El sindicato estatal rechazó el proyecto de retiros voluntarios que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que podría utilizarse para presionar a trabajadores a abandonar sus puestos. Según la información a la que accedió ATE, la iniciativa alcanzaría a más de 21.000 empleados públicos y establecería restricciones para volver a trabajar en el Estado. Rodolfo Aguiar anticipó que el gremio evalúa medidas de fuerza.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó su rechazo al proyecto de retiros voluntarios que prepara el Gobierno de Javier Milei para la Administración Pública Nacional. El sindicato sostiene que la iniciativa podría convertirse en un mecanismo de presión sobre los empleados públicos, en un contexto marcado por la reducción de estructuras estatales y los cuestionamientos a la estabilidad laboral. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó el plan como un esquema de “despidos extorsivos” y anticipó que la organización analiza medidas de acción directa para enfrentar su implementación.
La preocupación sindical se basa en información obtenida del expediente administrativo EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE, que contendría el proyecto de decreto en preparación. De acuerdo con los datos difundidos por ATE y publicados por La Nueva Mañana, el programa podría alcanzar a unos 21.187 trabajadores y tendría como objetivo obtener aproximadamente 2.187 adhesiones. El costo inicial estimado se ubicaría entre los 116.500 y los 130.000 millones de pesos. Estas cifras corresponden a las previsiones atribuidas al proyecto y no deben confundirse con resultados de un programa ya ejecutado.
Uno de los puntos que cuestiona el gremio es la presunta falta de libertad real para decidir. Aguiar sostuvo que algunos trabajadores estarían recibiendo el mensaje de que deben aceptar el retiro o podrían quedar en situación de disponibilidad y posteriormente ser despedidos. Para el dirigente, una decisión tomada bajo amenaza no puede considerarse verdaderamente voluntaria. La discusión plantea así un interrogante sobre las condiciones en las que se ofrecería la salida del empleo público y las garantías que tendrían los trabajadores para rechazarla sin sufrir represalias.
Según la información publicada, quienes se incorporen al régimen no podrían volver a trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años, mientras que las vacantes generadas no podrían cubrirse durante al menos dos años. El proyecto estaría dirigido al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían excluidos, según la descripción difundida, determinados contratados sin estabilidad, las personas bajo sumario y quienes ya hubieran presentado su renuncia.
La propuesta también contemplaría diferentes modalidades según la situación previsional de cada trabajador. Para quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria, pero todavía no reúnen todos los requisitos para acceder al beneficio, se prevé una modalidad de asistencia económica transitoria. En el caso del grupo que ya tiene la edad y los aportes necesarios, el proyecto establecería el pago del 60% del salario bruto por un máximo de 36 meses, con continuidad de los aportes previsionales y de obra social durante ese período. La aplicación concreta de estas condiciones dependerá del contenido definitivo de la norma, que al momento de la publicación se encontraba en etapa de proyecto.
Aguiar cuestionó además el argumento de que los retiros permitirían reducir el gasto estatal. Según el titular de ATE, el Estado podría terminar pagando servicios externos a consultoras privadas para realizar tareas que antes desarrollaban trabajadores con experiencia en la administración pública. El dirigente advirtió que la combinación de salidas de personal y restricciones para cubrir vacantes podría afectar el funcionamiento de distintas dependencias y la prestación de servicios esenciales. Estas críticas forman parte de la posición del sindicato frente a una política que todavía debe analizarse a partir de su texto definitivo y sus condiciones de implementación.
El secretario general de ATE también vinculó el proyecto con las experiencias de los años noventa, cuando los programas de reducción del empleo público y las privatizaciones transformaron la estructura estatal y el mercado laboral argentino. “En los ’90 también dijeron que eran una oportunidad”, recordó, al advertir sobre las consecuencias sociales que, según su interpretación, podría generar una nueva reducción de puestos de trabajo. La comparación expresa el temor del gremio a que el retiro de personal con experiencia se traduzca en pérdida de capacidades estatales y mayores dificultades para sostener la atención pública.
ATE anunció que evalúa medidas de fuerza, aunque la modalidad y las fechas todavía debían confirmarse al momento de la publicación. El conflicto se suma a las diferencias que el sindicato mantiene con el Gobierno nacional por los salarios, las condiciones de empleo y la reorganización de la administración pública. El próximo paso será conocer el texto definitivo del decreto y determinar si conserva las condiciones difundidas, qué garantías establece para los trabajadores y cómo se aplicará en cada organismo. Mientras tanto, el gremio anticipa que buscará frenar una iniciativa que considera perjudicial para el empleo estatal y para la continuidad de los servicios públicos.
Con ayuda de la Nueva Mañana
