El juez federal Lino Mirabelli procesó al exdiputado de La Libertad Avanza por una transferencia de US$200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. La resolución también dispuso la prohibición de salir del país. Espert apeló la decisión y pidió su sobreseimiento.
La Justicia Federal de San Isidro procesó al exdiputado nacional José Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos, en la que se investiga el origen de una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020. La resolución fue firmada por el juez federal Lino Mirabelli, quien además ordenó un embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes del dirigente y le prohibió salir del país. La medida representa un avance en una investigación que busca determinar si el dinero recibido tuvo origen ilícito y si fue incorporado al circuito económico mediante operaciones destinadas a darle apariencia legal.
El expediente tiene como eje el vínculo financiero entre Espert y Federico “Fred” Machado, empresario argentino condenado en Estados Unidos por delitos vinculados al lavado de dinero y el fraude, y cuya actividad también fue investigada en relación con el narcotráfico. Según la hipótesis de la fiscalía, los fondos llegaron a una cuenta bancaria de Espert en el exterior a través de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a la estructura empresarial de Machado. La investigación procura establecer las circunstancias de esa operación y determinar si el pago respondía a una actividad comercial legítima.
Para justificar el ingreso del dinero, Espert sostuvo que había firmado un contrato de asesoramiento con Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y vinculada a Machado. El acuerdo contemplaba servicios de consultoría financiera y planificación empresarial. Sin embargo, la acusación considera que ese contrato habría sido una simulación para encubrir el origen de los fondos. Entre los elementos analizados se encuentran los registros migratorios y la documentación relacionada con los servicios que supuestamente debía prestar el exlegislador. Estas conclusiones forman parte de la hipótesis judicial y deberán ser examinadas en las distintas etapas del proceso.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el recorrido posterior del dinero. Según la reconstrucción presentada por la fiscalía, una parte de los fondos fue transferida desde una cuenta en el exterior hacia una cuenta bancaria en Argentina. La acusación también analiza operaciones patrimoniales posteriores, entre ellas la adquisición de vehículos de alta gama y movimientos vinculados a inversiones inmobiliarias. Para los investigadores, esas operaciones podrían haber servido para incorporar los recursos al sistema económico formal. La defensa, por su parte, sostiene que las transacciones fueron realizadas mediante canales bancarios y que el dinero tenía una justificación contractual.
La resolución judicial también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos. El magistrado dispuso para él un embargo de 700 millones de pesos. Además, la sociedad Varianza S.A., vinculada a Espert y su esposa, quedó alcanzada por un embargo de 500 millones de pesos. La Justicia investiga el papel que habrían tenido la firma y las certificaciones contables en la justificación de los ingresos y en las operaciones patrimoniales analizadas.
El procesamiento se produjo después de que la Cámara Federal de San Martín rechazara planteos de la defensa destinados a cuestionar medidas de prueba y pedir el apartamiento del fiscal de la causa. Esas decisiones permitieron que la investigación continuara y que el juez resolviera sobre la situación procesal de Espert. El caso había adquirido relevancia pública durante 2025, cuando se conocieron detalles de la transferencia vinculada a Machado y el dirigente terminó renunciando a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Tras el procesamiento, Espert presentó una apelación ante la Justicia, en la que calificó la resolución de contradictoria, sesgada y carente de pruebas suficientes. Solicitó a la Cámara Federal de San Martín que revoque la decisión, dicte su sobreseimiento y deje sin efecto tanto el embargo como la prohibición de salir del país. Entre sus argumentos, sostuvo que la transferencia correspondía a un contrato de consultoría y cuestionó que se avanzara con el procesamiento mientras todavía estaban pendientes medidas vinculadas con información solicitada a Estados Unidos. Esos planteos deberán ser evaluados por el tribunal de alzada.
La causa continúa en trámite y el procesamiento no equivale a una condena definitiva. La Justicia deberá determinar si las pruebas reunidas permiten sostener la acusación y establecer las eventuales responsabilidades penales. Mientras tanto, las medidas patrimoniales y la restricción de salida del país permanecen sujetas a lo que resuelvan las instancias judiciales correspondientes. El expediente también mantiene bajo análisis la intervención del contador y de la sociedad alcanzada por los embargos, en una investigación que examina tanto el origen de los fondos como las operaciones utilizadas para justificar su circulación.
Fuente: Infonews
