Un estudio del Centro de Estudios Demos, elaborado a partir de datos del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), reveló que los jóvenes santafesinos enfrentan bajos ingresos, informalidad y falta de protección social. En 2025, alrededor del 65% de quienes trabajaban no realizaba aportes jubilatorios y los ingresos promedio estaban por debajo de la canasta básica total de una familia tipo. Las mujeres jóvenes, además, percibían remuneraciones considerablemente inferiores a las de los varones.
El acceso a un empleo ya no representa, necesariamente, una garantía para dejar atrás la pobreza. Esa es una de las principales conclusiones del informe Juventudes y trabajo precario, publicado en septiembre de 2026 por el Monitor Político y Social del Centro de Estudios Demos. La investigación pone el foco en las condiciones laborales de los jóvenes de la ciudad de Santa Fe y advierte sobre una realidad cada vez más preocupante: tener una ocupación no siempre permite alcanzar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas ni garantiza derechos laborales elementales. El diagnóstico cuestiona una idea históricamente asociada al mundo del trabajo, según la cual conseguir un empleo constituye por sí solo una vía de movilidad social y estabilidad económica.
El relevamiento analizó 1.435 casos correspondientes a jóvenes de entre 18 y 29 años, registrados entre 2022 y 2025 mediante información del Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral. Los resultados muestran que la precariedad no se limita a quienes están desempleados, sino que también alcanza a una parte importante de quienes efectivamente trabajan. La falta de estabilidad, los bajos salarios y la ausencia de cobertura social configuran un escenario en el que numerosos jóvenes deben sostener su vida cotidiana sin contar con las garantías asociadas al empleo formal. De esta manera, el informe permite observar que el problema laboral juvenil no puede medirse exclusivamente a partir de la cantidad de personas ocupadas, sino también por la calidad de los puestos de trabajo y por la capacidad real de esos ingresos para cubrir los gastos cotidianos.
Uno de los datos más contundentes del estudio es que alrededor del 65% de los jóvenes que trabajaban en 2025 no realizaba aportes jubilatorios. En otras palabras, aproximadamente dos de cada tres trabajadores jóvenes relevados se encontraban sin una de las protecciones fundamentales del sistema laboral. El informe también señala deficiencias en el acceso a obra social, cobertura frente a riesgos del trabajo y otras garantías vinculadas con la formalización del empleo. Esta situación implica que una parte significativa de la juventud queda expuesta a una mayor vulnerabilidad frente a enfermedades, accidentes, interrupciones de ingresos y futuras dificultades para acceder a una jubilación. Los autores remarcan que la ausencia de aportes no constituye únicamente un problema que aparecerá al llegar a la vejez: también refleja desigualdades que afectan las condiciones de vida en el presente.
La insuficiencia salarial aparece como otro de los ejes centrales del diagnóstico. Según los datos difundidos, el ingreso mensual promedio de los jóvenes se ubicó en torno a los 540.000 pesos durante 2025. Sin embargo, al desagregar los resultados por género, las diferencias se vuelven evidentes: las mujeres jóvenes percibieron un promedio de 444.000 pesos, mientras que los varones alcanzaron aproximadamente los 558.000 pesos. La brecha entre ambos grupos fue del 25,7% a favor de los hombres. Estos números reflejan que las desigualdades no desaparecen con la incorporación al mercado laboral y que el hecho de tener una ocupación no garantiza condiciones económicas equivalentes. Para las mujeres jóvenes, en particular, la combinación de ingresos menores y trayectorias laborales más inestables puede profundizar las dificultades para alcanzar autonomía económica.
La comparación con el costo de vida permite dimensionar el alcance del problema. De acuerdo con el informe, los ingresos promedio de varones y mujeres quedaron por debajo de los 1.128.398 pesos que el INDEC estimó para la canasta básica total de una familia tipo de cuatro integrantes en junio de 2025. Aunque ese indicador corresponde al costo de vida de un hogar y no debe confundirse con el umbral individual de pobreza, la comparación sirve para ilustrar la distancia entre los ingresos laborales juveniles y los recursos necesarios para sostener una economía familiar. El panorama expone las dificultades que enfrentan quienes deben contribuir al presupuesto de sus hogares, alquilar, trasladarse, estudiar o afrontar gastos de alimentación y servicios. En ese contexto, el empleo puede representar una fuente de ingresos indispensable, pero no necesariamente suficiente para garantizar una vida digna.
El estudio también encontró diferencias importantes en la participación laboral entre varones y mujeres. Al considerar conjuntamente a quienes trabajan y a quienes trabajan mientras buscan otro empleo, el 47% de los varones quedó comprendido en esas categorías, frente al 31,3% de las mujeres. A su vez, el 56,41% de quienes desarrollaban una actividad complementaria eran mujeres. Para los investigadores, estos datos permiten advertir que las experiencias laborales juveniles están atravesadas por desigualdades de género, tanto en el acceso a determinadas oportunidades como en la capacidad de generar ingresos suficientes. La necesidad de sumar otra ocupación puede convertirse en una estrategia para compensar salarios insuficientes, pero también implica una mayor carga de trabajo y menos tiempo disponible para la formación, el descanso y la vida personal.
La búsqueda de ingresos adicionales tampoco supone, necesariamente, una mejora en las condiciones laborales. Según la interpretación de los autores, el desarrollo de una segunda actividad aparece asociado a la necesidad de completar los ingresos mediante trabajos informales, antes que a un proceso de mayor estabilidad o formalización. En el caso de las mujeres jóvenes, el informe identifica trayectorias laborales especialmente afectadas por la insuficiencia salarial, mientras que los varones tienden a registrar mejores remuneraciones y condiciones de estabilidad en sus empleos principales. Esta diferencia resulta relevante porque muestra que la precariedad no afecta a todos los sectores de la juventud de la misma manera. Las desigualdades de género se combinan con la informalidad y los bajos ingresos, condicionando las posibilidades de construir proyectos personales, continuar los estudios o sostener una independencia económica.
Los resultados del relevamiento abren un interrogante sobre las condiciones necesarias para que el trabajo vuelva a funcionar como una herramienta efectiva de inclusión social. La creación de puestos laborales, por sí sola, no resuelve el problema si esos empleos no ofrecen salarios suficientes, aportes jubilatorios, cobertura de salud y protección frente a los riesgos laborales. El informe sobre las juventudes santafesinas muestra que una parte importante de quienes se incorporan al mercado de trabajo lo hace en condiciones que no garantizan seguridad económica ni derechos básicos. Frente a este escenario, el desafío pasa por mejorar la calidad del empleo, reducir las brechas salariales y fortalecer los mecanismos de protección social. La conclusión es contundente: para que trabajar permita salir de la pobreza, no alcanza con tener una ocupación; también es necesario que esa actividad asegure ingresos adecuados y condiciones laborales dignas.
Fuente: Infogremiales
