La disputa entre las dos principales autoridades del Ejecutivo boliviano atraviesa una nueva etapa de tensión y ya involucra interpretaciones contrapuestas sobre la sucesión presidencial, el ejercicio del poder desde el exterior y el alcance de las atribuciones del vicepresidente. La controversia suma cuestionamientos institucionales y profundiza las dificultades de gobernabilidad.
La crisis política dentro del Gobierno de Bolivia volvió a profundizarse a partir del enfrentamiento entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara. La relación entre ambos dirigentes, que ya había mostrado fuertes diferencias desde los primeros meses de gestión, derivó en una disputa institucional que alcanzó incluso la interpretación de las normas constitucionales sobre quién debe ejercer la Presidencia cuando el mandatario se encuentra fuera del país.
Uno de los principales puntos de conflicto apareció durante los viajes oficiales de Paz y Lara. El vicepresidente sostuvo que, ante la ausencia temporal del presidente, correspondía aplicar el artículo 169 de la Constitución y que debía asumir la Presidencia en ejercicio. Sin embargo, el Gobierno defendió la vigencia del Decreto Supremo 5515, aprobado en diciembre de 2025, que permite al mandatario ejercer sus atribuciones mediante herramientas tecnológicas cuando se encuentra temporalmente fuera del territorio boliviano.
La controversia llegó a un punto particularmente delicado cuando Paz condujo desde Nueva York una reunión virtual de gabinete mientras se encontraba participando de actividades oficiales en Estados Unidos. En paralelo, Lara planteó que la Constitución establece una línea sucesoria que debe ser respetada. La discusión dejó de ser solamente una diferencia política entre dos integrantes del Ejecutivo y comenzó a involucrar directamente la interpretación de las reglas institucionales que organizan el funcionamiento del Estado.
El artículo 169 de la Constitución Política del Estado establece que, ante un impedimento o ausencia definitiva del presidente, la sucesión corresponde primero al vicepresidente, luego al presidente del Senado y posteriormente al presidente de la Cámara de Diputados. Para una ausencia temporal, la norma establece que el vicepresidente debe asumir la Presidencia por un período que no puede superar los 90 días. La existencia del Decreto 5515 generó, precisamente, el debate sobre cómo debe compatibilizarse esa disposición constitucional con la posibilidad de gobernar a distancia.
El conflicto también tuvo consecuencias políticas dentro de las instituciones bolivianas. Durante una ausencia simultánea de Paz y Lara, el presidente del Senado, Diego Ávila, quedó en el centro de la discusión sobre la sucesión. La Vicepresidencia llegó a plantear que Ávila asumiera el mando mientras Paz participaba de actividades oficiales desde Estados Unidos, una situación que expuso nuevamente las diferencias sobre quién tenía legitimidad para ejercer temporalmente las funciones presidenciales.
La disputa entre Paz y Lara se suma, además, a un escenario político y social complejo para el Gobierno boliviano. Durante 2026 se registraron protestas, bloqueos y reclamos relacionados con el costo de vida, los combustibles, salarios y otras medidas económicas, mientras el Ejecutivo buscó sostener su programa de gobierno frente a una creciente presión social. La conflictividad externa al propio Gobierno se combina así con una disputa interna que afecta a la conducción política del Ejecutivo.
En este contexto, distintos sectores políticos y analistas expresaron posiciones enfrentadas sobre el Decreto 5515 y sus consecuencias institucionales. Algunos cuestionaron que una norma administrativa pueda modificar o limitar las atribuciones previstas constitucionalmente para la Vicepresidencia, mientras que desde el oficialismo se defendió la medida como una herramienta destinada a garantizar la continuidad de la gestión y evitar situaciones de vacío de poder. Las interpretaciones sobre la constitucionalidad y el alcance del decreto continúan siendo objeto de debate.
La tensión entre Rodrigo Paz y Edmand Lara representa así uno de los principales desafíos institucionales del actual Gobierno boliviano. Lo que comenzó como diferencias políticas entre dos integrantes del mismo binomio presidencial terminó involucrando cuestiones vinculadas con la sucesión, las atribuciones constitucionales y la forma de ejercer el poder. Mientras continúan los cruces entre ambos sectores, la resolución del conflicto será determinante para la gobernabilidad y para el funcionamiento institucional de Bolivia.
Fuente: Noticias Argentinas
