París tiembla bajo el fuego de la indignación popular. Las masivas revueltas sociales en Francia, que alcanzaron su clímax este sábado 17 de octubre, han dejado al descubierto el agotamiento definitivo del modelo de centralidad tecnocrática de Emmanuel Macron. Lo que comenzó como un reclamo de los jóvenes en los colegios secundarios contra el vaciamiento de la educación pública, se transformó en un estallido nacional generalizado, impulsado por el asfixiante costo de vida y apuntalado por el regreso de los históricos chalecos amarillos.
París, Lyon, Marsella, Limoges. Las postales de la jornada evocan, inevitablemente, los fantasmas del Mayo del 68 o las revoluciones liberales de 1830 y 1848. O, incluso, la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII, que forjó la identidad misma de Francia. Por eso, es tan absurda la hipocresía se ciertos periodistas denunciando a los manifestantes como «delincuentes» o «terroristas urbanos», o como Donald Trump que apunta a los inmigrantes. No señor, este tipo de estallidos están en la esencia misma del pueblo francés. Pero claro, una cosa es estudiarlos en los libros de historia, otra muy distinta, es verlos en vivo y en directo, en los lugares más emblemáticos, muchos de ellos copados casi 24/7 por los turistas. La Torre Eiffel, la Place de la Concorde, los Campos Elíseos o cualquier otro lugar de París, cambiaron radicalmente. De una imagen bucólica en los celulares, de las parejas románticas o las «poses cómicas» de los turistas, se pasó a las llamas, los palos y los enfrentamientos con la policía.
El saldo de las últimas horas es abrumador: más de medio millón de personas movilizadas en todo el territorio nacional, comisarías sitiadas, alcaldías atacadas y el emblemático Ayuntamiento de Limoges devorado por las llamas. La respuesta estatal del primer ministro Sébastien Lecornu no varió el libreto clásico del neoliberalismo tardío: una brutal represión con gases lacrimógenos y camiones hidrantes que terminó con un récord de más de 1.200 detenidos y cientos de heridos.
Para comprender este estallido es imperativo sintonizar el termómetro de las barriadas populares y las aulas de las escuelas secundarias. Desde mediados de septiembre, la juventud estudiantil tomó la posta con demandas elementales que la soberbia gubernamental arrastró durante años: aulas superpobladas, falta de docentes, instalaciones derruidas y un sistema tecnológico de asignación de cupos universitarios, el denostado Parcoursup, que funciona como un embudo selectivo para las clases postergadas.
Sin embargo, a este malestar juvenil se le adosó una mecha mucho más transversal. El encarecimiento diario de la canasta básica ha convertido productos mundanos —como el tomate o los combustibles— en artículos de lujo para la clase trabajadora. El «culpómetro» oficialista, ese mecanismo que con maestría denunciaba Eduardo Galeano, intentó culpar a «la ultraizquierda profesional» y a teorías conspirativas de desestabilización. Pero la realidad es tozuda: el 119% del PIB de deuda pública acumulada y el vaciamiento sistemático de la salud y la educación no son el invento de un agitador, sino el resultado material de casi una década de macronismo puro.
El que decía que no era «ni de izquierda ni de derecha»
La mentada transversalidad que propuso Macron en sus inicios, buscaba supuestamente neutralizar los extremos ideológicos. En su momento lo utilizó para oponerse a la extrema derecha del Frente Nacional de Marine Le Pen. Pero también a la izquierda. El balance histórico de su fin de reinado demuestra exactamente lo contrario: dejó una sociedad profundamente fragmentada y un parlamento sumido en el caos absoluto. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, está, por un lado, La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon sintonizando con el descontento de las nuevas generaciones, y cosechando niveles inéditos de apoyo entre la juventud. Por el otro, la ultraderecha encarnada por Marine Le Pen se frota las manos, capitalizando el miedo al desorden y ofreciéndose como el gendarme del mañana frente a lo que califica como la capitulación institucional de la república.
Francia padece hoy una paradoja identitaria. Mientras los sectores dominantes criminalizan la protesta popular, las calles marginadas recuerdan que los derechos sociales nunca fueron un regalo de la burguesía, sino conquistas arrancadas a sangre y fuego. El desprecio gubernamental hacia sus propios servidores públicos —enfermeros, maestros, ferroviarios— ha quebrado el pacto social de la posguerra.
Como suele ocurrir en la historia de las grandes revoluciones de Occidente, cuando las instituciones se vacían de contenido y se convierten en meros administradores del ajuste financiero, la soberanía vuelve a las calles, no siempre de la manera más ordenada. Las llamas de este octubre francés no son más que el reflejo de un pueblo que se niega a naturalizar el ahogo de su dignidad.
En Argentina, todavía estamos en la etapa de discutir si salimos a la calle o no, justo en la semana en que se realizó la Quinta Marcha por la Educación Universitaria, contra un gobierno que no cumple la ley. Y quien no cumple con la ley, en la mayoría de los lugares civilizados, se llama delincuente.
Por Mariano Saravia para el Diario de Carlos Paz
