El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado para iniciar acciones judiciales destinadas a resguardar el territorio provincial. La decisión se tomó luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, decidió recurrir a la Justicia para defender el régimen de protección sobre las tierras rurales de la provincia, luego del reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A través del Decreto N.º 1935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado para que inicie las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de resguardar los derechos e intereses de Misiones sobre su territorio. La medida vuelve a colocar en el centro de la discusión la normativa que regula la adquisición de tierras rurales por parte de personas extranjeras.
El conflicto se originó a partir de la decisión del máximo tribunal de revocar un fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual se derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. La Corte explicó posteriormente que su decisión estuvo vinculada con una cuestión procesal: consideró que la organización que había promovido la demanda, el CECIM La Plata, no tenía legitimación suficiente para plantear ese reclamo en esos términos. El tribunal aclaró que el fallo no implicó pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo cuestionado.
Desde el Gobierno de Misiones interpretaron que el nuevo escenario jurídico genera una situación de vulnerabilidad para la provincia y decidieron avanzar por la vía judicial. El decreto firmado por Passalacqua sostiene que la derogación del régimen de protección afecta cuestiones vinculadas con la autonomía provincial, la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico y social de Misiones. En ese marco, la administración provincial sostiene que tiene derecho a defender sus intereses frente a las consecuencias que pueda producir la nueva situación normativa.
Uno de los argumentos centrales planteados por el gobernador está relacionado con las características geográficas de Misiones. La provincia posee más del 90% de sus límites conformados por fronteras internacionales, además de una importante superficie de áreas de biodiversidad y una estructura productiva en la que tienen un peso significativo los pequeños productores. Passalacqua sostuvo que esas particularidades requieren una protección específica del territorio y afirmó que la defensa de la tierra misionera constituye, desde su perspectiva, una obligación vinculada con la soberanía provincial.
La discusión también tiene una dimensión económica y ambiental. El territorio misionero concentra recursos naturales, actividades productivas y ecosistemas considerados estratégicos para la provincia. Desde la administración local advierten que una modificación de las reglas sobre la propiedad de tierras rurales puede tener efectos que excedan las operaciones inmobiliarias individuales y alcanzar cuestiones relacionadas con el desarrollo productivo, el control territorial y la preservación de los recursos naturales. Estas son algunas de las razones invocadas por el Gobierno provincial para justificar la intervención judicial.
La posición de Misiones se produce además en medio de una discusión nacional sobre el alcance del DNU 70/2023 y sus efectos sobre la legislación vigente. La Corte Suprema remarcó que su reciente sentencia no impide que el Congreso continúe interviniendo sobre la cuestión ni que otras personas u organizaciones puedan promover reclamos judiciales si consideran que existe una afectación concreta de derechos. El tribunal también señaló que todavía no existe, a partir de ese expediente, un pronunciamiento sobre la validez constitucional definitiva del artículo 154.
El Gobierno misionero, mientras tanto, decidió no limitar su respuesta al debate político y ordenó avanzar formalmente por la vía judicial. Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado Eduardo Duarte para que adopte las medidas necesarias destinadas a defender los intereses de la provincia. El decreto establece que las acciones deberán impulsarse en cada oportunidad que resulte pertinente y por las vías legales correspondientes, dejando abierta la posibilidad de nuevos planteos ante los tribunales según evolucione la situación.
La disputa por la Ley de Tierras queda así nuevamente instalada en la agenda nacional. Mientras Misiones busca defender judicialmente un esquema de protección sobre su territorio, el alcance del DNU 70/2023 continúa siendo objeto de discusión política y judicial. El próximo capítulo dependerá de las presentaciones que realice la provincia, de las decisiones de los tribunales que intervengan y, eventualmente, del tratamiento que el Congreso pueda darle a las normas vinculadas con la propiedad de tierras rurales. Por ahora, Misiones se convirtió en una de las primeras provincias en anunciar una estrategia judicial específica frente al nuevo escenario.
Fuente: La Nueva Mañana
