Menos de 24 horas después de que un juez impusiera una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la sanción. La decisión no resuelve la disputa de fondo ni libera al Gobierno de la obligación de cumplir la cautelar sobre salarios y becas universitarias.
La Justicia suspendió provisoriamente las multas que el juez federal Martín Cormick había dispuesto contra el Gobierno de Javier Milei por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal el jueves 15 de octubre, en coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria. El tribunal aceptó un recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano y ordenó que la apelación estatal se tramite con efecto suspensivo.
La sanción original había sido dispuesta el día anterior por Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El magistrado fijó una multa de $100.000 diarios para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, al considerar que persistía el incumplimiento de una orden judicial. La medida buscaba que el Poder Ejecutivo avanzara con la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas y garantizara los fondos destinados a las becas estudiantiles.
El conflicto judicial se originó en los reclamos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que exigió que el Estado cumpliera con las obligaciones previstas en la normativa. Según los antecedentes de la causa, el juez había intimado al Gobierno a acatar la medida cautelar y le había otorgado plazos para hacerlo. Ante la falta de cumplimiento que consideró acreditada, resolvió aplicar las sanciones económicas que había advertido previamente.
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, cuestionó la decisión y sostuvo que la medida cautelar ya había sido cumplida. Entre sus argumentos, el Gobierno planteó que la resolución judicial no precisaba suficientemente las sumas adeudadas ni el alcance concreto de las obligaciones pendientes. También defendió su interpretación de los incrementos salariales y de las disposiciones referidas a las becas universitarias. La Cámara habilitó el tratamiento de esos planteos en el marco de la apelación.
En su resolución, la Cámara consideró que la decisión apelada presentaba cuestiones que justificaban revisar el planteo del Estado, entre ellas las dificultades para determinar la magnitud del supuesto cumplimiento parcial. La suspensión de las multas implica que, mientras se tramita el recurso, la sanción económica no se aplica. Sin embargo, el tribunal no resolvió si el Gobierno cumplió efectivamente con la cautelar ni definió el resultado definitivo de la controversia sobre el financiamiento universitario.
La discusión también abarca los recursos que las universidades consideran necesarios para recuperar el financiamiento perdido. Según datos publicados por El Destape, las instituciones estiman que el presupuesto proyectado para 2027 debería pasar de $7,2 billones a $9,7 billones para cumplir con la ley, una diferencia de $2,5 billones. El titular del CIN, Franco Bartolacci, señaló que ese monto adicional resulta necesario para atender las obligaciones contempladas en la normativa, entre ellas los gastos de funcionamiento, los salarios, las becas y la investigación.
Los salarios constituyen uno de los puntos centrales del reclamo universitario. De acuerdo con las estimaciones gremiales citadas por El Destape, la recomposición necesaria para recuperar el poder adquisitivo perdido desde fines de 2023 se ubica entre el 33% y el 40%, según las organizaciones y el período de referencia utilizado. Los representantes sindicales advierten que la pérdida salarial impacta tanto en docentes como en trabajadores no docentes y representa una parte sustancial de los recursos que las universidades destinan a su funcionamiento cotidiano.
La suspensión de las multas abre una nueva instancia procesal en una disputa que combina el financiamiento de la educación superior, el cumplimiento de las decisiones judiciales y la política presupuestaria del Gobierno nacional. Por ahora, la sanción económica contra Santilli quedó en pausa, pero la cuestión de fondo continúa pendiente. La evolución de la apelación será clave para determinar cómo sigue el reclamo universitario y qué obligaciones deberá cumplir el Poder Ejecutivo en relación con los salarios y las becas.
Fuente: El Destape
