La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial para que se investigue si el exfuncionario de Javier Milei intervino en el diseño de un esquema de concesiones viales que terminó beneficiando a una sociedad integrada por empresas de su entorno familiar. El caso involucra 681 kilómetros de rutas entre Córdoba y Santa Fe, una concesión por 20 años y presuntas irregularidades en contratos de obra pública en Catamarca. Las acusaciones deberán ser investigadas por la Justicia.
Una denuncia que pone bajo la lupa las concesiones viales
El exsecretario de Transporte de la Nación Franco Mogetta fue denunciado ante la Justicia por presuntas irregularidades relacionadas con la adjudicación de un corredor vial a una sociedad que integra una empresa de su familia. La presentación fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien solicitó que se investigue si el exfuncionario utilizó su posición dentro del Gobierno nacional para intervenir en la planificación de un sistema de concesiones que posteriormente terminó beneficiando a su entorno familiar. El caso abrió interrogantes sobre los posibles conflictos de intereses en la administración de infraestructura pública y el control de los procedimientos de licitación.
La denuncia se concentra en la concesión del denominado Tramo Centro de la Red Federal de Concesiones, que comprende rutas estratégicas para la circulación de mercancías y pasajeros entre las provincias de Córdoba y Santa Fe. Según la información publicada por Página/12, el corredor fue adjudicado a Covicen S.A., una sociedad integrada por Guido Mogetta S.A., Afema S.A. y Pablo Federico e Hijos S.A. La participación de la firma familiar del exsecretario constituye uno de los elementos centrales del planteo judicial, aunque la existencia de esa relación empresarial no demuestra por sí sola que haya ocurrido un delito.
Franco Mogetta y su paso por el Gobierno nacional
Mogetta estuvo al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Antes había ocupado durante aproximadamente ocho años la Secretaría de Transporte de Córdoba. Su llegada a la administración nacional se produjo en el marco de los acuerdos políticos que acompañaron el inicio del gobierno de Javier Milei. Durante su gestión nacional avanzó el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., empresa estatal que administraba distintos corredores de la red vial nacional. En febrero de 2025, el Decreto 97 autorizó el procedimiento para transferir la operación de esos tramos al sistema de concesiones por peaje.
Ese antecedente resulta relevante para comprender el planteo de Pagano. La diputada sostiene que, aunque la adjudicación del Tramo Centro se formalizó cuando Mogetta ya no ocupaba el cargo, el esquema general de concesiones había comenzado a estructurarse durante su gestión. Por eso, la denuncia busca determinar si las decisiones adoptadas en ese período tuvieron alguna relación con el resultado posterior de la licitación. La cuestión que deberá esclarecerse no es solamente cuándo se firmó el contrato, sino si existieron intervenciones, decisiones o situaciones de incompatibilidad que pudieran haber favorecido indebidamente a la empresa vinculada con su familia.
Un corredor estratégico de 681 kilómetros
La concesión comprende aproximadamente 681,92 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba y Santa Fe, e incluye la autopista Rosario-Córdoba y sectores de las rutas nacionales 19 y 34. Se trata de un corredor de importancia para el transporte de cargas, el desplazamiento de pasajeros y la conexión entre centros productivos y comerciales de la región central del país. El contrato fue adjudicado mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, fechada el 20 de agosto de 2026, dentro de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones.
El régimen contempla la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de las rutas, además de la prestación de servicios a los usuarios y el cobro de peajes. Según la información publicada sobre la adjudicación, el corredor cuenta con tres estaciones de peaje existentes y prevé la construcción de otras tres. La duración de la concesión es de 20 años, lo que convierte la adjudicación en una operación de largo plazo con implicancias para la movilidad, los costos logísticos y la actividad económica regional. Precisamente por la relevancia de estos contratos, el examen de los procedimientos de selección y de los posibles conflictos de intereses adquiere especial importancia.
La empresa familiar y las preguntas sobre posibles incompatibilidades
La firma señalada en la denuncia es Guido Mogetta S.A., una compañía dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, principalmente viales, fundada en Catamarca por el padre del exsecretario. Según la reconstrucción publicada por Página/12, después de la muerte de su fundador la sociedad quedó en manos de su viuda y sus hijos. Mogetta habría transferido su participación accionaria a sus hermanos en 2024, mientras que dos de ellos, Guido y Karina, integran actualmente el directorio de la sociedad vinculada con el consorcio adjudicatario. Estos vínculos familiares y empresariales forman parte de los elementos que la presentación solicita examinar.
La existencia de relaciones familiares con una empresa contratista no alcanza por sí misma para establecer una incompatibilidad penal. La investigación deberá determinar qué participación tuvo Mogetta en las decisiones administrativas relevantes, cuál era su situación patrimonial durante el ejercicio de la función pública y si se cumplieron las obligaciones previstas por las normas de ética pública. También deberá analizarse si los mecanismos de control aplicados a la licitación fueron suficientes para identificar y evaluar cualquier posible conflicto de intereses. Son cuestiones que requieren documentación, análisis de expedientes y decisiones de las autoridades judiciales, no solamente inferencias basadas en los vínculos personales.
Las obras públicas en Catamarca también forman parte de la denuncia
La presentación de Pagano incluye otro eje: las adjudicaciones de obras públicas que habría recibido la empresa familiar en Catamarca durante el período en que Mogetta se desempeñaba como secretario de Transporte de la Nación. De acuerdo con la denuncia reseñada por Página/12 y con una investigación periodística previa, la firma obtuvo contratos para trabajos viales y otras obras provinciales. La legisladora pidió esclarecer el origen de los fondos utilizados y determinar si existieron recursos nacionales o intervenciones de organismos bajo la órbita del Estado nacional.
Entre las hipótesis planteadas por la denunciante aparece la posibilidad de que algunas obras se hubieran financiado con fondos nacionales y que su ejecución estuviera vinculada con acuerdos políticos entre la administración central y el Gobierno catamarqueño. Esa posibilidad constituye una línea de investigación propuesta en la denuncia, no un hecho judicialmente probado. Para verificarla será necesario establecer quién financió cada proyecto, qué organismos participaron en su contratación, cómo se evaluaron las ofertas y si Mogetta tuvo alguna intervención directa o indirecta en decisiones que pudieran beneficiar a la empresa de su familia.
Los controles estatales y el papel del Ministerio de Economía
La denuncia también apunta a los funcionarios y organismos que participaron en la evaluación y adjudicación del Tramo Centro. El procedimiento fue formalizado por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 1379/2026, que aprobó la adjudicación de distintos tramos de la Red Federal de Concesiones conforme a las recomendaciones de la comisión evaluadora. En los fundamentos de la norma se indica que el procedimiento se desarrolló bajo las reglas previstas en los pliegos y que el dictamen de evaluación no recibió impugnaciones dentro del mecanismo establecido.
Ese dato administrativo no resuelve, por sí solo, las cuestiones planteadas por la denuncia. La ausencia de impugnaciones durante una licitación no equivale necesariamente a una certificación de que no existieron conflictos de intereses, del mismo modo que la presentación de una denuncia no demuestra que los controles hayan sido deficientes. El punto central será conocer qué información patrimonial y societaria tenían a disposición las autoridades, qué verificaciones se realizaron y si correspondía adoptar medidas adicionales. El análisis de los expedientes permitirá determinar si el procedimiento se ajustó tanto a las reglas de contratación como a las obligaciones de integridad que rigen para los funcionarios públicos.
Qué delitos se pide investigar y qué deberá determinar la Justicia
Según la información publicada sobre la presentación, Pagano solicitó investigar posibles delitos relacionados con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, utilización de información reservada con fines de lucro, irregularidades en declaraciones juradas patrimoniales, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La calificación jurídica definitiva dependerá de los hechos que puedan acreditarse, de las pruebas reunidas y de la evaluación que realicen los magistrados intervinientes. Una denuncia penal es el inicio de una posible investigación y no equivale a un procesamiento ni a una condena.
Entre las medidas de prueba que se mencionaron en la cobertura de la presentación figuran el acceso al expediente administrativo completo de la licitación, la revisión de documentación contable y societaria de las empresas involucradas y el examen de las declaraciones patrimoniales del exfuncionario. Esos elementos podrían ayudar a reconstruir la cronología de las decisiones, la estructura accionaria de las compañías y la eventual existencia de comunicaciones o intervenciones relevantes. El desafío para la Justicia será distinguir entre relaciones comerciales legales, decisiones administrativas regulares y conductas que, de comprobarse, pudieran configurar una infracción ética o un delito.
Una controversia sobre las concesiones y la transparencia pública
El caso Mogetta instala una discusión de alcance nacional sobre la transparencia en la administración de rutas y la transferencia de infraestructura pública al sector privado. Las concesiones por períodos prolongados involucran decisiones con efectos directos sobre el mantenimiento de los caminos, los costos de transporte y las condiciones de circulación. Por eso, además de evaluar los aspectos económicos de cada oferta, resulta fundamental que los procedimientos contemplen mecanismos eficaces para prevenir conflictos de intereses y asegurar que las decisiones estatales se adopten en función del interés público.
La adjudicación del Tramo Centro quedó formalizada mediante una resolución oficial, mientras que la denuncia de Pagano busca determinar si existieron irregularidades vinculadas con la participación de una empresa de la familia del exsecretario. La investigación deberá establecer si las decisiones adoptadas durante la gestión de Mogetta guardaron relación con el resultado de la licitación y si los controles administrativos fueron adecuados. Hasta que esos puntos se esclarezcan, corresponde mantener la distinción entre los hechos documentados, las sospechas expuestas en la presentación y las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia. El resultado será relevante no solo para los involucrados, sino también para la confianza pública en la gestión de la infraestructura vial argentina.
Fuente: Página 12
