Organizaciones LGBTIQ+ de Córdoba presentaron una denuncia penal contra el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda. Lo acusan de incitación al odio, discriminación y otros posibles delitos a partir de sus declaraciones contra la Ley de Identidad de Género y sus expresiones sobre las identidades trans.
La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros (ATTTA) Córdoba, junto con otras organizaciones de la comunidad LGBTIQ+, presentó una denuncia penal contra el legislador provincial Gregorio Hernández Maqueda a raíz de declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas. La presentación judicial apunta contra expresiones que, según las organizaciones denunciantes, podrían constituir incitación al odio y distintas formas de discriminación hacia las personas trans. El planteo llega después de que el legislador cuestionara públicamente la Ley 26.743 de Identidad de Género y planteara la posibilidad de derogar la normativa vigente desde 2012.
El conflicto tomó mayor dimensión luego de una entrevista que Hernández Maqueda brindó en un canal de streaming, donde volvió a expresar su postura contraria a la actual legislación sobre identidad de género. En esa oportunidad, el legislador sostuvo que le gustaría que la Ley de Identidad de Género fuera derogada y cuestionó que exista una obligación de reconocer el nombre y la identidad de una persona trans en el trato cotidiano. Sus declaraciones generaron una fuerte reacción de las organizaciones de diversidad, que consideran que el planteo desconoce derechos establecidos por una legislación nacional y que sus expresiones pueden contribuir a reproducir situaciones de discriminación.
Uno de los puntos centrales de la controversia es precisamente la Ley 26.743, que establece el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género y permite solicitar la rectificación del nombre, la imagen y el sexo registral en los documentos oficiales. Desde ATTTA señalaron que la posibilidad de adecuar la documentación constituye una herramienta fundamental para garantizar el acceso efectivo a otros derechos. La abogada de la organización, Laura Britos, sostuvo que antes de la vigencia de la norma muchas personas trans quedaban expuestas a situaciones de exclusión cuando sus documentos no coincidían con su identidad y expresión de género.
La presentación judicial sostiene que los dichos atribuidos al legislador podrían encuadrarse en distintas figuras legales. Según informó La Nueva Mañana, la denuncia menciona un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, incitación al odio —prevista en el artículo 3 de la Ley 23.592—, intimidación pública e incitación a la violencia colectiva. Las organizaciones también plantearon que las conductas denunciadas podrían encontrarse agravadas por tratarse, según su interpretación, de expresiones discriminatorias y de persecución hacia un colectivo históricamente vulnerado. Ahora será la Justicia la que deberá determinar si corresponde investigar los hechos y bajo qué figura jurídica.
La controversia también incluye expresiones del legislador que, de acuerdo con la denuncia, patologizarían las identidades trans. La abogada de ATTTA cuestionó que se utilicen conceptos vinculados a la enfermedad para describir identidades de género y remarcó que ese tipo de discursos puede tener consecuencias especialmente delicadas entre niñas, niños y adolescentes trans. Desde las organizaciones sostienen que la discusión no se limita a una diferencia de opiniones sobre una ley, sino que involucra el reconocimiento de derechos y las condiciones sociales en las que las personas trans desarrollan su vida cotidiana.
El caso se inscribe además en una serie de cruces que Hernández Maqueda mantiene con organizaciones de diversidad de Córdoba. Días antes de la denuncia penal, colectivos LGBTIQ+ ya habían anunciado que preparaban acciones judiciales, civiles y contravencionales a partir de sus pedidos de derogación de la Ley de Identidad de Género. También existe un antecedente institucional: durante julio, organizaciones vinculadas a la diversidad habían presentado ante la Legislatura un pedido de juicio político contra el legislador, cuestionando distintas expresiones relacionadas con las personas LGBTIQ+ y las infancias trans.
Desde las organizaciones denunciantes remarcaron que la discusión sobre identidad de género no puede desligarse de la situación de discriminación y violencia que todavía atraviesa a la comunidad LGBTIQ+. En Córdoba, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo viene reclamando políticas públicas específicas y alertando sobre hechos de violencia contra personas de la diversidad. En agosto había advertido que durante los nueve meses anteriores se habían registrado tres crímenes de odio contra integrantes del colectivo en la provincia, al tiempo que reclamó medidas de protección y prevención. Ese contexto es utilizado por las organizaciones para señalar la responsabilidad que, según entienden, tienen los funcionarios y representantes públicos en sus expresiones.
La denuncia contra Hernández Maqueda abre ahora una instancia judicial en la que deberán analizarse los dichos cuestionados, su contexto y su eventual encuadre legal. Las organizaciones esperan el sorteo de la fiscalía que tendrá a su cargo la presentación, mientras el debate político continúa alrededor de una norma que reconoce derechos vinculados a la identidad de género desde hace más de una década. El caso vuelve a poner en discusión los límites entre la libertad de expresión, el debate político sobre las leyes vigentes y la responsabilidad que pueden asumir quienes ocupan cargos públicos cuando realizan declaraciones que son denunciadas como discriminatorias o promotoras de violencia.
Fuente: La Nueva Mañana
