El diputado nacional cordobés Carlos Gutiérrez cuestionó que la Cámara baja no haya logrado emitir dictamen para la nueva Ley de Biocombustibles. Acusó al PRO y a las dudas del Gobierno nacional de frenar una iniciativa que busca aumentar los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel. La disputa también expone diferencias sobre cómo distribuir el mercado entre grandes empresas y productores regionales.
La nueva Ley de Biocombustibles volvió a quedar trabada en la Cámara de Diputados y generó fuertes críticas del legislador cordobés Carlos Gutiérrez. El representante cuestionó que no se haya alcanzado un dictamen para avanzar con una iniciativa que, según sostuvo, estaba en condiciones de continuar su recorrido parlamentario. El proyecto cuenta con el impulso de Córdoba y otras provincias productoras, interesadas en fortalecer una actividad vinculada con la industrialización de materias primas agropecuarias y la generación de valor agregado en el interior del país. La demora volvió a poner en evidencia las diferencias políticas y económicas que rodean la regulación del sector.
Gutiérrez atribuyó el freno a los movimientos del PRO y a las dudas expresadas por el Gobierno nacional. “Hoy en Diputados teníamos todo listo para avanzar, pero entre los movimientos del PRO y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca beneficiar a productores de bioetanol y biodiésel del interior”, expresó el diputado, según informó Cba24n. El legislador consideró que la falta de avances perjudica a las provincias productoras y cuestionó que las diferencias sobre algunos aspectos del texto impidan continuar con la discusión legislativa. Sus declaraciones reflejan la posición de uno de los sectores que impulsa la reforma y responsabiliza a los bloques aliados del oficialismo por el resultado de las negociaciones.
La iniciativa busca modificar el marco regulatorio de los biocombustibles y elevar los porcentajes de mezcla obligatoria con los combustibles fósiles. Según la información publicada por Infobae, el texto plantea aumentar el corte de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, mientras que el de biodiésel en el gasoil pasaría del 7% al 10%. Estos porcentajes determinan qué proporción de biocombustible debe incorporarse a los combustibles tradicionales y tienen incidencia directa sobre la demanda del sector. Un aumento de los cortes puede ampliar el mercado para las plantas productoras, aunque los efectos concretos dependerán de las condiciones de implementación, los mecanismos de asignación de volúmenes y la estructura de costos de cada empresa.
Para Córdoba, el debate tiene una importancia particular. La provincia cuenta con producción de biodiésel y una estructura agroindustrial vinculada con la transformación de materias primas. En ese contexto, una nueva regulación puede influir sobre las oportunidades de inversión, el funcionamiento de las plantas y el desarrollo de cadenas productivas regionales. Gutiérrez sostuvo que existía disposición para negociar los porcentajes de corte y alcanzar acuerdos entre los distintos sectores. Sin embargo, rechazó que las diferencias sobre esos parámetros se utilicen como argumento para impedir el avance del proyecto. La discusión excede así una cuestión técnica sobre combustibles: también involucra qué modelo de desarrollo industrial se busca promover y cómo se distribuyen las oportunidades económicas entre las provincias.
El principal desacuerdo, de acuerdo con la cobertura de Infobae, se relaciona con la participación que tendrán las empresas de biodiésel dentro del mercado obligatorio. El proyecto contempla diferencias entre firmas integradas, vinculadas con grandes grupos aceiteros, y empresas no integradas, entre las que se encuentran plantas regionales y pymes que no producen directamente la materia prima. La propuesta establece una participación reservada para estas últimas que disminuiría progresivamente durante los próximos años. Desde el PRO y otros sectores provinciales se plantearon objeciones a ese esquema y se reclamó mantener una mayor participación para las empresas no integradas, con el argumento de que podrían quedar en desventaja frente a los grandes grupos industriales. El desacuerdo refleja una disputa sobre la concentración del mercado y las condiciones de competencia dentro de la actividad.
El proyecto ya había obtenido media sanción en el Senado y su tratamiento en Diputados aparecía como una instancia decisiva para avanzar hacia una nueva normativa. Sin embargo, la falta de acuerdo en las comisiones impidió emitir el dictamen previsto. Según Infobae, la negociación también se desarrolló en un contexto de tensiones entre el oficialismo y algunos de sus aliados parlamentarios por reclamos vinculados con otras iniciativas y demandas provinciales. De ese modo, el futuro de la ley quedó atado no solo a las diferencias específicas sobre los biocombustibles, sino también al equilibrio político que el Gobierno necesita construir para reunir las firmas y los votos necesarios en el Congreso.
La demora plantea interrogantes sobre la previsibilidad normativa que necesita una actividad que depende de inversiones, planificación productiva y reglas claras de comercialización. Para las provincias que impulsan el proyecto, una nueva ley podría ofrecer un marco de mayor estabilidad y ampliar el mercado interno de biocombustibles. Para los sectores que cuestionan el texto, en cambio, resulta necesario revisar cómo se distribuyen los volúmenes obligatorios para evitar que las modificaciones terminen favoreciendo a determinados grupos empresariales en detrimento de otros. Esas diferencias deberían resolverse mediante una discusión transparente sobre los criterios de asignación, el impacto en los precios, la capacidad productiva y las condiciones de competencia, sin perder de vista los objetivos energéticos e industriales de la normativa.
Por ahora, la falta de dictamen mantiene en suspenso el avance legislativo y prolonga un debate que involucra intereses productivos, energéticos y federales. La crítica de Carlos Gutiérrez pone el foco en el perjuicio que, a su entender, sufren Córdoba y otras provincias productoras cuando una iniciativa de esta naturaleza no consigue avanzar. Pero el desenlace dependerá de que los bloques parlamentarios logren resolver sus diferencias sobre los cortes obligatorios y la participación de las empresas en el mercado. La discusión de fondo es si la futura regulación permitirá fortalecer la producción regional y el agregado de valor en el interior o si mantendrá un escenario de incertidumbre para una actividad que busca consolidar su lugar en la matriz energética argentina.
Fuente: Cba24n
