Las cámaras de Industrias Pesqueras y de Armadores Pesqueros de Uruguay solicitaron suspender la nueva etapa de prospección sísmica prevista para noviembre. Advirtieron que los desembarques de calamar cayeron cerca de un 85% durante marzo y abril, y reclamaron una evaluación científica independiente para determinar si las detonaciones submarinas afectan la actividad pesquera. Por ahora, los datos disponibles no prueban que exista una relación causal entre ambos fenómenos.
La actividad petrolera abre un conflicto con el sector pesquero
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) presentaron el 12 de octubre un pedido formal al Poder Ejecutivo para suspender la próxima etapa de exploración sísmica en aguas uruguayas. La solicitud fue dirigida también a los ministerios de Ambiente; de Industria, Energía y Minería; y de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Las entidades reclaman que no se reanuden las operaciones previstas para noviembre hasta contar con una evaluación independiente sobre los resultados de la primera campaña.
La preocupación de las cámaras se centra en la evolución de las capturas durante marzo y abril de 2026, período en el que se realizaron trabajos de prospección sísmica en el mar. Según cifras de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo citadas por las gremiales, los desembarques uruguayos conjuntos de merluza y calamar disminuyeron aproximadamente un 39% frente al mismo bimestre de 2025. El dato más significativo correspondió al calamar, cuyas capturas registraron una caída cercana al 85%. Para el sector pesquero, esta evolución requiere una investigación que permita establecer qué factores incidieron en la disponibilidad de las especies y en el rendimiento de la flota.
La prospección sísmica es una técnica utilizada para identificar posibles yacimientos de hidrocarburos debajo del lecho marino. El procedimiento consiste en emitir pulsos acústicos mediante fuentes de aire comprimido y registrar los ecos para elaborar mapas del subsuelo. De acuerdo con los datos de la empresa Viridien citados por las cámaras, durante la primera campaña se recorrieron más de 2.650 kilómetros y se realizaron aproximadamente 159.000 disparos sísmicos a lo largo de 48 días de operaciones, entre el 7 de marzo y el 23 de abril. Las gremiales consideran que la magnitud de la actividad justifica revisar sus posibles efectos sobre el ecosistema y las especies de interés comercial.
Uno de los argumentos presentados por las entidades es el contraste entre la menor disponibilidad de calamar para la flota uruguaya y las capturas registradas más al sur, especialmente por parte de embarcaciones argentinas. Las cámaras también señalaron que, al excluir las capturas realizadas en aguas internacionales, sus registros preliminares mostrarían una disminución cercana al 30% en la captura promedio de merluza por buque en la Zona Común de Pesca. Sin embargo, reconocieron que estas diferencias no demuestran por sí solas que la prospección sísmica haya provocado la caída. Precisamente por esa incertidumbre, reclaman estudios que permitan separar el posible impacto acústico de otros factores ambientales y pesqueros
El conflicto se desarrolla en un contexto delicado para una actividad que genera empleo, ingresos por exportaciones y movimiento económico en las comunidades costeras. Una reducción sostenida de las capturas puede afectar la rentabilidad de los barcos, las plantas de procesamiento, los trabajadores embarcados y las empresas vinculadas a la comercialización. Las cámaras sostienen que las compensaciones económicas previstas para eventuales perjuicios no alcanzan a todos los buques que podrían resultar afectados. Por eso, además de pedir la suspensión temporal, solicitan revisar los mecanismos de resarcimiento y establecer criterios claros para evaluar posibles pérdidas.
Las gremiales también reclaman que se publique información detallada sobre la campaña: cantidad de disparos acústicos, recorridos realizados, horas de funcionamiento de las fuentes y exposición acumulada del ambiente marino. Proponen una evaluación científica, técnica y económica independiente, con participación de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, instituciones académicas y representantes del sector pesquero. Entre los puntos que consideran necesarios se encuentran el análisis de las capturas por especie, buque y zona, el esfuerzo pesquero y los desplazamientos de las flotas, utilizando datos de varios años como referencia. El objetivo es contar con evidencia suficiente antes de autorizar una nueva etapa de exploración.
Desde el ámbito ambiental, las autoridades uruguayas habían informado que durante la primera campaña se aplicaron los procedimientos de mitigación establecidos en la autorización. Una inspección del Ministerio de Ambiente realizada a bordo entre el 12 y el 14 de marzo concluyó que no se habían detectado desvíos respecto de las condiciones autorizadas. Asimismo, entre fines de febrero y mediados de abril se registraron 470 avistamientos o detecciones acústicas de fauna marina, y en 213 casos se adoptó alguna medida, como apagar la fuente sonora o retrasar el aumento gradual del sonido. Estos datos forman parte de la discusión sobre el cumplimiento de los protocolos, aunque no sustituyen una evaluación independiente de los posibles efectos sobre las capturas.
La controversia enfrenta dos intereses económicos y ambientales: por un lado, la búsqueda de recursos energéticos que podrían tener importancia para el futuro de Uruguay; por otro, la protección de una actividad pesquera que necesita condiciones adecuadas para sostener su producción y sus puestos de trabajo. Las cámaras aclararon que su planteo no implica una oposición general a la investigación ni al desarrollo de nuevas actividades en el mar, sino un pedido de evaluación previa antes de continuar. La decisión del Poder Ejecutivo sobre la campaña prevista para noviembre será clave para determinar cómo se aborda esta disputa y si se incorporan nuevas exigencias de monitoreo y transparencia.
Fuente: Ámbito Financiero
