El Consejo Interuniversitario Nacional respondió con dureza a las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien calificó como un “acuerdo de casta” el reclamo de los rectores por el financiamiento universitario. Las autoridades académicas exigieron que el Ejecutivo cumpla la legislación vigente y reclamaron participar del debate del Presupuesto 2027 antes de que avance el dictamen en Diputados.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo luego de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) difundiera un pronunciamiento en respuesta a las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell. El funcionario había cuestionado la posición común de las autoridades universitarias en defensa del financiamiento del sistema público y la había caracterizado como un “acuerdo de casta”. Frente a esas expresiones, los rectores rechazaron la descalificación y sostuvieron que el debate debe centrarse en las obligaciones del Estado, los recursos disponibles y el cumplimiento de la ley. El documento fue difundido en medio de la discusión parlamentaria por el Presupuesto 2027 y de una disputa que continúa abierta entre el Ejecutivo y las casas de altos estudios.
En su respuesta, el CIN afirmó que la coincidencia entre universidades de distintas provincias, trayectorias y orientaciones políticas representa un consenso en torno a la defensa de la educación superior y de las capacidades científicas, profesionales y culturales del país. Para las autoridades académicas, presentar ese entendimiento como una maniobra corporativa busca deslegitimar a quienes reclaman recursos para sostener las actividades universitarias. El organismo señaló que las instituciones tienen diferencias y particularidades, pero comparten responsabilidades vinculadas con la enseñanza, la investigación y la extensión, y consideró que esas tareas requieren una discusión pública basada en argumentos y datos.
El núcleo de la controversia es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada luego de que el Poder Ejecutivo intentara vetarla. Las universidades sostienen que el Gobierno debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa, mientras el conflicto también se desarrolla en el ámbito judicial. En su comunicado, el CIN remarcó que el Ejecutivo puede expresar desacuerdos, presentar alternativas y recurrir a los mecanismos constitucionales, pero advirtió que esas diferencias no lo eximen de cumplir las obligaciones legales exigibles. La entidad resumió su posición con una frase contundente: “No se trata de un conflicto del CIN con el Gobierno, es un conflicto del Gobierno con la ley y el Estado de derecho”.
La discusión se proyecta además sobre el Presupuesto Nacional 2027, donde existe una diferencia importante entre los fondos previstos por el Gobierno y los recursos que las universidades consideran necesarios para sostener el funcionamiento del sistema. Según la información publicada por Radio Mitre, el proyecto oficial contempla alrededor de 7,7 billones de pesos, mientras que las autoridades universitarias reclaman aproximadamente 11 billones. La distancia entre ambas cifras constituye uno de los principales puntos de disputa y alimenta la preocupación por la capacidad de las instituciones para afrontar gastos de funcionamiento, salarios, becas y actividades académicas durante el próximo año. Para el CIN, el presupuesto debe contemplar las obligaciones vigentes y no puede analizarse al margen de la situación financiera que atraviesan las universidades.
Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a las declaraciones de Torrendell sobre el desempeño del sistema universitario y los tiempos de graduación. Las autoridades rechazaron que las demoras en completar determinadas carreras puedan utilizarse para deslegitimar el trabajo de las instituciones o simplificar el diagnóstico sobre sus resultados. Sostuvieron que las trayectorias académicas deben evaluarse considerando las condiciones en las que estudian los alumnos, el acceso a becas, la situación económica y las posibilidades concretas de sostener una carrera. El pronunciamiento defendió la necesidad de discutir mejoras y evaluaciones, pero señaló que esos debates no deben convertirse en argumentos para desatender el financiamiento necesario para garantizar el derecho a la educación superior.
La preocupación también alcanza a los salarios docentes y no docentes, el sostenimiento de las becas y la infraestructura universitaria. Desde las casas de altos estudios advierten que la pérdida de poder adquisitivo y la insuficiencia de recursos condicionan el funcionamiento cotidiano, afectan a los equipos de trabajo y pueden repercutir en las oportunidades de permanencia y graduación de los estudiantes. La Universidad Nacional de Córdoba ya había advertido sobre el deterioro presupuestario y la distancia entre las partidas previstas para 2027 y las necesidades calculadas por el sistema universitario. En ese contexto, las autoridades sostienen que el debate no se limita a una disputa administrativa, sino que involucra las condiciones materiales para enseñar, aprender, investigar y producir conocimiento.
En el tramo final de su documento, el CIN se dirigió directamente al secretario de Educación y cuestionó la falta de respuestas institucionales a los reclamos presentados por las universidades. El organismo pidió que el funcionario responda con información, dialogue con respeto y asuma las responsabilidades de su cargo. También solicitó formalmente a las autoridades de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que habiliten la participación de los representantes universitarios en la próxima reunión, antes de que se emita dictamen. El pedido busca garantizar el derecho a réplica luego de que las instituciones fueran aludidas durante la exposición oficial y permitir que puedan presentar sus argumentos ante los legisladores.
El pronunciamiento se conoció pocos días después de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el 15 de octubre, cuando estudiantes, docentes, no docentes y autoridades académicas volvieron a movilizarse en distintos puntos del país para exigir la aplicación plena de la ley de financiamiento y una revisión de las partidas previstas para el próximo ejercicio. Con el Presupuesto 2027 en discusión y sin una solución definitiva a la controversia, las universidades buscan trasladar el reclamo al Congreso y sostener la vía judicial. La disputa anticipa un debate central sobre las prioridades presupuestarias, el papel del Estado en la educación superior y las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de las funciones universitarias en la Argentina.
Fuente: La Nueva Mañana
