Un acuerdo parlamentario entre el oficialismo y sectores del peronismo permitió avanzar con modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Según informó La Política Online, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aceptó los cambios reclamados por el diputado misionero Hugo Passalacqua Herrera Ahuad y la legisladora peronista Victoria Tolosa Paz?
El oficialismo cedió ante los reclamos de la oposición
La negociación se extendió durante toda la jornada parlamentaria y obligó al bloque libertario a modificar aspectos centrales del proyecto que había impulsado originalmente. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, del bloque Argentina Federal, asumió un papel central como interlocutor entre el oficialismo y las organizaciones vinculadas con la discapacidad. Sus planteos fueron incorporados a la redacción final, mientras que las diputadas libertarias Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo participaron de las conversaciones con representantes de Unión por la Patria. Cuando se anunciaron los cambios en el recinto, el diputado Gerardo Huesen confirmó que La Libertad Avanza aceptaba las modificaciones propuestas. El acuerdo permitió destrabar una discusión que llevaba semanas de tensión política y social.
Una votación de 237 votos a favor y nueve en contra
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, una mayoría superior a los dos tercios de los presentes. El respaldo incluyó a La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria y distintos bloques provinciales. Los votos negativos correspondieron principalmente a legisladores cordobeses que cuestionaron la falta de participación de organizaciones locales en la elaboración del texto, además de otros representantes que rechazaron la propuesta por distintos motivos. Las cuatro abstenciones fueron de integrantes del Frente de Izquierda. El resultado mostró un amplio consenso parlamentario sobre la necesidad de establecer un marco permanente para el sistema de discapacidad, aunque persistieron diferencias sobre los mecanismos de implementación y las garantías de cumplimiento
Pensiones por discapacidad y compatibilidad con el empleo
Entre los puntos centrales del texto acordado se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, cuyo monto se mantiene en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. La propuesta también conserva la posibilidad de compatibilizar la pensión con un empleo registrado o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos individuales no superen el límite establecido de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para acceder al beneficio, se contemplan requisitos vinculados con el Certificado Único de Discapacidad y una evaluación socioeconómica cuyos criterios deberán reglamentarse. Estas disposiciones buscan establecer condiciones de acceso y permanencia en el sistema, al tiempo que evitan que la incorporación al empleo formal implique automáticamente la pérdida de la prestación.
Actualización de aranceles y reconocimiento de la deuda con prestadores
Otro de los cambios relevantes es la continuidad del mecanismo de actualización de los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad, vinculado al Índice de Precios al Consumidor. La norma también incorpora un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a prestadores por las diferencias entre los aranceles y la inflación correspondientes al período establecido en la legislación. Según la cobertura de El Cronista, el texto dispone que el Poder Ejecutivo publique el cronograma de pagos dentro de los 30 días y establece un plazo de 90 días para cancelar las deudas de quienes hayan completado los trámites requeridos. El punto resulta especialmente importante para centros terapéuticos, transportistas, instituciones residenciales y profesionales que denunciaron dificultades para sostener sus servicios ante el atraso de los ingresos.
Fondos garantizados y obligaciones para el Presupuesto 2027
La negociación también incorporó disposiciones destinadas a garantizar el financiamiento del sistema. El texto asigna recursos a programas del Ministerio de Salud y prevé que, si los créditos presupuestarios resultan insuficientes, puedan realizarse compensaciones con partidas de la jurisdicción correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro. Además, establece que los presupuestos futuros deberán prever créditos suficientes para sostener las prestaciones y contempla mecanismos de adecuación presupuestaria para garantizar su continuidad. Estas cláusulas buscan responder a una de las principales preocupaciones de la oposición: que el reconocimiento legal de los derechos no quede condicionado a la disponibilidad de fondos sin garantías concretas. Sin embargo, su efectividad dependerá de la reglamentación, de las asignaciones presupuestarias y de que las autoridades ejecuten las partidas conforme a las obligaciones aprobadas.
El Gobierno dejó de lado parte de los recortes previstos
El acuerdo se produjo en medio de la controversia por el proyecto de Presupuesto 2027, que incluía disposiciones cuestionadas por organizaciones del sector y legisladores opositores. Entre los puntos objetados figuraba la eliminación de mecanismos de actualización de aranceles y otras garantías vinculadas con el régimen vigente. Las modificaciones incorporadas al proyecto de discapacidad representan un cambio respecto de esa orientación inicial y fueron determinantes para conseguir el acompañamiento del peronismo y otros bloques. De todos modos, durante el debate también surgieron advertencias sobre la necesidad de que las disposiciones aprobadas sean compatibles con el presupuesto y se traduzcan en pagos efectivos. El Gobierno consiguió aprobar su iniciativa como base de la nueva normativa, mientras que la oposición sostuvo que las modificaciones incorporadas respondieron a sus reclamos y a las demandas de las organizaciones.
Las organizaciones reclamaban garantías concretas
La discusión legislativa estuvo atravesada por la preocupación de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios. Durante los últimos meses, distintas entidades denunciaron demoras en los pagos, dificultades para afrontar los costos de funcionamiento y pérdida del poder adquisitivo de los aranceles. El reclamo no se limitaba a la continuidad formal de las pensiones: también abarcaba la atención médica, el transporte, la rehabilitación, los apoyos educativos y las condiciones de trabajo de quienes brindan asistencia. Las organizaciones reclamaban que cualquier modificación legal garantizara recursos suficientes y evitara retrocesos en derechos reconocidos. La intervención de Herrera Ahuad y las conversaciones con Unión por la Patria permitieron incorporar parte de esas demandas al texto aprobado, aunque el cumplimiento de las nuevas obligaciones deberá ser observado a medida que avance el proceso legislativo y se implementen las medidas presupuestarias.
La ley pasa al Senado y el cumplimiento será la próxima prueba
Con la aprobación de Diputados, el proyecto denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad fue girado al Senado, donde deberá continuar su tratamiento antes de convertirse en ley. El resultado parlamentario representa un acuerdo amplio, pero no cierra la discusión sobre el financiamiento ni sobre la capacidad del Estado para garantizar la continuidad de las prestaciones. Entre los aspectos que deberán seguirse se encuentran la reglamentación de los requisitos para las pensiones, la actualización de los aranceles, la cancelación de las deudas con prestadores y la inclusión de partidas suficientes en los presupuestos. También será importante verificar que los mecanismos de auditoría respeten los procedimientos previstos y las garantías de las personas beneficiarias. La votación dejó un mensaje político claro sobre la necesidad de negociar, pero el impacto real del acuerdo dependerá de que las disposiciones se cumplan y se traduzcan en respuestas concretas para el colectivo de discapacidad.
Fuente: La Política Online
