La actriz se sumó a la movilización frente al Congreso mientras Diputados debatía la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Cuestionó las demoras y los cambios de último momento, relató las dificultades que enfrenta como madre de un joven dentro del espectro autista y advirtió sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo no cumpla la normativa o intente vetarla.
La actriz Valentina Bassi expresó su hartazgo frente al tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y cuestionó al Gobierno nacional por las demoras y las negociaciones que rodearon el debate parlamentario. Sus declaraciones se produjeron durante una movilización frente al Congreso de la Nación, mientras la Cámara de Diputados discutía la prórroga de la normativa. La protesta reunió a personas con discapacidad, familiares, trabajadores y organizaciones del sector, que reclamaron respuestas concretas para sostener las prestaciones y garantizar derechos. “Estamos hartos, hay mucho manoseo, mucha corrida de último momento”, afirmó la actriz, al describir el clima de incertidumbre que atraviesan quienes dependen de estas políticas.
Bassi, madre de Lisandro Rosell, un joven dentro del espectro autista, vinculó el debate legislativo con las dificultades que enfrentan cotidianamente las familias. En sus declaraciones, remarcó que las necesidades de las personas con discapacidad no pueden quedar supeditadas a negociaciones políticas que se prolongan sin certezas. “Tengo que atender los desafíos que tiene mi hijo, que son un montón”, señaló. Su intervención puso el foco en una realidad que excede el recinto parlamentario: la necesidad de contar con tratamientos, apoyos, acompañamiento y prestaciones estables para organizar la vida cotidiana.
La actriz también cuestionó que la iniciativa en discusión sea presentada como una respuesta definitiva a los problemas del sector. “Esta no es una ley superadora”, sostuvo, y planteó que las familias y las organizaciones deben mantener reuniones con los legisladores para defender sus demandas. “Tenemos que juntarnos con los diputados, con los aliados y con quienes nos reciben”, agregó. Con esas palabras, reclamó una participación más directa de las personas afectadas y de sus entornos en las decisiones que determinan las condiciones de acceso a derechos y servicios esenciales.
Uno de los puntos más contundentes de su intervención estuvo relacionado con la posibilidad de un veto presidencial. Bassi manifestó desconfianza frente a la actitud que podría adoptar el Poder Ejecutivo si el Congreso avanzara con modificaciones reclamadas por las organizaciones. “Siempre está la posibilidad del veto porque es un presidente vetador”, afirmó. Luego planteó una pregunta dirigida a los legisladores oficialistas: si el dictamen incorporaba los puntos exigidos por el colectivo, ¿el Gobierno terminaría rechazando una iniciativa impulsada desde sus propias filas? Su planteo reflejó la tensión política alrededor de una norma que involucra a miles de personas y a las instituciones que brindan atención.
La discusión se desarrolla en torno a la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La prórroga busca extender ese marco de protección y sostener medidas vinculadas con el financiamiento, las pensiones y las prestaciones. El debate también está atravesado por las dificultades denunciadas por familias y prestadores para mantener tratamientos, terapias, centros de día, transporte y otros servicios. Para quienes reclaman frente al Congreso, la aprobación de una ley no alcanza si no está acompañada por recursos suficientes, pagos regulares y mecanismos efectivos que garanticen su cumplimiento.
Bassi cuestionó precisamente la distancia entre la existencia de una norma y su aplicación concreta. “También puede no cumplirla, como hizo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que no la cumple”, expresó al cerrar sus declaraciones. La afirmación corresponde a su evaluación sobre la actuación del Gobierno y sintetiza el reclamo de quienes exigen que las obligaciones legales se traduzcan en respuestas efectivas. La discusión no se limita, por lo tanto, a la continuidad formal de la emergencia, sino que incluye el modo en que se ejecutan las políticas públicas y se garantiza el acceso a las prestaciones.
La movilización volvió a visibilizar el papel de las familias, que con frecuencia deben gestionar turnos, coordinar terapias, resolver trámites y afrontar incertidumbres económicas mientras acompañan las necesidades de sus seres queridos. En ese contexto, la participación de Bassi dio mayor exposición pública a una demanda sostenida por organizaciones de discapacidad y trabajadores del sector. Sus declaraciones pusieron en primer plano la necesidad de que el debate legislativo contemple la experiencia cotidiana de quienes dependen de estos servicios y evite que los cambios de último momento profundicen la preocupación de las personas involucradas.
El reclamo frente al Congreso dejó planteada una exigencia central: que las decisiones sobre discapacidad no se agoten en acuerdos parlamentarios, sino que garanticen continuidad, previsibilidad y cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos. Mientras avanzaba el tratamiento de la prórroga, familiares y organizaciones reclamaron ser escuchados y participar en la construcción de respuestas duraderas. La intervención de Valentina Bassi condensó ese malestar en una frase que atravesó la jornada: “Estamos hartos”. Detrás de esa expresión, las familias reclamaron que la política deje de ser una fuente de incertidumbre y se convierta en una herramienta concreta para sostener la autonomía, la atención y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Fuente: Infonews
