Los magistrados de la Cámara Federal de Casación Penal participaron de la decisión que cerró definitivamente la investigación judicial por el acuerdo de US$57.100 millones firmado en 2018. Ambos habían sido cuestionados por sus visitas a Mauricio Macri durante su presidencia, un antecedente que volvió al centro del debate sobre la independencia judicial.
La causa por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri llegó a su desenlace judicial con una resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo dejaron firme el archivo del expediente que investigaba posibles irregularidades en la contratación de la deuda y su relación con la posterior salida de divisas del país. La decisión benefició al expresidente y a exfuncionarios de su administración, entre ellos Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne, quienes habían sido alcanzados por la investigación.
El cierre se produjo después de que el fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, desistiera de sostener el recurso presentado para revisar el archivo. Pleé argumentó que, tras años de investigación, no se había establecido una hipótesis delictiva concreta suficientemente respaldada por las pruebas. La decisión judicial dejó así firme el cierre dispuesto inicialmente por la jueza federal María Eugenia Capuchetti y confirmado posteriormente por la Cámara Federal porteña. La causa había buscado determinar si existieron delitos en la negociación y utilización del crédito internacional.
Gustavo Hornos es uno de los integrantes históricos de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal federal por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su nombre volvió a quedar bajo la lupa por las visitas que realizó a la Casa Rosada durante la presidencia de Macri. Esos encuentros, registrados oficialmente, motivaron cuestionamientos políticos e institucionales sobre la relación entre integrantes del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. El eje de las críticas fue la necesidad de preservar no solo la independencia efectiva de los magistrados, sino también la apariencia de imparcialidad que debe caracterizar a quienes intervienen en causas de relevancia política.
Mariano Borinsky, por su parte, también quedó en el centro de la controversia por sus encuentros con el entonces presidente. De acuerdo con registros y reconstrucciones periodísticas, realizó múltiples visitas a la Quinta de Olivos durante el gobierno de Cambiemos, algunas de ellas vinculadas con actividades recreativas, como partidos de pádel. La coincidencia temporal entre determinados encuentros y decisiones judiciales relevantes alimentó las críticas de dirigentes políticos y sectores de la sociedad civil. Sin embargo, las visitas, por sí solas, no constituyen una prueba de que un magistrado haya recibido instrucciones o actuado ilegalmente en una causa determinada.
Los antecedentes de ambos jueces adquirieron especial relevancia durante los debates sobre la denominada lawfare, expresión utilizada para describir el supuesto uso político de procesos judiciales contra dirigentes opositores. Sus críticos sostuvieron que los vínculos y contactos con el poder político podían comprometer la confianza pública en la Justicia. La controversia no se limita a este expediente: vuelve a plantear interrogantes sobre los mecanismos de control institucional, las reglas de conducta de los magistrados y la necesidad de que sus decisiones estén respaldadas por fundamentos jurídicos transparentes y verificables.
El expediente sobre el préstamo del FMI se originó en denuncias que buscaban esclarecer si el acuerdo suscripto en 2018 había respetado los procedimientos legales y si los fondos fueron utilizados de manera compatible con los objetivos declarados. La investigación también examinó la posibilidad de que los desembolsos hubieran contribuido a financiar la salida de capitales privados. Un informe de la Sindicatura General de la Nación estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de aproximadamente US$29.618 millones, aunque esa estimación no acreditaba por sí misma la existencia de un delito penal. Los tribunales que intervinieron consideraron que no se habían reunido elementos suficientes para sostener una hipótesis delictiva concreta.
El cierre del expediente provocó críticas de sectores que reclamaban profundizar la investigación y reconstruir el destino de los fondos. Desde esa perspectiva, la decisión deja sin una respuesta judicial de fondo interrogantes sobre el proceso de endeudamiento y sus consecuencias económicas. Por otro lado, la fiscalía que desistió del recurso sostuvo que la prueba reunida no permitía fundamentar una acusación penal específica. La diferencia entre ambas posiciones expone una discusión central: determinar hasta dónde puede intervenir la Justicia en decisiones de política económica y bajo qué condiciones una decisión estatal puede derivar en responsabilidades penales.
La resolución vuelve a poner en discusión la independencia judicial y el control de los actos de gobierno, en particular cuando se trata de decisiones económicas con consecuencias de largo alcance para las cuentas públicas. El préstamo con el FMI fue uno de los principales compromisos financieros asumidos durante la presidencia de Macri y continuó condicionando la política económica argentina en los años posteriores. Con el archivo firme de la causa, la investigación queda cerrada en los términos de ese expediente, sin que ello equivalga a una declaración judicial de que todas las decisiones económicas cuestionadas hayan sido acertadas, sino a la conclusión de que no correspondía continuar la persecución penal con los elementos presentados.
Fuente: Primereando, Página/12, Agencia Noticias Argentinas y La Nación.
