La Cámara de Diputados dio media sanción a una iniciativa que garantiza la continuidad de las pensiones no contributivas, contempla la compatibilidad con el empleo formal y establece recursos para sostener las prestaciones. El texto surgió de negociaciones entre el oficialismo, bloques aliados y la oposición, que consiguieron modificar puntos centrales de la propuesta original del Gobierno. Ahora deberá ser tratado por el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que introduce cambios en la política de discapacidad y establece garantías para las personas que reciben pensiones no contributivas y utilizan prestaciones de salud. La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, en una votación que reunió apoyos de distintos sectores políticos. El resultado fue producto de negociaciones que se extendieron hasta las horas previas al debate y que llevaron al oficialismo a aceptar modificaciones reclamadas por la oposición y por sectores vinculados con la discapacidad. Con la media sanción, el proyecto fue girado al Senado, donde deberá continuar su recorrido legislativo.
Uno de los principales puntos del texto es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad. La iniciativa mantiene el beneficio equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y conserva su actualización vinculada a ese haber. También establece que las personas podrán acceder a la pensión a través del Certificado Único de Discapacidad (CUD), bajo los criterios fijados en la normativa. De esta manera, el proyecto mantiene componentes centrales del sistema vigente y se distancia de la propuesta original del Ejecutivo, que buscaba endurecer las condiciones de acceso a las prestaciones y modificar el esquema de protección social.
Otro cambio relevante es la compatibilidad entre la pensión y el empleo registrado. El texto aprobado permite que las personas beneficiarias trabajen formalmente y mantengan la prestación, siempre que sus ingresos individuales netos no alcancen o superen el límite de dos salarios mínimos, vitales y móviles. La modificación busca evitar que la incorporación al mercado laboral implique automáticamente la pérdida del ingreso previsional. El debate sobre este punto estuvo atravesado por los reclamos de organizaciones y familias, que advierten sobre las dificultades económicas que enfrentan las personas con discapacidad y la importancia de promover su autonomía sin desprotegerlas.
La cobertura sanitaria constituye otro de los ejes de la iniciativa. El proyecto garantiza la continuidad de un programa médico de atención para quienes perciben pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad, con prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. La norma busca dar previsibilidad al acceso a la atención y evitar que las personas queden sin cobertura por cambios administrativos o presupuestarios. El sostenimiento de estas prestaciones es especialmente relevante para quienes necesitan tratamientos, terapias, apoyos y acompañamiento, así como para sus familias, que dependen de la continuidad de los servicios para organizar su vida cotidiana.
El financiamiento fue uno de los aspectos centrales de la negociación parlamentaria. La versión aprobada incorpora partidas específicas para sostener el sistema y contempla compensaciones del Tesoro cuando los recursos asignados resulten insuficientes. Según la información difundida durante el debate, la Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado un costo fiscal cercano a los 599.000 millones de pesos para 2027. La incorporación de garantías presupuestarias respondió a los cuestionamientos de legisladores que advertían que los derechos reconocidos en la ley podían quedar sin aplicación efectiva si no se establecían recursos concretos para financiarlos. La discusión sobre cómo se ejecutarán esas partidas será uno de los puntos a seguir durante la implementación de la norma, si finalmente se convierte en ley.
La iniciativa también fija plazos para regularizar las deudas que el Estado mantiene con prestadores de servicios vinculados con la discapacidad. El Gobierno deberá informar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma y completar los pagos pendientes en un plazo de hasta 90 días corridos. El atraso en las compensaciones había generado reclamos de instituciones, profesionales y organizaciones del sector, que alertaron sobre las dificultades para sostener tratamientos, traslados y servicios de acompañamiento. La incorporación de fechas concretas intenta ofrecer una respuesta a esa situación, aunque su cumplimiento dependerá de la aplicación efectiva de los compromisos financieros.
En materia de controles, el proyecto establece criterios más precisos para acceder a las pensiones y prevé auditorías periódicas mediante el cruce de información entre organismos públicos, entre ellos la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Al mismo tiempo, incorpora garantías para las personas alcanzadas por eventuales suspensiones: contempla mecanismos de notificación, derecho a defensa y la posibilidad de una rehabilitación provisoria cuando corresponda. El objetivo declarado de estas disposiciones es ordenar los procedimientos y reducir la discrecionalidad, aunque su aplicación deberá equilibrar las tareas de control con la protección de los derechos de los beneficiarios.
Otro aspecto que quedó incorporado es la protección del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad, junto con beneficios impositivos para empleadores que las contraten por tiempo indeterminado. El proyecto busca sostener herramientas que favorezcan la inclusión laboral y el acceso al trabajo formal, además de la asistencia económica. Sin embargo, la discusión política no quedó cerrada con la votación en Diputados. La iniciativa elimina la denominación de emergencia y establece un marco legal con continuidad de prestaciones, mientras persisten interrogantes sobre su financiamiento efectivo y la disposición del Poder Ejecutivo a implementar todos los compromisos acordados. El Senado deberá analizar ahora el texto y definir los próximos pasos de una discusión que impacta directamente en las condiciones de vida de las personas con discapacidad, sus familias y las instituciones que las acompañan.
Fuente: Ámbito Financiero
