El juez federal Martín Cormick dispuso una sanción económica diaria contra el jefe de Gabinete por considerar que el Gobierno no cumplió con una medida cautelar que ordena actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios y garantizar los fondos para las becas estudiantiles. La multa podrá incrementarse y alcanzar a otros funcionarios si persiste el incumplimiento. La decisión se conoció en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria.
La Justicia federal impuso una multa de $100.000 por día a Diego Santilli, jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue firmada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien consideró que correspondía hacer efectivo el apercibimiento que había dispuesto previamente ante la falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas judicialmente. La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre el Poder Ejecutivo y las universidades públicas por la actualización de los salarios y los recursos destinados al sistema educativo superior.
La sanción se originó en un reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a las universidades nacionales, ante la falta de aplicación efectiva de las disposiciones previstas en la ley. La medida cautelar exige recomponer las remuneraciones del personal docente y no docente y garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles. Según lo expuesto en el expediente, el Gobierno no acreditó haber cumplido integralmente con esas obligaciones dentro de los plazos fijados por el magistrado, motivo por el cual se avanzó con la aplicación de las denominadas astreintes, multas judiciales destinadas a presionar para que se cumpla una orden.
Cormick había intimado al Estado nacional para que cumpliera con la resolución dentro de un plazo de cinco días, que venció en septiembre. Luego se otorgó una nueva prórroga, pero el Consejo Interuniversitario Nacional sostuvo que los pagos reclamados todavía no se habían concretado. Frente a esa situación, solicitó que se hiciera efectiva la advertencia de sanciones económicas. El juez aceptó el planteo y estableció inicialmente una multa diaria de $100.000 para quien ocupa la titularidad de la Jefatura de Gabinete, función que desempeña Santilli.
La resolución advierte que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa la falta de cumplimiento. Esto significa que la sanción no necesariamente quedará limitada a la cifra inicial ni al titular de la Jefatura de Gabinete. El objetivo de este mecanismo es que la obligación judicial se ejecute efectivamente y no quede reducida a una discusión administrativa o presupuestaria. La multa fue dirigida a Santilli en razón de las responsabilidades que corresponden a su cargo en la administración general del país y en la distribución de partidas presupuestarias.
Uno de los puntos centrales del conflicto es la actualización salarial establecida por la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La normativa contempla una recomposición de los haberes del personal docente y no docente para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025. Según los cálculos citados en el expediente judicial, esa recomposición representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025. Además, la ley dispone actualizaciones mensuales de las remuneraciones de acuerdo con la evolución de la inflación.
El financiamiento de las becas estudiantiles constituye el otro eje de la controversia. La medida cautelar exige recomponer y actualizar los recursos destinados a esos programas, que resultan fundamentales para estudiantes que necesitan apoyo económico para sostener sus trayectorias educativas. El reclamo de las universidades sostiene que la falta de aplicación completa de la ley afecta tanto los ingresos de los trabajadores del sistema como los instrumentos de asistencia para los estudiantes. El Gobierno, en cambio, defiende su política presupuestaria y sostiene que realizó incrementos salariales y otras medidas que considera suficientes, aunque el juez entendió que no se había demostrado el cumplimiento total de la cautelar.
La disputa judicial se relaciona también con el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la implementación de la ley a la identificación de las fuentes de financiamiento. El juez Cormick declaró inconstitucional esa disposición, pero el Gobierno apeló el pronunciamiento. Mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal, la medida cautelar que ordena las actualizaciones continúa vigente. Por eso, la apelación del Ejecutivo no elimina automáticamente la obligación de cumplir con la orden judicial que dio origen a la sanción económica.
El Gobierno cuestiona los cálculos de recomposición salarial exigidos en el expediente y sostiene que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 deben considerarse para evaluar la evolución de los ingresos universitarios. También argumenta que una actualización de mayor magnitud tendría consecuencias presupuestarias y que deben contemplarse las partidas disponibles. Sin embargo, la discusión sobre los recursos no modificó por sí misma la vigencia de la medida cautelar. La resolución que impone la multa establece que, ante el incumplimiento verificado, corresponde avanzar con las sanciones previstas para procurar que se ejecute la orden.
La decisión judicial se conoció en la víspera de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar el cumplimiento de la ley y denunciar el deterioro de los recursos destinados a las universidades públicas. Docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y organizaciones sindicales volvieron a colocar el financiamiento universitario en el centro de la agenda política nacional. En ese contexto, la multa contra Santilli agrega presión sobre el Ejecutivo y profundiza la disputa institucional por la aplicación de una norma aprobada por el Congreso. El desenlace dependerá de los próximos pasos judiciales y de si el Gobierno cumple con las obligaciones pendientes mientras continúa la revisión del expediente principal.
Fuente: Política Argentina
