bloques que habitualmente acompañan al oficialismo. Legisladores del PRO y la UCR plantearon reparos sobre el capítulo referido al biodiésel y reclamaron modificaciones para proteger a las empresas no integradas. Entre las provincias cuyos intereses productivos están involucrados aparecen Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis y Entre Ríos. La discusión tiene una dimensión federal porque las decisiones sobre los porcentajes de mezcla y la distribución de los cupos pueden repercutir en plantas industriales, puestos de trabajo e inversiones radicadas en distintas regiones. En ese escenario, las posiciones de los legisladores no responden solamente a una diferencia técnica sobre el combustible, sino también a las consecuencias económicas que cada esquema puede generar en sus distritos.
El subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Federico Veller, defendió la iniciativa durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura, Ganadería y Pesca. El funcionario sostuvo que la legislación vigente presenta problemas de diseño que, según la interpretación del Gobierno, limitaron las inversiones y dificultaron el desarrollo del sector. También defendió la ampliación de los cortes y cuestionó el sistema de regulación de precios y cupos, al considerar que debe avanzarse hacia un mercado más competitivo. Frente a los pedidos de modificar nuevamente el texto aprobado por el Senado, Veller afirmó que no había espacio para nuevos cambios y advirtió que una transición demasiado extensa o sujeta a rediseños permanentes podría alterar el objetivo de la reforma.
La postura del Poder Ejecutivo generó un problema político para sus propios aliados. Mientras el oficialismo busca preservar el texto que llegó desde el Senado, algunos diputados consideran que deben incorporarse garantías adicionales para las pymes antes de emitir un dictamen. La falta de acuerdo demuestra que la negociación parlamentaria sigue abierta y que la media sanción no asegura, por sí sola, la aprobación definitiva. También expone una tensión frecuente en las reformas económicas: la intención de modificar las reglas de un mercado puede encontrar resistencias cuando los distintos sectores productivos consideran que los costos y beneficios de la transición se distribuyen de manera desigual. La discusión ahora pasa por determinar si existe margen para introducir modificaciones sin desarmar los acuerdos alcanzados previamente.
Desde el sector empresario tampoco existe una posición completamente uniforme. Algunas cámaras defienden la aprobación rápida del texto del Senado y consideran que el período de adaptación previsto resulta suficiente para que las compañías se adecuen al nuevo esquema. Otras representaciones reclaman cambios que permitan preservar una participación más estable de las pymes no integradas y evitar una mayor concentración del mercado. Estas diferencias reflejan la diversidad de intereses dentro de la propia industria: las empresas integradas y las plantas regionales no necesariamente compiten desde las mismas condiciones de escala, financiamiento y acceso a materias primas. La discusión legislativa deberá considerar esas diferencias si pretende establecer un marco que amplíe la producción sin comprometer la continuidad de actores industriales que tienen peso en las economías provinciales.
La postergación del dictamen deja en suspenso una reforma que el Gobierno considera importante para transformar el mercado de los biocombustibles. El resultado dependerá de las negociaciones entre el oficialismo, sus aliados parlamentarios, las provincias y los sectores empresarios involucrados. La cuestión de fondo es qué modelo productivo se busca promover: uno que priorice la apertura del mercado y la competencia entre empresas, o uno que combine esa apertura con mecanismos de transición y protección para las pymes regionales. La ampliación de los cortes puede modificar la demanda de bioetanol y biodiésel, pero sus efectos concretos dependerán de cómo se distribuyan las oportunidades de producción, las inversiones y el acceso al mercado. Hasta que no haya dictamen, el proyecto seguirá sujeto a una negociación en la que los intereses productivos y políticos continúan en disputa.
Fuente: Ámbito Financiero
