Un informe del CIICTI y la FEDUN expone el deterioro del sistema universitario argentino durante el gobierno de Javier Milei. Los salarios docentes y nodocentes necesitan una recomposición del 32% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, mientras el financiamiento universitario acumula una caída real del 21,9%. La crisis también alcanza al sistema científico y al conjunto del presupuesto educativo.
La universidad pública argentina vuelve a quedar en el centro de la discusión económica y política. El informe número 16 sobre la situación del sistema universitario, elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI) y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), correspondiente a septiembre de 2026, presenta cifras que dimensionan el retroceso salarial y presupuestario acumulado desde la asunción de Javier Milei. Según el documento, los salarios de docentes, nodocentes e investigadores universitarios registran una pérdida real del 24,3% desde noviembre de 2023. El estudio pone números a un conflicto que atraviesa las aulas, los laboratorios y las condiciones cotidianas de quienes sostienen la educación superior pública.
Uno de los datos más contundentes es la distancia entre los aumentos salariales y la evolución de los precios. Hasta septiembre de 2026, la inflación acumulada desde noviembre de 2023 alcanzó el 344,4%, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 236,6% en términos nominales. Esa diferencia explica el deterioro del poder adquisitivo que señala el informe. Aunque durante septiembre los ingresos registraron una mejora real del 1%, producto de un incremento nominal del 3% frente a una inflación mensual del 1,9%, el alivio resultó insuficiente para revertir la tendencia general. Para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, los salarios deberían aumentar un 32%, de acuerdo con las estimaciones de la FEDUN y el CIICTI.
El impacto no se limita al bolsillo de cada trabajador: también afecta la masa salarial de todo el sistema universitario. El relevamiento estima que, considerando la ejecución proyectada de 2026 y expresando los valores en pesos constantes de ese año, la pérdida acumulada de ingresos salariales respecto de la masa salarial de referencia de 2023 alcanzaría los 4,48 billones de pesos durante el período 2024-2026. El informe desglosa ese deterioro en 1,47 billones durante 2024, 1,61 billones en 2025 y una proyección de 1,39 billones para 2026. Se trata de una estimación elaborada por las entidades responsables del estudio, pero su magnitud permite dimensionar el alcance que atribuyen al ajuste sobre los ingresos del personal universitario.
El financiamiento de las universidades nacionales también permanece por debajo de los niveles de 2023. El documento proyecta para 2026 una caída real acumulada del 21,9% frente a la ejecución presupuestaria de aquel año, pese a una recuperación real estimada del 2,9% en la ejecución anual. La participación del financiamiento universitario en el producto bruto interno bajaría del 0,712% registrado en 2023 al 0,535% proyectado para 2026. Para volver al nivel de financiamiento de hace tres años, el informe calcula que el crédito vigente de las universidades debería ampliarse en 1,58 billones de pesos durante este año. La discusión presupuestaria, por lo tanto, no se reduce a cuánto dinero se asigna nominalmente, sino a qué capacidad real de funcionamiento conserva el sistema frente a la inflación y las necesidades acumuladas.
El retroceso se extiende al conjunto de la política educativa nacional. Según las proyecciones del informe, el presupuesto de la Secretaría de Educación acumularía una caída real del 47,4% entre 2023 y 2026. El deterioro proyectado incluye retrocesos del 41,3% en 2024, del 5% en 2025 y del 5,6% en 2026. El estudio también advierte sobre niveles de ejecución insuficientes en distintos programas, incluidas partidas vinculadas con becas e infraestructura. Estos datos abren interrogantes sobre las condiciones en las que estudiantes y universidades deberán afrontar los próximos ciclos lectivos, especialmente en un contexto en el que el sostenimiento de las trayectorias educativas depende tanto de los recursos institucionales como de la situación económica de las familias.
La situación de la ciencia y la tecnología agrega otra dimensión a la crisis. El informe proyecta que el presupuesto nacional destinado al sector científico y tecnológico acumulará una caída real del 42,8% entre 2023 y 2026. Además, señala deterioros salariales que llegan al 40,3% en determinados sectores vinculados con la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico, la Carrera del Personal de Apoyo y las becas del CONICET. El documento también estima una pérdida real del 32% en los salarios del empleo público desde noviembre de 2023. La combinación de menores recursos y remuneraciones deterioradas pone en discusión la capacidad de sostener equipos de investigación, formar nuevos profesionales y conservar personal especializado en organismos públicos.
Las cifras del relevamiento adquieren relevancia en medio de los reclamos por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por la definición de recursos suficientes para el próximo ejercicio. El debate no involucra únicamente a los sindicatos docentes: alcanza a autoridades universitarias, estudiantes, trabajadores nodocentes y sectores de la comunidad que consideran a la educación superior un instrumento de movilidad social y desarrollo. En Córdoba, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir a miles de personas para reclamar por el financiamiento de las casas de estudio y la recomposición salarial. La movilización también puso el foco en el presupuesto previsto para 2027 y en la necesidad de que las partidas contemplen los requerimientos planteados por las universidades.
El informe de la FEDUN y el CIICTI deja planteado un desafío central para el Gobierno nacional: cómo compatibilizar su política fiscal con el financiamiento de las universidades, la recuperación salarial y el sostenimiento de la investigación científica. Los porcentajes publicados describen un deterioro acumulado que no se revierte con una mejora mensual aislada ni con aumentos nominales que quedan por detrás de la inflación. La discusión de fondo es qué lugar ocuparán la educación pública y la ciencia en las prioridades presupuestarias de la Argentina. Mientras continúen las diferencias entre los recursos disponibles y las necesidades señaladas por el sector, el conflicto universitario seguirá siendo una de las principales disputas sobre el rumbo económico y social del país.
Fuente: Informe de Situación del Sistema Universitario N.º 16, septiembre de 2026, elaborado por CIICTI y FEDUN. Consultar el informe completo en PDF.
