El juez Martín Cormick había fijado una sanción de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con los salarios universitarios y las becas estudiantiles. Sin embargo, la Cámara suspendió provisoriamente la multa mientras se tramita la apelación del Gobierno. La obligación judicial de fondo continúa en discusión.
La disputa por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial. El miércoles 14 de octubre, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, al considerar que el Gobierno no había cumplido una medida cautelar relacionada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión respondió a los reclamos impulsados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La sanción se vinculó con la obligación de actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y garantizar los recursos destinados a las becas estudiantiles. Según los antecedentes del expediente, el magistrado había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con la medida y le había otorgado plazos para hacerlo. Una vez vencidos esos plazos sin que el juzgado considerara acreditado el cumplimiento, resolvió aplicar las denominadas astreintes, multas económicas destinadas a presionar para que se acate una orden judicial.
Cormick sostuvo que la medida cautelar continuaba vigente y que debía cumplirse pese a las apelaciones presentadas por el Estado nacional en la causa principal. El conflicto judicial gira en torno a la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y a la validez de una disposición del Decreto 759/2025 que condicionó su aplicación. El magistrado había cuestionado esa condición y ordenado avanzar con el cumplimiento de la normativa, mientras el Gobierno buscaba revertir las decisiones ante instancias superiores.
Sin embargo, el jueves 15 de octubre se produjo un cambio en la situación procesal. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio de Capital Humano y dispuso que la apelación del Gobierno se tramite con efecto suspensivo. Como consecuencia, la multa de $100.000 diarios contra Santilli quedó provisoriamente suspendida mientras continúa el trámite judicial.
La resolución de la Cámara no determinó que el Gobierno hubiera cumplido con todas sus obligaciones ni anuló la medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario. Los jueces señalaron que su decisión no anticipaba una conclusión sobre el cumplimiento efectivo de la orden judicial. Por lo tanto, la discusión de fondo continúa abierta y deberá resolverse en el marco del expediente, mientras la sanción económica permanece en pausa.
Desde el Gobierno, el argumento central para cuestionar la sanción fue que la medida cautelar ya se encontraba cumplida. En sus presentaciones judiciales, el Estado sostuvo que los aumentos salariales otorgados al sector debían ser considerados al evaluar el cumplimiento de la normativa. La Cámara aceptó que la apelación se tramite con efecto suspensivo, aunque esa decisión procesal no resuelve por sí misma las diferencias sobre los montos, los períodos de actualización ni el alcance de las obligaciones establecidas por la ley.
El conflicto se desarrolla en medio de los reclamos de las universidades nacionales por el presupuesto, los salarios y las becas estudiantiles. El Consejo Interuniversitario Nacional viene planteando la necesidad de que se cumplan las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que el Ejecutivo cuestiona distintos aspectos de su implementación. La controversia excede la sanción contra Santilli: involucra la aplicación de una ley aprobada por el Congreso y el alcance de las decisiones judiciales que ordenan al Estado cumplir con determinadas obligaciones presupuestarias.
Con la suspensión provisoria de las multas, la discusión entra en una nueva etapa judicial. La sanción económica quedó frenada hasta que avance la apelación, pero sigue pendiente la resolución de fondo sobre el cumplimiento de la medida cautelar y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras tanto, las demandas de las universidades por la recomposición salarial y los recursos para las becas continúan en el centro de la disputa entre el Gobierno nacional, las instituciones educativas y la Justicia.
Fuente: Infonews
