Las dos centrales sindicales, junto al CECIM La Plata y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, se movilizaron frente al Palacio de Justicia para cuestionar la decisión del máximo tribunal que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Hugo “Cachorro” Godoy calificó el fallo como una “infame traición a la patria” y anunció nuevas movilizaciones hacia el Congreso.
Las dos CTA, junto al Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y distintas organizaciones territoriales, políticas y de derechos humanos, se movilizaron este martes hacia los Tribunales porteños para expresar su rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en la causa vinculada con la Ley de Tierras Rurales. La protesta tuvo como eje la defensa de la soberanía nacional y el cuestionamiento a la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la normativa sancionada en 2011 para establecer límites a la propiedad extranjera de tierras rurales.
Durante el acto, el secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó duramente la decisión del máximo tribunal y utilizó la expresión “infame traición a la patria” para referirse al fallo. El dirigente sostuvo que la movilización expresa el rechazo de distintos sectores sociales y sindicales a una resolución que, desde su perspectiva, afecta la soberanía sobre el territorio nacional. Sus declaraciones forman parte de la posición política de las organizaciones convocantes y no constituyen una caracterización jurídica de la sentencia.
El conflicto judicial se originó a partir de una presentación realizada por el CECIM La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023. En marzo de 2024, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional ese artículo. Sin embargo, la Corte Suprema revocó posteriormente esa resolución al considerar que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para promover la acción en esos términos. El máximo tribunal aclaró que su decisión estuvo vinculada con la legitimación procesal y no implicó un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.
Como consecuencia de la decisión de la Corte, quedó vigente la derogación de la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, que había sido sancionada en 2011. Esa norma establecía, entre otras restricciones, un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de establecer límites para la concentración por nacionalidad y determinadas restricciones vinculadas con zonas fronterizas y cursos de agua.
Para las organizaciones movilizadas, la eliminación de esas restricciones abre un debate de fondo sobre la soberanía territorial, la concentración de la propiedad y el control nacional sobre recursos estratégicos. El CECIM, en particular, sostiene que la defensa de las tierras está vinculada con sus objetivos institucionales relacionados con la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Desde esa perspectiva, sus representantes cuestionaron que la Corte haya considerado que la organización carecía de legitimación para llevar adelante la demanda.
La protesta también planteó una salida política a través del Congreso Nacional. Godoy anunció que las organizaciones continuarán movilizándose y anticipó una nueva jornada frente al Parlamento para reclamar que Diputados avance contra el DNU 70/2023. El Senado ya había rechazado el decreto en marzo de 2024, pero bajo el régimen de control legislativo de los DNU su rechazo por una sola Cámara no alcanza para producir su derogación definitiva. En este contexto, sectores opositores impulsan una sesión especial para el 15 de octubre.
La jornada también reunió reclamos vinculados con la defensa de la educación, el Estado y otros derechos sociales. Pablo Spataro, secretario general adjunto de la CTA, afirmó que la movilización debía continuar y cuestionó tanto el fallo como el argumento referido a la legitimación del CECIM. En tanto, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sostuvo que la conflictividad podría profundizarse y vinculó la próxima convocatoria al Congreso con la disputa política alrededor del DNU.
El reclamo de las CTA se inscribe así en una disputa que combina una controversia judicial con una discusión política más amplia sobre la propiedad de la tierra, la soberanía nacional y el alcance del DNU 70/2023. Mientras las organizaciones sindicales y sociales consideran que la derogación de la Ley de Tierras puede favorecer procesos de extranjerización y reclaman una respuesta del Congreso, la Corte Suprema fundamentó su decisión en cuestiones de legitimación procesal. La próxima movilización anunciada hacia el Congreso buscará trasladar nuevamente esa discusión al terreno legislativo.
Fuente: InfoGremiales
