El Gobierno porteño prevé destinar más de $10.518 millones durante 2027 para desviar un caño troncal de AySA que pasa por debajo del Paseo Gigena, el desarrollo inmobiliario de Palermo vinculado a Luis Caputo y Santiago Bausili. Mientras la Ciudad afronta la obra, los concesionarios no pagarían canon hasta 2033.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá desembolsar otros $10.518.540.722 para financiar una obra de infraestructura vinculada al Paseo Gigena, el emprendimiento construido en Palermo sobre el terreno donde funcionaba el estacionamiento del Hipódromo. La partida está prevista para 2027 y estará destinada al desvío de un caño troncal de AySA que pasa por debajo del edificio. El dato vuelve a poner bajo discusión el esquema de concesión de un desarrollo privado relacionado con Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausili, actuales funcionarios nacionales.
El Paseo Gigena se encuentra sobre una zona de alto valor inmobiliario y fue concebido como un proyecto comercial y de servicios. El complejo ocupa un predio que anteriormente funcionaba como estacionamiento del Hipódromo de Palermo y su desarrollo estuvo a cargo de inversores privados vinculados a la consultora Anker, fundada por Caputo y Bausili. La obra de infraestructura que ahora deberá financiar la Ciudad surge de una condición técnica relacionada con el sistema de abastecimiento de agua que atraviesa el terreno.
El problema se encuentra en la presencia, debajo del edificio, de un caño maestro de AySA que abastece a una parte importante de la Ciudad. De acuerdo con la información publicada sobre el proyecto, el conducto debía ser reubicado para garantizar tanto el funcionamiento del emprendimiento como el acceso necesario para futuras tareas de mantenimiento. La solución implica una obra de infraestructura de gran magnitud que quedará a cargo del Estado porteño y que demandará más de diez mil millones de pesos según la previsión presupuestaria para 2027.
El nuevo desembolso se suma a otros costos que la administración porteña ya asumió alrededor del proyecto. En febrero de este año, se había informado que la Ciudad destinaría alrededor de $9.600 millones para obras vinculadas a la adecuación de la infraestructura necesaria para habilitar el Paseo Gigena. La continuidad de los gastos vuelve a poner en discusión cuánto termina aportando el sector público para garantizar el funcionamiento de un emprendimiento que permanece bajo explotación privada.
Otro de los puntos cuestionados es el esquema de canon previsto en la concesión. Según la información difundida por LPO, los concesionarios no comenzarían a pagar el canon hasta 2033. El esquema original contemplaba un pago mensual calculado en unidades de compra o, alternativamente, un porcentaje de la recaudación, pero esa obligación quedó postergada. De esta manera, mientras la Ciudad debe afrontar obras de infraestructura millonarias, el retorno económico directo del contrato para el Estado queda diferido durante varios años.
El proyecto también atravesó modificaciones contractuales durante su desarrollo. La concesión, que originalmente había sido planteada por 15 años con posibilidad de una extensión por otros cinco, terminó estableciendo un plazo de 20 años. Además, las dificultades vinculadas al caño de AySA obligaron a rediseñar parte de la infraestructura del edificio para garantizar el acceso al conducto. Las condiciones técnicas terminaron generando nuevas obligaciones y costos asociados al desarrollo.
El caso vuelve así a instalar una discusión más amplia sobre el vínculo entre inversión privada y recursos públicos. El Gobierno porteño presenta estos proyectos como mecanismos de reconversión y aprovechamiento de espacios urbanos, mientras las críticas apuntan a determinar quién absorbe los costos cuando aparecen problemas de infraestructura. En el caso del Paseo Gigena, el Estado debe financiar una obra vinculada directamente con el funcionamiento del complejo, mientras el esquema de concesión contempla un período prolongado antes del inicio del pago del canon.
La previsión de otros $10.518 millones para 2027 vuelve a convertir al Paseo Gigena en un caso de discusión sobre el uso de fondos públicos en desarrollos privados. El dato adquiere además una dimensión política porque el emprendimiento está vinculado a Caputo y Bausili, dos funcionarios centrales de la administración de Javier Milei. La cuestión de fondo será determinar, a medida que avance la concesión, cuál será el costo total para la Ciudad y qué retorno obtendrá el Estado por una explotación que se extenderá durante décadas. Por ahora, el dato concreto es que las arcas porteñas deberán afrontar una nueva inversión millonaria para resolver una infraestructura indispensable para el complejo.
Fuente: La Política Online
