La diputada nacional y secretaria general de FeSITRAJU participó en una jornada internacional en el Vaticano y vinculó justicia ambiental, derechos humanos y soberanía nacional. En su exposición cuestionó los posibles efectos de la derogación de la Ley de Tierras y reivindicó el reclamo argentino por las Islas Malvinas.
La diputada nacional Vanesa Siley llevó al Vaticano el debate argentino sobre soberanía, tierras y Malvinas durante su participación en la jornada internacional “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, organizada por el Instituto de Formación y Capacitación y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, con el patrocinio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. En ese ámbito, la legisladora planteó que la justicia ambiental debe ser analizada en relación con los derechos humanos, la democracia y la defensa de los recursos naturales.
Durante su exposición, Siley sostuvo que el control de constitucionalidad y de convencionalidad de los tribunales también debe impedir retrocesos que, según su interpretación, puedan facilitar la extranjerización de recursos, afectar la soberanía nacional o vulnerar derechos. La dirigente, que además conduce la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, vinculó estos planteos con la necesidad de aplicar los estándares establecidos por la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referida a la relación entre derechos humanos y emergencia climática.
Uno de los puntos destacados de su intervención estuvo relacionado directamente con la cuestión Malvinas. Siley incorporó a su exposición el reclamo argentino por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, al considerar que la defensa del ambiente, los recursos naturales y la soberanía territorial forman parte de una misma discusión. La legisladora recordó que Argentina mantiene desde hace décadas su reclamo diplomático por las islas, bajo ocupación británica, y planteó la cuestión ante un ámbito internacional vinculado con la justicia y los derechos humanos.
El planteo adquirió especial relevancia por el contexto político y judicial argentino. Días atrás, la Corte Suprema revocó una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que no resolvió sobre la constitucionalidad de fondo de la derogación, sino que consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promover esa acción colectiva. Como consecuencia, volvió a quedar vigente el artículo 154 del DNU 70/2023 que había derogado la Ley de Tierras.
La Ley de Tierras establecía distintos límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otras restricciones, fijaba un máximo del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental; además, establecía límites para la participación de personas de una misma nacionalidad y restricciones específicas para determinados inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera o vinculados con cuerpos de agua relevantes. Con la vigencia nuevamente plena del artículo 154 del DNU 70/2023, esas limitaciones nacionales dejaron de regir.
La decisión judicial generó críticas de distintos sectores políticos, sindicales y sociales. Siley cuestionó públicamente el fallo y sostuvo que la decisión afecta la soberanía nacional, mientras que otros dirigentes reclamaron que el Congreso intervenga en el debate. En paralelo, distintos bloques opositores impulsaron una sesión especial en Diputados para discutir el DNU 70/2023, que había sido rechazado por el Senado en 2024. La eventual derogación del decreto requeriría ahora que la Cámara baja también lo rechace.
El debate también encontró eco dentro de sectores de la Iglesia argentina. La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y Endepa habían expresado previamente preocupación por iniciativas que pudieran favorecer una mayor concentración o extranjerización de tierras y reclamaron que las decisiones sobre el territorio fueran analizadas desde la perspectiva del bien común y la protección de los bienes naturales. Más recientemente, esos sectores volvieron a manifestar su preocupación luego del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.
En ese escenario, la presencia de Siley en el Vaticano permitió trasladar el debate argentino a un foro internacional donde confluyeron magistrados, académicos y especialistas en derechos humanos y justicia climática. Su intervención buscó instalar una mirada que vincula la protección ambiental con la justicia social y la soberanía, mientras en Argentina continúa abierto el debate institucional sobre el alcance del DNU 70/2023, la propiedad de las tierras rurales y el rol que deben asumir el Congreso y la Justicia. El conflicto por la Ley de Tierras, además, volvió a quedar asociado al reclamo histórico por Malvinas y a la discusión sobre el control argentino de sus recursos y territorio.
Fuente: InfoGremiales
