Organizaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas se movilizaron hacia el Palacio de Tribunales en rechazo a la decisión de la Corte Suprema que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Los manifestantes cuestionaron el DNU 70/2023 y reclamaron su derogación.
Agrupaciones políticas, gremiales, sociales y ambientalistas vinculadas a sectores de izquierda se movilizaron este martes hacia el Palacio de Tribunales para expresar su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la Ley de Tierras Rurales. La protesta se desarrolló en el centro porteño y tuvo como eje el reclamo contra la derogación de los límites establecidos para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La movilización fue convocada luego de que el máximo tribunal revocara una sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese artículo había derogado la Ley de Tierras Rurales, una norma sancionada en 2011 que establecía límites a la titularidad extranjera sobre tierras rurales en el territorio argentino. El fallo de la Corte fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no tenía legitimación procesal suficiente para impulsar ese reclamo en defensa de la soberanía territorial. Como consecuencia, quedó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU.
Frente al Palacio de Tribunales, las organizaciones participantes cuestionaron la decisión judicial y sostuvieron que el DNU 70/2023 debería ser derogado. En un documento difundido durante la protesta, las dos CTA, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, espacios políticos y entidades vinculadas al sector rural señalaron que la resolución de la Corte favorece, según su interpretación, la posibilidad de avanzar con la extranjerización de tierras. Entre los reclamos también estuvo la defensa de los recursos naturales y de la capacidad del Estado para establecer restricciones sobre la propiedad rural. Los manifestantes plantearon que la discusión no se limita a la titularidad de los terrenos, sino que involucra cuestiones relacionadas con el territorio, el agua, los alimentos y los recursos naturales. Estas expresiones corresponden a las organizaciones convocantes y forman parte de sus argumentos contra el fallo.
La protesta contó además con la participación de diputados nacionales del Frente de Izquierda, entre ellos Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Durante el acto realizado frente a Tribunales, ambos cuestionaron la decisión del máximo tribunal y convocaron a una nueva movilización al Congreso prevista para el 15 de octubre, en coincidencia con el debate parlamentario previsto en torno al DNU 70/2023. El fallo de la Corte había generado controversia porque, aunque dejó sin efecto la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras, el máximo tribunal posteriormente aclaró que su decisión se había limitado a una cuestión procesal. Según explicó la propia Corte, no se pronunció sobre la constitucionalidad o validez del régimen establecido por el artículo 154 del DNU 70/2023, sino sobre la legitimación del CECIM para promover la acción judicial.
La movilización volvió a instalar así una discusión que combina cuestiones judiciales, políticas y territoriales. Mientras las organizaciones opositoras reclaman la derogación del DNU 70/2023 y la restitución de las restricciones de la Ley de Tierras, la Corte sostiene que su reciente resolución respondió a una cuestión procesal y no constituyó un pronunciamiento sobre el fondo del régimen de tierras. El debate también continuará en el Congreso, donde distintos sectores de la oposición impulsan el tratamiento del decreto.
