En un contundente editorial en Radio 10, Fernando Borroni cuestionó el modelo de libre mercado y sostuvo que la discusión política de fondo pasa por definir qué lugar ocupan el Estado, los derechos y las necesidades de las mayorías frente a los intereses económicos. A partir de casos vinculados con la vivienda en España, las condiciones laborales de los periodistas y el costo de la atención médica, planteó que el debate no debe centrarse en las decisiones individuales, sino en las reglas que permiten que el mercado condicione la vida de las personas.
El periodista Fernando Borroni propuso una reflexión sobre los modelos de país en disputa y advirtió que la Argentina atraviesa una discusión que va mucho más allá de los nombres propios y las candidaturas. En su editorial en Radio 10, sostuvo que es necesario profundizar qué significa defender un proyecto político y qué consecuencias concretas tiene el modelo económico sobre la vida cotidiana. Para ilustrar su planteo, vinculó distintas situaciones que, aunque ocurren en ámbitos diferentes, tienen un denominador común: el poder que adquieren los intereses económicos cuando las necesidades sociales quedan subordinadas a la capacidad de pago de cada persona.
Uno de los ejemplos que tomó fue el de María del Carmen Abascal, una mujer de 87 años que había alquilado durante décadas una vivienda en Madrid y cuyo desalojo generó una fuerte discusión pública en España. Borroni recuperó el caso para poner en debate el derecho a la vivienda y la situación de las personas mayores frente a las reglas del mercado inmobiliario. La controversia, señaló, expone una contradicción social: mientras una persona puede pasar gran parte de su vida cumpliendo con el pago de un alquiler y aun así quedar expuesta a perder su hogar, otras tienen capacidad económica para acumular numerosas propiedades.
En ese contexto, el editorial mencionó las informaciones sobre la cantidad de departamentos que tendría Diego Simeone, entrenador argentino del Atlético de Madrid. Borroni aclaró que el problema, desde su perspectiva, no es necesariamente el individuo que adquiere propiedades dentro de las reglas vigentes, sino un sistema que permite una concentración patrimonial de esa magnitud mientras amplios sectores encuentran dificultades para acceder a una vivienda. Su planteo apuntó a diferenciar la legalidad de una conducta de la discusión política y ética sobre las normas que organizan una sociedad.
“Lo que está mal es el modelo que lo autoriza”, sintetizó el periodista al desarrollar su crítica. Para Borroni, no alcanza con cuestionar moralmente a quienes acumulan riqueza ni con exigir comportamientos solidarios a quienes tienen mayores recursos. La discusión central consiste en determinar si las reglas del mercado deben ser suficientes para ordenar el acceso a bienes esenciales o si corresponde establecer límites y garantías públicas que contemplen las necesidades de la población. Desde esa mirada, el derecho a una vivienda digna no debería quedar condicionado exclusivamente por la rentabilidad de una propiedad.
El segundo caso que incorporó fue el del periodista Robertito Funes, quien, según contó públicamente en redes sociales, recibió la comunicación de que dejaría de trabajar bajo relación de dependencia para pasar a facturar sus servicios. Borroni utilizó esa situación para analizar la transformación de los vínculos laborales y el riesgo de que las empresas trasladen a los trabajadores las consecuencias de sus decisiones. El conductor remarcó que estas prácticas pueden afectar incluso a personas que no necesariamente cuestionan el funcionamiento del mercado, porque la lógica empresarial no distingue entre las convicciones políticas de quienes trabajan y sus necesidades concretas de estabilidad e ingresos.
El acceso a la salud fue el tercer eje de su argumento. Borroni relató que le habían informado que debía pagar 950.000 pesos para realizarse una resonancia magnética, pese a contar con cobertura médica. A partir de esa experiencia personal, sostuvo que el problema de fondo no consiste solamente en el precio fijado por un prestador, sino en la capacidad del Estado para regular el sistema y evitar que las prestaciones sanitarias se conviertan en un negocio inaccesible. La salud, planteó, no puede depender únicamente de cuánto dinero tiene una persona para afrontar un estudio o un tratamiento.
A partir de estos ejemplos, el periodista propuso distinguir dos grandes modelos: uno orientado a la producción, la industria, la soberanía y la independencia económica, y otro que, según su caracterización crítica, conduce a una economía dependiente, con pérdida de capacidad industrial y subordinación a intereses externos. También describió la disputa como una tensión entre un modelo en el que el mercado organiza buena parte de las decisiones económicas, culturales y sociales, y otro en el que el Estado tiene un papel activo en la planificación, la regulación y la garantía de derechos. Aclaró que mercado y Estado no pueden eliminarse mutuamente, pero defendió que el primero tenga límites cuando sus decisiones afectan el bienestar colectivo.
En el tramo final, Borroni convocó a los sectores nacionales y populares a defender sin temor la regulación estatal y a discutir qué sociedad quieren construir. Para el periodista, la libertad económica no puede ser entendida como una autorización ilimitada para concentrar recursos, mientras las mayorías enfrentan dificultades para acceder a derechos básicos. “Las naciones son más importantes, los pueblos son más importantes”, sostuvo al reclamar que las decisiones públicas prioricen a la ciudadanía por encima de los intereses de pequeños grupos económicos. Su conclusión fue que el debate sobre el modelo también es cultural: se trata de elegir entre una sociedad que reconoce a las personas como ciudadanos con derechos y otra que las valora principalmente por su capacidad de consumir.
Fuente: Radio 10
