El Gobierno nacional adjudicó el 90% de las acciones de AySA al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que ofertó US$340,2 millones y superó al Grupo Roggio. El nuevo operador tendrá una concesión de 30 años y asumirá compromisos de inversión por US$1.940 millones durante los primeros cinco años.
El Gobierno nacional adjudicó este jueves el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, que presentó una oferta de US$340,2 millones. El grupo, que incluye a Transclor, empresa del empresario Mauricio Filiberti, superó la propuesta realizada por el consorcio encabezado por Roggio, que había ofertado US$285 millones. La operación representa el avance de uno de los principales procesos de privatización impulsados por la administración de Javier Milei y pone nuevamente bajo control privado una compañía estratégica encargada del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La diferencia económica entre ambas propuestas fue de US$55,2 millones. De acuerdo con la información difundida tras la apertura de las ofertas, la propuesta del consorcio ganador superó en casi un 20% a la del grupo Roggio. Sin embargo, el monto quedó por debajo de las expectativas que había manejado el Gobierno nacional, que estimaba recaudar alrededor de US$450 millones por el 90% de la empresa. El precio ofrecido equivale, tomando como referencia la totalidad del paquete accionario, a unos US$378 millones, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada.
La adjudicación implica una concesión de 30 años y contempla un ambicioso esquema de inversiones para el período. El consorcio ganador informó que asumirá un compromiso contractual de US$1.940 millones durante los primeros cinco años y de aproximadamente US$15.040 millones a lo largo de las tres décadas de concesión. Según el esquema previsto en el proceso licitatorio, las inversiones deberán orientarse a obras destinadas a mejorar y ampliar la infraestructura del servicio. Las redes, plantas, bombas y cañerías que se incorporen durante la concesión permanecerán como activos estatales una vez finalizado el contrato.
AySA presta actualmente los servicios de agua potable y saneamiento cloacal a unos 14 millones de personas de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. El contrato establece además metas progresivas de cobertura. Para 2031 se plantea avanzar sobre los niveles actuales y, hacia el final del período inicial de 30 años, alcanzar como mínimo una cobertura del 90% en agua potable y del 75% en saneamiento. Se trata de objetivos que colocan el cumplimiento de las obras y la calidad del servicio como algunos de los principales puntos que deberán ser monitoreados durante la nueva etapa de gestión privada.
Uno de los aspectos que genera particular interés alrededor de la operación es la participación de Mauricio Filiberti. El empresario es propietario de Transclor, compañía que desde hace años mantiene una relación comercial con AySA y que provee productos químicos utilizados en el proceso de potabilización del agua. La propia Agencia Noticias Argentinas había señalado previamente que Transclor era proveedora de AySA y que, al mismo tiempo, pasó a integrar el consorcio interesado en adquirir el control de la empresa. La situación coloca bajo la lupa las futuras condiciones de contratación, compras y vínculos comerciales entre la compañía privatizada y empresas relacionadas con sus nuevos accionistas.
Filiberti, además, mantiene participación en el sector energético junto con José Luis Manzano y Daniel Vila a través de Edenor. Este vínculo adquiere relevancia porque AySA es uno de los grandes consumidores de electricidad del Área Metropolitana de Buenos Aires. La eventual relación entre empresas vinculadas en distintos puntos de la cadena de servicios públicos constituye uno de los elementos que deberán observarse durante la nueva etapa, particularmente en materia de contratos, costos y mecanismos de control. Estos vínculos forman parte del entramado empresarial que rodea al consorcio que quedó al frente del proceso de adjudicación.
El resultado de la licitación también marca el regreso de AySA a manos privadas veinte años después de la salida del grupo francés Suez. La empresa había sido privatizada en 1993 bajo la denominación Aguas Argentinas y, en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Estado rescindió la concesión y recuperó el control del servicio. Ahora, dos décadas después, el Gobierno de Milei avanza con una nueva transferencia del 90% de las acciones estatales a un grupo privado, en el marco del programa de privatizaciones establecido a partir de la Ley Bases y las normas complementarias.
La operación todavía contempla instancias administrativas antes de su cierre definitivo: Noticias Argentinas informó que resta la revisión final de la Comisión de Evaluación. Una vez completado ese proceso, el nuevo operador deberá asumir la gestión de la compañía de acuerdo con el cronograma establecido en el pliego, con una concesión que se extenderá hasta 2056 y que podría ser prorrogada por otros diez años. La privatización de AySA abre así una nueva etapa para uno de los servicios públicos esenciales del AMBA, con una fuerte apuesta oficial por la inversión privada y con el desafío de garantizar que los compromisos de obras, cobertura, calidad y prestación se cumplan durante las próximas décadas.
Fuente: Noticias Argentinas
