La Resolución 293/2026 flexibiliza los contratos de compraventa de energía, amplía progresivamente la posibilidad de comercializar electricidad en el mercado mayorista y simplifica el ingreso de grandes consumidores. El Gobierno sostiene que busca fomentar la competencia, mientras crece el debate sobre el impacto de la liberalización en los costos energéticos y en los usuarios.
El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de desregulación del sector energético con la publicación de la Resolución 293/2026 de la Secretaría de Energía. La medida modifica las reglas de funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), amplía las posibilidades de contratación entre generadores y grandes consumidores y establece un esquema de flexibilización progresiva para la comercialización de energía. La decisión forma parte del proceso de transformación del sistema eléctrico impulsado por la administración nacional, que busca reducir las restricciones regulatorias y otorgar mayor protagonismo a los contratos entre actores privados.
Uno de los cambios centrales afecta a las centrales de generación térmica e hidroeléctrica que comercializan su producción en el mercado spot. La normativa establece un cronograma para eliminar progresivamente los límites que condicionaban la cantidad de energía que podían comprometer mediante contratos bilaterales con grandes usuarios y distribuidores. Hasta marzo de 2027, el tope será del 20% de la producción mensual; desde abril de ese año aumentará al 60%, y a partir de abril de 2028 llegará al 80%. Finalmente, desde el 1 de enero de 2029, se eliminarán los límites porcentuales específicos para estas contrataciones.
La reforma busca ampliar el denominado Mercado a Término, en el que generadores y compradores pueden acordar directamente las condiciones de abastecimiento eléctrico. Para el Ejecutivo, el objetivo es profundizar la competencia, facilitar la negociación de precios y promover una mayor participación de los contratos privados en la organización del sistema. Sin embargo, la ampliación de la libertad contractual también modifica las condiciones bajo las cuales se distribuyen los riesgos y los costos entre las empresas generadoras, los distribuidores y los grandes consumidores de electricidad.
Otro aspecto relevante es la flexibilización de las condiciones económicas para los generadores térmicos que administran sus propios combustibles. La resolución modifica progresivamente los márgenes permitidos para declarar el costo variable de producción, con el propósito de incentivar ofertas más competitivas en el despacho de energía. Según el esquema aprobado, los límites inferiores y superiores se ajustarán durante los próximos años, con cambios previstos para 2027 y 2028. El Gobierno sostiene que estas modificaciones permitirán mejorar la eficiencia del sistema y favorecer la competencia entre las distintas fuentes de generación.
La normativa también introduce cambios administrativos para las industrias y los grandes comercios que buscan incorporarse al Mercado Eléctrico Mayorista. El nuevo procedimiento simplificado reemplazará el esquema de tramitación por ventanas trimestrales por un mecanismo de ingreso mensual, con fechas de incorporación vinculadas al calendario. La modalidad comenzará a aplicarse en diciembre de 2026 y prevé que las solicitudes sean presentadas ante CAMMESA, que tendrá diez días hábiles para verificar los requisitos e informar a la autoridad competente. El objetivo oficial es reducir los tiempos burocráticos y facilitar la participación de nuevos usuarios en el mercado. <Cite refs={[“turn106950view0”]}/>
La discusión de fondo pasa por determinar quiénes podrán aprovechar en mejores condiciones esta nueva etapa de liberalización. Las grandes industrias y los establecimientos con consumos elevados tendrán mayores alternativas para negociar contratos de suministro, mientras que los resultados dependerán de la oferta disponible, la capacidad de negociación de cada comprador y la evolución de los precios mayoristas. La desregulación no garantiza por sí sola una reducción de los costos: sus efectos dependerán de cómo funcione la competencia y de las condiciones concretas de contratación.
En Córdoba, el debate energético tiene una repercusión directa sobre los usuarios y el sector productivo. La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó recientemente que la factura eléctrica acumuló un incremento del 44,4% en diez meses y atribuyó parte de esa evolución al aumento del costo mayorista de la energía y a la reducción de subsidios nacionales. Su presidente, Claudio Puértolas, señaló que el precio de la energía mayorista definido por la Nación registró aumentos por encima de la inflación durante los últimos meses. Aunque esa suba no puede atribuirse exclusivamente a la nueva Resolución 293/2026, constituye un antecedente relevante para evaluar el impacto de las decisiones nacionales sobre las economías provinciales.
La reforma se inscribe en una transformación más amplia del mercado energético argentino, que incluye la revisión de los mecanismos de contratación, la reducción gradual de la intervención estatal y nuevas exigencias para determinados proyectos de gran consumo. En septiembre, el Gobierno había establecido un régimen para que nuevos emprendimientos de demanda eléctrica extraordinaria, como centros de datos y proyectos de minería, incorporen su propia oferta de energía y potencia, con el argumento de evitar que sus necesidades comprometan el abastecimiento de otros usuarios. Estas medidas muestran que la reorganización del sistema combina la apertura comercial con reglas específicas para administrar la seguridad del suministro. <Cite refs={[“turn106950search1″,”turn106950search2”]}/>
Con la Resolución 293/2026, el Gobierno profundiza su apuesta por un mercado eléctrico con mayor libertad contractual y menos restricciones cuantitativas para los generadores. El resultado dependerá de la capacidad del nuevo esquema para ampliar la competencia sin deteriorar la previsibilidad del abastecimiento ni trasladar costos excesivos a los usuarios. Para hogares, comercios e industrias, la cuestión central seguirá siendo si los cambios regulatorios se traducen en un servicio confiable y tarifas sostenibles, o si los beneficios de la apertura se concentran principalmente en los actores con mayor capacidad de negociación dentro del mercado energético.
Fuente: La Nueva Mañana, Secretaría de Energía de la Nación, Boletín Oficial y EPEC.
