El máximo tribunal provincial suspendió el debate oral que debía comenzar el 26 de octubre contra 19 dirigentes sociales y manifestantes imputados por las protestas de junio de 2023 contra la reforma constitucional. Las defensas negocian con la Fiscalía una posible salida alternativa y señalan que dos de los delitos podrían quedar alcanzados por la prescripción.
La Suprema Corte de Justicia de Jujuy resolvió suspender el juicio oral previsto contra 19 dirigentes sociales y manifestantes que participaron de las protestas conocidas como el “Jujeñazo”, ocurridas en junio de 2023 en rechazo a la reforma constitucional impulsada durante la gestión del entonces gobernador Gerardo Morales. El debate estaba previsto para comenzar el próximo 26 de octubre, pero la decisión del máximo tribunal provincial dejó sin efecto, por ahora, el inicio de las audiencias. La causa involucra acusaciones por atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas contra personal policial y daños.
La suspensión se produjo luego de que las defensas informaran a la Corte sobre conversaciones que mantienen con la Fiscalía para intentar alcanzar una solución alternativa al conflicto procesal. La abogada Mariana Vargas, integrante de la defensa, confirmó la decisión y explicó que el planteo ante la Corte provincial se encontraba relacionado con otros recursos que habían sido presentados durante el proceso. De acuerdo con su explicación, cuando se conoció formalmente la decisión del máximo tribunal ya se encontraba en trámite otro pedido de suspensión ante el Tribunal en lo Criminal N° 3 de San Salvador de Jujuy.
Uno de los efectos más importantes de la suspensión está relacionado con los plazos de prescripción. Según explicó Vargas, los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones se encuentran alcanzados por el vencimiento de los plazos legales de persecución penal. Por ese motivo, al no concretarse el juicio en la fecha originalmente prevista, esas imputaciones quedarían sin posibilidad de continuar por prescripción. El delito de daños, en cambio, podría permanecer vigente para un grupo reducido de acusados. La situación procesal definitiva dependerá de las decisiones que adopten los tribunales sobre cada una de las imputaciones.
El expediente tiene su origen en las movilizaciones de junio de 2023, cuando distintos sectores sindicales, sociales, docentes y comunidades originarias se movilizaron contra la reforma de la Constitución provincial. Las protestas estuvieron acompañadas por cortes de rutas, paros y manifestaciones en diferentes puntos de Jujuy. El conflicto derivó en jornadas de fuerte tensión y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, especialmente en Purmamarca y San Salvador de Jujuy, en un escenario que dejó numerosos heridos y detenidos.
La actuación de las fuerzas de seguridad durante aquellas jornadas continúa siendo uno de los principales puntos de discusión. Las defensas sostienen que existe una investigación separada relacionada con la presunta represión ilegal y consideran que ese expediente debería avanzar para determinar eventuales responsabilidades por la violencia institucional registrada durante las protestas. La propia abogada Vargas señaló que esa investigación continúa abierta y que existen demandas vinculadas con funcionarios y con el Estado provincial. La suspensión del juicio contra los manifestantes, por lo tanto, no implica el cierre de las causas relacionadas con el accionar policial.
Desde las organizaciones sociales y sindicales que acompañaron a los imputados, la suspensión fue recibida como un alivio. Santiago Zamora, uno de los 19 acusados y referente de la Corriente Clasista y Combativa, sostuvo que la decisión fue importante para los trabajadores y organizaciones que participaron de aquellas movilizaciones. La Asociación Trabajadores del Estado también había expresado previamente su rechazo al proceso y denunciado una presunta criminalización de la protesta social. Estas posiciones corresponden a las organizaciones y a los imputados, y forman parte de la discusión política y judicial que rodea la causa.
El denominado Jujeñazo se convirtió en uno de los conflictos sociales más importantes de la provincia durante los últimos años. El rechazo a la reforma constitucional coincidió con reclamos salariales de trabajadores estatales y docentes y con la movilización de comunidades indígenas que cuestionaban, entre otros puntos, las modificaciones vinculadas con el territorio y los recursos naturales. En ese contexto surgió también el Tercer Malón de la Paz, que llevó parte de sus reclamos hasta Buenos Aires. La dimensión del conflicto hizo que las denuncias sobre la represión y las causas penales contra manifestantes trascendieran las fronteras de la provincia.
La causa contra los 19 manifestantes había generado además cuestionamientos de las defensas respecto de las garantías del proceso. Antes de la suspensión, los abogados habían señalado que existían recursos pendientes ante la Justicia provincial y ante la Corte Suprema de la Nación, además de planteos vinculados con la posibilidad de incorporar pruebas y testigos. Esas objeciones habían sido utilizadas por las defensas para pedir que el juicio no comenzara mientras no se resolvieran las cuestiones pendientes.
La decisión de la Corte jujeña modifica así el escenario que se había instalado durante las últimas semanas. El juicio que debía comenzar el 26 de octubre quedó suspendido y las partes avanzan en conversaciones para intentar encontrar una salida alternativa. Al mismo tiempo, las causas vinculadas con la presunta represión ilegal continúan abiertas y constituyen otro capítulo de un conflicto que todavía tiene consecuencias judiciales. Para los 19 imputados, la suspensión representa un freno a un proceso que llevaba tres años de recorrido; para la Justicia, todavía quedan definiciones pendientes sobre las imputaciones que puedan subsistir. El “Jujeñazo” vuelve a quedar, de esta manera, en el centro del debate sobre protesta social, respuesta estatal y administración de justicia en Jujuy.
Fuente: Página 12
