Un relevamiento de CEOP Latam difundido por Minuto Uno y C5N muestra que el 77% de los consultados considera que el Estado debe ser el principal responsable de garantizar el bienestar social. Además, el 76,5% respalda una intervención estatal activa en la economía y el 66,5% prioriza el desarrollo de la industria nacional frente a la competencia de productos extranjeros. Los resultados reabren el debate sobre cuánto logró instalar el ideario libertario en la sociedad argentina.
Una nueva encuesta sobre las opiniones económicas de la sociedad argentina puso el foco en una tensión central para el Gobierno de Javier Milei: la distancia entre las ideas libertarias que promueve la Casa Rosada y las preferencias expresadas por una parte importante de la población. El estudio, elaborado por CEOP Latam y difundido por Minuto Uno y C5N bajo el título El Estado en la economía, indagó sobre el papel que debe cumplir el sector público en el bienestar social, la actividad económica, la protección de la industria nacional, el ajuste fiscal y los impuestos. Los resultados muestran un respaldo mayoritario a distintas formas de intervención estatal, aunque con diferencias según el tema consultado.
Uno de los datos centrales del relevamiento indica que el 77% de los encuestados considera que el Estado debe ser el principal responsable de asegurar el bienestar de la población. Dentro de ese universo, el 52,7% manifestó estar muy de acuerdo con esa afirmación y el 24,2% dijo estar algo de acuerdo. En contraposición, el 22,1% expresó su desacuerdo. El resultado muestra que, frente a una pregunta directa sobre las responsabilidades sociales del Estado, una mayoría de los participantes respaldó su intervención como garante del bienestar, una posición que contrasta con el énfasis del Gobierno nacional en la reducción del gasto público y la redefinición de las funciones estatales.
La intervención en la economía también obtuvo un nivel elevado de adhesión. Según el estudio, el 76,5% considera que el Estado debe intervenir de manera muy activa o algo activa en la economía del país. El dato pone en discusión uno de los principios centrales del programa libertario, que plantea limitar la participación estatal y ampliar el espacio de decisión del mercado. Sin embargo, la respuesta de los encuestados no implica necesariamente un respaldo a todas las políticas públicas existentes, sino que expresa una preferencia general por mantener algún grado de intervención estatal en el funcionamiento económico. La diferencia es importante para interpretar los resultados sin convertir una pregunta de opinión en una definición política absoluta.
La defensa de la producción nacional aparece como otro de los ejes relevantes. Ante la disyuntiva entre fomentar la industria argentina o priorizar la libre competencia con productos extranjeros, el 66,5% eligió respaldar el desarrollo industrial local, mientras que el 30,9% se inclinó por el libre mercado. La discusión adquiere relevancia en un escenario en el que la apertura comercial, la competencia de importaciones y las condiciones de la actividad manufacturera forman parte de las controversias sobre el rumbo económico. El dato refleja una preferencia mayoritaria por la promoción de la industria nacional, aunque la encuesta, por sí sola, no permite establecer qué instrumentos concretos consideran adecuados los participantes para alcanzar ese objetivo.
El ajuste fiscal también recibió una evaluación mayoritariamente crítica. El 58,7% de los consultados consideró que el ajuste aplicado por el Gobierno fue demasiado o que directamente no debería haberse realizado. En cambio, el 39,9% sostuvo que el nivel alcanzado ya es suficiente o que resulta necesario profundizarlo. La diferencia refleja una sociedad dividida frente a la política de reducción del gasto público, aunque con mayor proporción de respuestas contrarias a la intensidad del ajuste. El resultado se vincula con una discusión que atraviesa áreas sensibles como las universidades públicas, las prestaciones sociales, la obra pública y el financiamiento de las provincias, donde las decisiones presupuestarias tienen consecuencias concretas sobre servicios, ingresos y actividades económicas.
La cuestión tributaria mostró un escenario mucho más equilibrado. El 50,4% de los participantes se inclinó por que las personas de mayores ingresos paguen más impuestos, mientras que el 48,2% prefirió una reducción impositiva generalizada. A diferencia de las preguntas sobre bienestar social, intervención económica y producción nacional, aquí las posiciones aparecen prácticamente divididas en dos mitades. Este resultado introduce un matiz importante: el respaldo a un Estado activo no implica automáticamente un consenso sobre cómo financiarlo ni sobre qué esquema impositivo debería aplicarse. La encuesta registra una diferencia reducida entre ambas alternativas, por lo que el debate fiscal continúa siendo uno de los puntos donde las preferencias sociales aparecen más repartidas.
El informe también examinó las diferencias entre las identidades políticas de los encuestados. Según los datos publicados, más del 96% de quienes se identifican con la oposición respalda la idea de un Estado presente y activo. Entre los votantes de Milei, en cambio, el 44% considera que el Estado debe garantizar el bienestar social y el 41,6% demanda una intervención activa en la economía. Estos resultados muestran que las preferencias sobre el papel del Estado no coinciden de manera automática con la identificación electoral. Sin embargo, para dimensionar el alcance de esa diferencia es importante contar también con la ficha técnica completa del estudio, el tamaño de la muestra, las fechas del trabajo de campo y la metodología empleada, información que no aparece íntegramente en el contenido abierto de la publicación.
En definitiva, el relevamiento de CEOP Latam aporta una fotografía de las preferencias económicas de los encuestados y muestra un respaldo considerable a la intervención estatal, la protección de la industria nacional y la revisión del ajuste. Al mismo tiempo, registra una división mucho más estrecha en materia impositiva y diferencias entre los propios votantes del oficialismo. Los datos no permiten concluir por sí solos que el modelo libertario haya perdido apoyo electoral ni anticipar el resultado de futuras elecciones, pero sí plantean un interrogante sobre la aceptación social de algunas de sus principales definiciones económicas. La discusión de fondo continúa abierta: qué funciones debe asumir el Estado, cómo impulsar la producción y de qué manera distribuir los costos del programa económico.
Fuente: Minuto Uno
