El asesor presidencial aseguró que aproximadamente seis de cada diez pensiones por invalidez serían irregulares, pero no presentó datos que respalden ese porcentaje. El Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad calificó sus declaraciones de “infundadas” y advirtió que pueden alimentar el rechazo social hacia quienes reciben estas prestaciones. La discusión se produce mientras la auditoría oficial continúa sin resultados definitivos y el Congreso debate políticas vinculadas con la discapacidad.
Una acusación sin datos que la respalden
El asesor presidencial Santiago Caputo generó una fuerte controversia tras publicar en la red social X que “aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”. En su mensaje, sostuvo que existirían certificados médicos emitidos por motivos políticos y acusó a dirigentes de utilizar estas prestaciones para favorecer a familiares, conocidos y allegados. Sin embargo, no acompañó la afirmación con una metodología, un relevamiento completo ni documentación que permitiera verificar el porcentaje mencionado
Caputo también cuestionó al Congreso por obstaculizar las bajas de pensiones que el Gobierno considera irregulares y afirmó que los legisladores pretenden duplicar la cantidad de beneficiarios. Además, sostuvo que Argentina tiene más pensiones por invalidez que países que atravesaron guerras. Sus declaraciones se inscriben en la política oficial de revisión de las prestaciones no contributivas, un proceso que el Ejecutivo presenta como necesario para detectar posibles fraudes y ordenar el sistema. La controversia radica en que las acusaciones generalizadas alcanzan a un universo amplio de personas con discapacidad sin que se haya acreditado que la mayoría de sus beneficios sean irregulares.
La respuesta de las organizaciones de discapacidad
El Foro Permanente de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad cuestionó las afirmaciones del asesor presidencial y las calificó de infundadas. Según informó La Nueva Mañana, la entidad advirtió que ese tipo de mensajes puede generar malestar social y reforzar prejuicios contra las personas que reciben una pensión. Las organizaciones del sector vienen reclamando que las revisiones administrativas se realicen con garantías, información verificable y procedimientos que permitan distinguir entre eventuales irregularidades y los derechos de quienes cumplen con los requisitos establecidos.
El debate tiene consecuencias concretas para quienes dependen de estas prestaciones para afrontar gastos básicos. Las pensiones no contributivas por invalidez están destinadas a personas que cumplen condiciones vinculadas con la discapacidad y la situación socioeconómica, y constituyen una fuente de ingresos para sectores que enfrentan obstáculos para acceder al empleo formal. Por eso, las organizaciones sostienen que cualquier política de control debe evitar suspensiones arbitrarias y garantizar mecanismos efectivos de notificación, presentación de documentación y revisión de decisiones. Detectar posibles fraudes y proteger a los beneficiarios legítimos son objetivos que requieren procedimientos rigurosos, no generalizaciones sin respaldo suficiente.
Qué muestran los datos oficiales de las auditorías
La información disponible sobre el proceso de auditoría no permite confirmar que el 60% de las pensiones sea irregular. De acuerdo con una respuesta del Ministerio de Salud al Congreso, citada por un análisis de Exacta publicado en octubre de 2026, el Gobierno había convocado a 1.044.501 titulares para su revisión, sobre un padrón de 1.141.880 personas. El mismo informe indicó que se habían registrado 112.136 suspensiones desde diciembre de 2023, pero que 111.995 de esas prestaciones habían sido rehabilitadas y 141 continuaban sin rehabilitarse.
El Ministerio de Salud también informó que las medidas cautelares dictadas por la Justicia habían suspendido el proceso de auditoría, por lo que no era posible presentar resultados definitivos ni informes finales. Este dato es central para evaluar las declaraciones de Caputo: las suspensiones administrativas no equivalen automáticamente a la comprobación de un fraude, del mismo modo que la falta de presentación a una citación no demuestra por sí sola que una persona no reúna las condiciones para recibir la prestación. Para establecer irregularidades se necesita analizar cada expediente y respetar las instancias de defensa correspondientes.
En años anteriores, el Gobierno había difundido porcentajes de incumplimiento derivados de muestras parciales. En agosto de 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad informó resultados de una muestra piloto de 2.559 casos; en febrero de 2025, el Ministerio de Salud comunicó datos de 22.417 pensiones auditadas durante el año anterior. Esos relevamientos no deben confundirse con una conclusión estadística sobre la totalidad del padrón. Para sostener que seis de cada diez prestaciones son fraudulentas, sería necesario contar con información representativa, criterios de evaluación transparentes y resultados finales que permitan verificar la proporción anunciada.
Una discusión que llega al Congreso
La controversia se desarrolla en medio de las disputas legislativas por las políticas de discapacidad. Según la información publicada por Exacta, sectores de la oposición solicitaron una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, con temas relacionados con la discapacidad incluidos en el temario. Mientras tanto, el proyecto oficial contra el fraude en las pensiones por invalidez permanecía sin dictamen en el Senado, de acuerdo con ese relevamiento. La discusión legislativa combina la necesidad de revisar el funcionamiento de las prestaciones con los reclamos de organizaciones y familias por el sostenimiento de los apoyos y la continuidad de los derechos.
La discusión no se limita a la eventual existencia de irregularidades administrativas. También involucra el impacto que las revisiones, las suspensiones y las demoras pueden tener sobre personas que necesitan ingresos y servicios de apoyo. En Córdoba, un informe del Defensor del Pueblo difundido en octubre de 2026 advirtió sobre la crisis del sistema de prestaciones para personas con discapacidad y señaló problemas relacionados con atrasos arancelarios, trabas burocráticas y sobrecarga de las familias y los prestadores. Ese contexto refuerza la importancia de que las políticas de control estén acompañadas por garantías administrativas y por información pública clara.
La afirmación de Santiago Caputo abrió así una discusión sobre el uso de los datos públicos y el modo en que se comunica una política de auditoría. La detección de prestaciones otorgadas irregularmente puede formar parte de una administración responsable de los recursos, pero no permite atribuir fraude a la mayoría de los beneficiarios sin evidencia suficiente. Mientras el Gobierno no presente resultados finales que respalden el porcentaje difundido, el 60% debe entenderse como una afirmación del asesor presidencial y no como un dato oficialmente comprobado. El desafío institucional consiste en garantizar controles transparentes sin estigmatizar a las personas con discapacidad ni poner en riesgo las prestaciones de quienes tienen derecho a recibirlas.
Fuente: La Nueva Mañana
