Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, cuestionó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), oficializada mediante el Decreto 1286/2026. El sindicato convocó a movilizarse este jueves 29 de octubre a las 10:30 frente al Ministerio de Defensa y advirtió sobre las consecuencias laborales y sanitarias de la medida.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volverá a movilizarse en rechazo a la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), una decisión del Gobierno nacional que abre interrogantes sobre la continuidad laboral de miles de trabajadores y la atención de cientos de miles de afiliados. La medida quedó oficializada este miércoles mediante el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial. Frente a este escenario, Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, llamó a sostener la organización y la protesta como herramientas para enfrentar las consecuencias de la reestructuración.
“Volvemos a salir a la calle como respuesta al vaciamiento del Estado, que no frena”, expresó Cabezas, quien cuestionó el rumbo de la política estatal y advirtió sobre el impacto que la decisión puede tener tanto en el personal del organismo como en quienes dependen de sus prestaciones. La convocatoria gremial está prevista para este jueves 29 de octubre a las 10:30, frente al Ministerio de Defensa, con el objetivo de reclamar respuestas ante la disolución del instituto y defender las fuentes de trabajo y la cobertura sanitaria.
Uno de los principales puntos de preocupación para ATE es la situación de los 2.450 trabajadores que, según las cifras difundidas por el sindicato, actualmente se desempeñan en el IOSFA. De acuerdo con esa estimación gremial, alrededor de 1.000 pasarían a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), 450 quedarían en situación de disponibilidad y otros 1.000 contratos perderían vigencia. El decreto establece que el directorio de la OSFA determinará qué puestos necesita cubrir y qué personal será transferido, por lo que la distribución definitiva de los trabajadores dependerá de la implementación del proceso.
Cabezas sostuvo que la reestructuración no puede analizarse únicamente como una modificación administrativa, ya que involucra los ingresos de miles de familias y el acceso a servicios de salud. “Los trabajadores y trabajadoras somos los que siempre pagamos el costo de este tipo de decisiones”, señaló la dirigente, quien también cuestionó lo que considera una orientación hacia la participación del sector privado en la prestación de servicios. Desde la organización sindical advierten que el proceso puede profundizar la incertidumbre laboral y afectar el funcionamiento de una institución que brinda cobertura a integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias.
La situación también genera preocupación por las consecuencias para los afiliados. Según los datos difundidos por ATE, el IOSFA cuenta con aproximadamente 352.000 afiliados en todo el país. El sindicato alerta que el cierre de delegaciones podría dificultar la realización presencial de trámites, como la presentación de documentación y la gestión de reintegros, al concentrar parte de esas gestiones en Buenos Aires. Para quienes viven lejos de los principales centros administrativos, las restricciones en la atención podrían representar un obstáculo adicional para resolver necesidades vinculadas con su cobertura médica.
A ese panorama se suma la preocupación por el cierre de centros médicos y la disponibilidad de prestaciones básicas. ATE advierte que la reducción de la estructura puede afectar el acceso a consultas clínicas y otros servicios de salud. El impacto concreto dependerá de cómo se implemente la transición hacia el nuevo esquema y de qué prestadores y centros continúen funcionando. Para el gremio, resulta fundamental que cualquier reorganización garantice la continuidad de la atención y evite que los afiliados queden desprotegidos durante el proceso.
La disolución del IOSFA forma parte de una reorganización que comenzó con la creación de la OSFA y de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026. La nueva normativa establece que el personal del instituto que no sea transferido deberá ser evaluado conforme a su situación laboral y al régimen jurídico aplicable. En el caso de los trabajadores de planta permanente con estabilidad que queden en disponibilidad, el decreto contempla que continúen en esa condición dentro del Ministerio de Defensa hasta su eventual reubicación o baja, de acuerdo con la normativa vigente.
En este contexto, ATE busca instalar el reclamo por la continuidad de los puestos de trabajo, la defensa de las prestaciones y la responsabilidad del Estado en la cobertura sanitaria. Cabezas sostuvo que la movilización es una herramienta para responder a decisiones que, desde la perspectiva sindical, amenazan derechos laborales y sociales. La protesta de este jueves frente al Ministerio de Defensa será una nueva instancia de presión para exigir definiciones sobre el futuro del organismo, la situación de su personal y las garantías de atención para los afiliados.
Fuente: ATE Nacional y cobertura de la publicación del Decreto 1286/2026 en el Boletín Oficial.
