José Rogério Carvalho Tomaz Junior, periodista brasileño crítico del presidente Javier Milei, denunció que la cancelación de su residencia permanente y la prohibición de ingresar a la Argentina durante cinco años responden a una persecución política. El Gobierno nacional rechazó esa interpretación y justificó la medida por presuntos incumplimientos de las condiciones migratorias. El caso abrió una controversia sobre la libertad de expresión y el trato a los periodistas extranjeros.
El periodista brasileño José Rogério Carvalho Tomaz Junior denunció públicamente haber sido víctima de una persecución política por parte del Gobierno de Javier Milei, luego de que las autoridades argentinas le impidieran ingresar al país y ordenaran su regreso a Brasil. El episodio ocurrió el lunes 12 de octubre de 2026, cuando llegó al Aeroparque Jorge Newbery con la intención de realizar entrevistas e investigaciones vinculadas con la situación política y económica argentina. Allí le informaron que su residencia permanente había sido cancelada y que no podía volver a ingresar al territorio nacional durante cinco años.
Tomaz sostuvo que la decisión estuvo relacionada con sus críticas públicas al Presidente y a integrantes del oficialismo. Según relató, los conflictos comenzaron después de una serie de intercambios en redes sociales con referentes del espacio libertario, entre ellos Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital de la Presidencia, conocido en internet como Juan Doe. El periodista aseguró que, tras esos cruces, comenzó a recibir hostigamientos y que posteriormente se avanzó con la cancelación de su estatus migratorio.
En declaraciones televisivas, el comunicador fue categórico al describir lo ocurrido y afirmó que, a su entender, se trató de una represalia por sus posiciones políticas. También cuestionó que no hubiera recibido una notificación previa sobre la revocación de su residencia, una medida que, según su relato, conoció recién cuando llegó al control migratorio. Para Tomaz, la secuencia de los acontecimientos constituye un indicio de que la decisión administrativa estuvo atravesada por sus enfrentamientos con sectores vinculados al Gobierno.
La explicación oficial de Migraciones
Desde la Dirección Nacional de Migraciones rechazaron las acusaciones de persecución política y sostuvieron que la medida se tomó por incumplimientos de las condiciones exigidas para mantener la residencia permanente. Según la información difundida por el organismo, Tomaz había obtenido su radicación en enero de 2022, pero desde entonces habría permanecido en la Argentina solamente 153 días. Las autoridades también señalaron que no constataron actividad laboral, estudios formales ni residencia efectiva en el domicilio declarado en su expediente.
La cancelación de la residencia se había dispuesto el 5 de agosto de 2026, de acuerdo con los antecedentes citados por las autoridades migratorias. La decisión se fundamentó en la normativa vigente, incluida la Ley de Migraciones y el Decreto 366/2025, según la explicación oficial. El periodista, por su parte, cuestionó el procedimiento y afirmó que no había sido notificado oportunamente. La medida derivó en la prohibición de volver a ingresar al país durante cinco años, una sanción que anticipó que podría intentar impugnar por vías legales.
Los cruces con funcionarios y referentes libertarios
El caso también quedó atravesado por las reacciones públicas de figuras cercanas al oficialismo. Después de conocerse la expulsión, el asesor presidencial Santiago Caputo se burló del periodista en redes sociales, mientras que Carreira también celebró que no pudiera permanecer en la Argentina. Estas intervenciones alimentaron la controversia y fueron señaladas por Tomaz como parte de un clima de hostilidad hacia quienes cuestionan al Gobierno. Sin embargo, las expresiones públicas posteriores a la decisión no prueban por sí mismas que la cancelación migratoria haya sido ordenada por motivos políticos.
Tomaz explicó que visita la Argentina desde 2011 y que vivió en Buenos Aires de manera continua entre 2020 y 2022. Su trabajo periodístico incluye el seguimiento de la política nacional, las medidas económicas del Gobierno y sus consecuencias sociales. Al momento de su expulsión, tenía previsto realizar entrevistas y reunir material para un libro sobre la presidencia de Milei, cuya publicación estaba proyectada para febrero de 2027. El periodista afirmó que su intención era documentar la situación del país para audiencias brasileñas y otros lectores internacionales.
La situación también generó pronunciamientos de organizaciones periodísticas. El Sindicato de Periodistas Profesionales del Distrito Federal de Brasil y la Federación Nacional de Periodistas brasileña repudiaron la deportación y expresaron su solidaridad con Tomaz. Las entidades plantearon que la libertad de prensa exige garantías para que los comunicadores puedan investigar, informar y expresar opiniones sin sufrir represalias por su trabajo. El episodio volvió a poner en discusión la relación entre las decisiones migratorias de los Estados y la protección del ejercicio periodístico, especialmente cuando las personas involucradas mantienen posiciones críticas frente a los gobiernos.
El caso permanece atravesado por dos versiones contrapuestas: el periodista sostiene que fue perseguido por sus críticas a Milei, mientras que el Gobierno afirma que actuó por razones administrativas y migratorias. Hasta el momento, la información publicada no permite dar por probada una motivación política en la decisión oficial, del mismo modo que la explicación gubernamental no elimina las preguntas planteadas sobre el procedimiento y la oportunidad de la medida. La controversia tendrá nuevos capítulos si el comunicador decide recurrir la sanción y buscar mecanismos legales para recuperar su residencia y volver a ingresar a la Argentina.
Fuente: Minuto Uno
