La industria exportadora comenzó a diferenciar los precios de compra del ganado según pueda acreditar que cumple con la nueva normativa ambiental de la Unión Europea. La regulación comenzará a aplicarse a fines de diciembre de 2026 y exige demostrar que la carne no proviene de tierras deforestadas después de 2020. Los productores que no reúnan la documentación podrían perder acceso a uno de los mercados de mayor valor para la carne argentina.
La industria frigorífica argentina comenzó a establecer diferencias de precios para la hacienda que no pueda acreditar el cumplimiento de la nueva reglamentación europea contra la deforestación. La medida anticipa un cambio en las condiciones de comercialización del ganado destinado a la exportación y genera preocupación entre los productores que todavía no completaron los procedimientos de trazabilidad exigidos por los compradores internacionales. Según relevó LA NACIÓN, algunos frigoríficos ya evalúan pagar entre $300 y $600 menos por kilo a los animales que no puedan ingresar al circuito europeo, mientras que representantes del sector estiman que la pérdida de valor podría alcanzar el 10% para el novillo que quede excluido de ese mercado.
El cambio responde al Reglamento 2023/1115 de la Unión Europea, conocido como EUDR, que comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2026 para los operadores grandes y medianos. La norma exige demostrar que los productos alcanzados, entre ellos la carne vacuna, no proceden de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020 y que cumplen con la legislación vigente en el país de origen. Para los exportadores argentinos, esto implica reunir información sobre los establecimientos donde se criaron los animales y reconstruir los movimientos de la hacienda a lo largo de la cadena productiva. La documentación será necesaria para que los importadores europeos puedan acreditar el cumplimiento de las exigencias ambientales.
Los plazos logísticos explican por qué las empresas comenzaron a modificar sus compras antes de la entrada en vigor de la normativa. Entre la adquisición de los animales, la faena, la preparación de los cortes, el despacho portuario y el transporte marítimo pueden transcurrir varias semanas. Por ese motivo, la hacienda comprada durante noviembre podría formar parte de embarques que ingresen a Europa en enero de 2027. Los frigoríficos buscan anticiparse para evitar que las cargas sean rechazadas por falta de documentación y sostener la continuidad de sus operaciones comerciales con clientes europeos.
Las diferencias económicas que manejan las empresas muestran el impacto potencial sobre los productores. Uno de los frigoríficos consultados tomó como referencia un valor de $8.100 por kilo para el novillo Hilton o destinado a Europa, frente a $7.500 para el ganado orientado al consumo interno. Otra compañía estimó inicialmente una diferencia de alrededor de $300 por kilo entre la hacienda que cumpla con los requisitos ambientales y la que deba destinarse a otros mercados. Son referencias comerciales aportadas por empresas particulares y no una tarifa uniforme para todo el sector. Sin embargo, anticipan que la documentación necesaria para exportar podría convertirse en un factor decisivo para determinar el precio de compra.
Uno de los instrumentos utilizados por la cadena ganadera argentina es Visec Carne, una plataforma privada de trazabilidad socioambiental que permite reunir información sobre los establecimientos, la identificación de los animales y sus movimientos. Su función es facilitar la documentación que necesitan los importadores para cumplir con sus obligaciones de debida diligencia. Desde la industria aclararon que el reglamento europeo no obliga a utilizar específicamente esa herramienta: lo obligatorio es demostrar el cumplimiento de la norma. Entre las alternativas mencionadas figura Santa Fe Produce Sustentable, una plataforma pública y gratuita del gobierno provincial que permite acreditar que los establecimientos cumplen con los requisitos relativos a la deforestación.
La discusión también abrió diferencias sobre el funcionamiento de los mecanismos de trazabilidad y su relación con el precio de la hacienda. Desde los frigoríficos sostienen que los animales sin documentación suficiente no pueden destinarse al mercado europeo, por lo que deben comercializarse en otros circuitos, donde los valores pueden ser inferiores. La industria considera que preservar ese destino es estratégico por el valor de los cortes y la relación comercial construida durante décadas. En particular, la cuota Hilton representa una vía de acceso para cortes vacunos de alto valor, aunque la nueva exigencia ambiental no se limita a esa cuota: afecta el ingreso al mercado europeo y requiere acreditar el origen de la mercadería.
El sector ganadero, por su parte, enfrenta el desafío de completar los registros y garantizar la trazabilidad de los animales antes de que los nuevos requisitos entren plenamente en vigencia. La adaptación involucra no solo a los establecimientos que venden directamente a los frigoríficos, sino también a los proveedores de animales para engorde y a los distintos campos por los que pasó cada ejemplar. La información debe permitir reconstruir el recorrido de la hacienda y vincularlo con los establecimientos de origen. En octubre, representantes de la industria y de los feedlots ya señalaban que las compras y las faenas previstas para noviembre debían contemplar la documentación que solicitarán los importadores europeos.
El nuevo escenario plantea un desafío para la competitividad de la carne argentina: cumplir con las exigencias ambientales internacionales sin trasladar de manera desproporcionada los costos de adaptación a los productores. La norma establece condiciones de acceso al mercado europeo, mientras que las diferencias de precio dependen de las decisiones comerciales de cada frigorífico y del destino alternativo disponible para la hacienda. Para los productores, contar con información clara sobre los requisitos, los costos y los criterios de compra será central para evitar sorpresas en la liquidación. En los próximos meses, la incorporación de establecimientos a los sistemas de trazabilidad y la respuesta de los compradores determinarán cómo se distribuye el impacto económico de esta nueva regulación sobre la cadena de la carne.
Fuente: La Nación
