El Gobierno solicitó 30 días adicionales para responder al recurso presentado por los fondos que buscan revertir la decisión judicial que anuló la condena de US$16.100 millones contra el país. La fecha solicitada para presentar el escrito es el 2 de diciembre. La disputa sigue abierta y el máximo tribunal estadounidense deberá decidir si acepta revisar el caso.
Argentina solicitó una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para presentar su respuesta al recurso de los fondos demandantes en el juicio por la nacionalización de YPF. El pedido busca extender hasta el 2 de diciembre de 2026 el plazo para que el Estado argentino exponga sus argumentos contra la revisión solicitada por los litigantes. La presentación representa un movimiento procesal dentro de una causa de alto impacto económico y político, pero no modifica por sí misma la situación judicial favorable que obtuvo el país ante la Cámara de Apelaciones.
El pedido se conoció después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejara formalmente sin efecto la sentencia que había condenado a la Argentina a pagar US$16.100 millones. Esa decisión se produjo tras el fallo de marzo de 2026 de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que revocó la condena de primera instancia. El monto original, con los intereses acumulados, había llegado a superar los US$18.000 millones, según las estimaciones difundidas durante el litigio. La anulación de la sentencia constituyó un avance importante para la defensa argentina, aunque todavía no significa que el conflicto haya concluido definitivamente.
Los fondos Petersen Energía y Eton Park, antiguos accionistas minoritarios de YPF, recurrieron a la Corte Suprema estadounidense para intentar revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones. Su planteo busca restablecer la condena dictada en septiembre de 2023 por Preska, que consideró que la Argentina había incumplido obligaciones relacionadas con la oferta pública de adquisición de acciones cuando el Estado tomó el control de la petrolera en 2012. Los demandantes sostienen que la decisión de la Cámara de Apelaciones presenta errores jurídicos que justifican la intervención del máximo tribunal. La presentación del recurso, sin embargo, no obliga a la Corte a aceptar el caso.
La prórroga solicitada por el Gobierno tiene un alcance estrictamente procesal: permite disponer de más tiempo para preparar la respuesta a los argumentos de los demandantes. No constituye una admisión de responsabilidad, no revierte el fallo favorable y tampoco implica que la Corte Suprema haya decidido intervenir. La fecha del 2 de diciembre corresponde al plazo que Argentina pidió que se establezca; debe distinguirse de una extensión ya concedida formalmente. El expediente público de la Corte permite seguir las presentaciones y las decisiones vinculadas con el cronograma del caso.
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner impulsó la nacionalización del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol. Petersen Energía y Eton Park alegaron que el Estado no cumplió las disposiciones del estatuto de la compañía sobre la obligación de realizar una oferta al resto de los accionistas cuando se produjo el cambio de control. La controversia terminó en los tribunales estadounidenses y dio lugar a más de una década de litigios sobre la interpretación de las normas societarias, la jurisdicción y las responsabilidades derivadas de la operación.
En septiembre de 2023, la jueza Preska había dictado una sentencia contra la Argentina por US$16.100 millones. El país apeló esa decisión y, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena al considerar que las reclamaciones debían tramitarse en los tribunales argentinos. Ese fallo modificó el escenario del litigio y permitió que la defensa nacional avanzara hacia la anulación formal de la sentencia original. Los fondos demandantes, no obstante, utilizaron la vía extraordinaria disponible para pedir a la Corte Suprema que revise la decisión.
La intervención del máximo tribunal estadounidense constituye una instancia excepcional. La Corte recibe miles de solicitudes de revisión durante cada período judicial y selecciona solo una pequeña proporción de los casos para su tratamiento. Por eso, la presentación de los fondos no garantiza una audiencia ni una nueva sentencia sobre el fondo de la disputa. Primero deberá resolverse si el tribunal acepta analizar el recurso. Si lo rechaza, se mantendrá el resultado favorable a la Argentina obtenido ante la Cámara de Apelaciones; si lo acepta, se abrirá una nueva etapa judicial cuyo desenlace dependerá de los argumentos y fundamentos que examine el tribunal.
En paralelo, el conflicto tiene otra dimensión a través de las actuaciones vinculadas con Burford Capital, el fondo que financia el litigio y adquirió los derechos para impulsar las reclamaciones de Petersen. La existencia de vías judiciales y arbitrales relacionadas obliga al Estado argentino a mantener una estrategia legal coordinada y a seguir de cerca los distintos procedimientos. Por ahora, la solicitud de prórroga no altera el resultado de la apelación ni determina qué ocurrirá en la Corte Suprema. El punto decisivo será si el máximo tribunal estadounidense acepta revisar el caso y, en ese supuesto, qué resolución adopta sobre la condena millonaria que había sido dictada contra el país.
Fuentes: Ámbito Financiero
