Copete: Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta, fue asesinado a tiros el lunes 26 de octubre mientras se desplazaba en su vehículo junto a su hijo. El dirigente preparaba su candidatura para las elecciones locales de 2027. Las autoridades ofrecieron una recompensa para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.
El asesinato de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, conmocionó a Colombia y volvió a encender las alarmas por la violencia contra dirigentes políticos. El funcionario retirado de la Policía Nacional fue atacado a tiros el lunes 26 de octubre en el Anillo Vial Occidental de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, en el noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela. Castellanos había comenzado a desarrollar actividades de precampaña para competir por la alcaldía en los comicios locales de 2027. Su muerte quedó bajo investigación de la Policía y la Fiscalía, que buscan establecer quiénes participaron del ataque y cuáles fueron sus motivos.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones difundidas por medios colombianos, Castellanos viajaba en su camioneta junto a su hijo cuando una motocicleta golpeó el vehículo. Al descender para hablar con quienes se movilizaban en ella, fue atacado con armas de fuego. Las primeras versiones señalaron que los agresores habrían utilizado el supuesto incidente vial para acercarse a la víctima. El hecho ocurrió en una zona próxima a una estación de servicio y a pocos metros de su domicilio. Los investigadores deberán determinar cómo se organizó el ataque, cuántas personas participaron y qué vehículos utilizaron para escapar. Por el momento, la mecánica del crimen no permite establecer por sí sola cuál fue el motivo del homicidio.
Castellanos había dejado a comienzos de 2026 su cargo como secretario de Gobierno de Cúcuta para cumplir con las disposiciones electorales y avanzar en su aspiración política. Antes de incorporarse a la administración municipal, había desarrollado una extensa carrera en la Policía Nacional, donde alcanzó el grado de mayor. Su perfil combinaba experiencia en seguridad pública y gestión política local. Además, era hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, actual concejal de Bogotá, y del senador Jairo Castellanos. Su asesinato generó expresiones de condolencia y reclamos de justicia desde distintos sectores políticos, que advirtieron sobre la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes participan de la vida pública.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el homicidio y aseguró que impartió instrucciones a la Policía Nacional para que trabaje en coordinación con la Fiscalía con el objetivo de identificar, localizar y detener a los responsables. El mandatario afirmó que el crimen no puede quedar impune. Por su parte, George Quintero, secretario de Gobierno de Norte de Santander, confirmó el fallecimiento y sostuvo que las autoridades todavía estaban reuniendo información para reconstruir lo ocurrido. La Gobernación anunció inicialmente una recompensa de 50 millones de pesos colombianos por datos que permitan avanzar en la investigación. Medios locales también informaron de una recompensa ofrecida por la Alcaldía de Cúcuta, lo que elevó el monto conjunto anunciado para obtener información sobre los autores.
Uno de los interrogantes centrales es si el asesinato estuvo relacionado con la actividad política de Castellanos, su trayectoria en los organismos de seguridad o algún otro conflicto. Hasta las primeras informaciones difundidas tras el crimen, las autoridades no habían establecido públicamente un móvil definitivo. La condición de precandidato agrega preocupación por el impacto que la violencia puede tener sobre la competencia electoral de 2027, aunque todavía no hay elementos concluyentes para afirmar que el ataque haya sido ordenado por razones políticas. Los investigadores deberán analizar las circunstancias personales y profesionales de la víctima, reconstruir sus últimos movimientos y establecer si existían amenazas recientes que pudieran estar vinculadas con el homicidio.
La trayectoria de Castellanos también había sido mencionada en investigaciones periodísticas anteriores sobre presuntas redes de corrupción vinculadas al contrabando. En febrero de 2025, el medio Semana publicó declaraciones atribuidas a un agente encubierto que lo relacionaban con supuestos pagos ilegales durante su paso por la Policía Fiscal y Aduanera en Cartagena, en el marco del caso asociado a Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”. Esas menciones no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal ni permiten establecer una relación con su asesinato. Sin embargo, forman parte de los antecedentes periodísticos que podrían ser revisados para reconstruir su entorno y las distintas hipótesis investigativas. Hasta que las autoridades aporten pruebas, no corresponde atribuir el crimen a esas denuncias ni dar por probado un vínculo causal.
El asesinato se produjo en un contexto de inseguridad persistente en Cúcuta y en el departamento de Norte de Santander, una región atravesada por actividades criminales, tráfico ilegal y disputas de grupos armados. En los días cercanos al homicidio también se reportaron otros episodios violentos en la zona fronteriza, entre ellos una explosión que dejó personas heridas, según informaciones de medios colombianos. La coexistencia de estos hechos incrementó la preocupación de la población y las demandas de mayor presencia estatal, investigación criminal y protección de civiles. Sin embargo, no se ha establecido que todos los episodios respondan a un mismo plan ni que tengan autores comunes. Cada hecho deberá ser esclarecido a partir de sus propias evidencias.
La muerte de Miguel Castellanos vuelve a poner en discusión las garantías para ejercer la política en territorios afectados por la violencia y la capacidad de las instituciones para prevenir ataques y esclarecer los homicidios. La investigación deberá determinar quiénes ejecutaron el crimen, si hubo autores intelectuales y qué circunstancias lo motivaron. Mientras tanto, las autoridades mantienen el llamado a aportar información que permita avanzar en las capturas. A menos de un año de las elecciones locales de 2027, el caso deja una preocupación adicional sobre la seguridad de quienes buscan competir por cargos públicos. El esclarecimiento del asesinato será clave tanto para la familia de la víctima como para una comunidad que reclama respuestas y garantías para la participación democrática.
Fuente: Página 12
