La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por los hijos de Cristina Fernández de Kirchner para suspender la ejecución patrimonial de la condena. El trámite involucra bienes alcanzados por el decomiso de la causa Vialidad, cuyo monto actualizado ronda los $685.000 millones. Sin embargo, la definición sobre la ejecución de los inmuebles todavía depende de decisiones pendientes de la Corte Suprema.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por Máximo y Florencia Kirchner para frenar el avance del decomiso dispuesto en la causa Vialidad. La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes consideraron inadmisibles las presentaciones. De esta manera, el tribunal habilitó la continuidad del trámite de ejecución patrimonial que busca hacer efectivo el decomiso de bienes vinculado con la condena por irregularidades en la obra pública de Santa Cruz.
Los planteos de los hijos de la expresidenta buscaban suspender el procedimiento y las medidas cautelares sobre los bienes hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera una queja relacionada con el decomiso. Las defensas cuestionan que el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner pueda quedar alcanzado por una condena en la que ellos no fueron condenados. El expediente incluye propiedades y activos que, según los planteos judiciales, fueron transmitidos a los hijos por Cristina y Néstor Kirchner. La discusión sobre el alcance de esas medidas continúa en las instancias judiciales correspondientes.
La Cámara fundamentó su decisión en cuestiones procesales. Los magistrados entendieron que la resolución impugnada no constituía una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a ella, y que tampoco impedía la continuidad del proceso. Además, consideraron que los recurrentes no demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. El tribunal aclaró que los planteos no habían sido rechazados definitivamente en cuanto a su contenido, sino que su tratamiento había quedado diferido para una etapa procesal posterior.
El monto actualizado del decomiso dispuesto en la causa asciende a aproximadamente $684.990 millones. Esa cifra corresponde a la suma que la Justicia busca recuperar para el Estado en relación con los daños atribuidos en el expediente. La actualización del monto constituye una cuestión distinta de la ejecución concreta de los bienes: aunque el valor ya fue establecido judicialmente, todavía deben resolverse aspectos vinculados con cuáles propiedades serán utilizadas para cubrirlo y cuáles podrían pasar a una instancia de subasta.
Entre los bienes alcanzados aparecen inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, además de propiedades vinculadas con sociedades como Hotesur y Los Sauces. El listado mencionado en el expediente incluye terrenos, departamentos y establecimientos hoteleros. La ejecución busca determinar qué activos pueden utilizarse para satisfacer el monto fijado por la Justicia. No obstante, la situación de cada propiedad depende de las decisiones judiciales sobre su titularidad, su vinculación con los hechos investigados y las medidas que correspondan en el marco del decomiso.
En paralelo, Sebastián Sánchez, director titular de Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., también había cuestionado que se postergara la intervención de esas empresas en el incidente referido a bienes de su titularidad. Casación rechazó igualmente ese planteo por razones procesales. La decisión permite que el procedimiento siga adelante, pero no resuelve de manera definitiva todas las controversias sobre los derechos que puedan invocar terceros o las sociedades involucradas respecto de determinados activos.
El avance del expediente no significa que el remate de los inmuebles vaya a comenzar de inmediato. La Corte Suprema todavía debe resolver cuestiones pendientes relacionadas con la ejecución patrimonial, mientras que la Justicia debe completar pasos previos, entre ellos la tasación de propiedades y la determinación de los bienes que podrían quedar afectados a otros destinos judiciales. Por ese motivo, el rechazo de los recursos constituye un avance procesal para la continuidad del trámite, pero no equivale a la realización inmediata de las subastas.
La decisión vuelve a colocar la causa Vialidad en el centro de la discusión política y judicial argentina. Mientras los tribunales avanzan con el procedimiento de decomiso derivado de la condena, las defensas de la familia Kirchner mantienen cuestionamientos sobre el alcance de las medidas patrimoniales y aguardan definiciones de la Corte Suprema. El punto central de esta nueva resolución es que Casación no admitió los recursos destinados a frenar el trámite, por lo que el proceso continúa, aunque la ejecución definitiva de los bienes todavía requiere resolver las instancias pendientes.
Con ayuda de Filo News
