La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó retrotraer el proceso electoral de la Unión Tranviarios Automotor y fijó los comicios para el 17 y 18 de diciembre. El tribunal detectó cuestionamientos en el padrón, la distribución de las mesas y la oficialización de listas, y designó un veedor judicial para supervisar el proceso.
Las elecciones de autoridades de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que estaban previstas para el 7 y 8 de octubre, fueron suspendidas por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo luego de que el tribunal detectara distintas anomalías en el proceso electoral. La resolución ordenó retrotraer el trámite hasta la etapa de presentación de listas y avales y estableció como nuevas fechas de votación el 17 y 18 de diciembre de 2026.
El fallo fue firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Alejandra Vázquez. La Cámara sostuvo que, en las condiciones en las que se encontraba el proceso, los comicios no podían realizarse válidamente. Además de modificar el cronograma, mantuvo la integración de la Junta Electoral Central y de las juntas electorales locales, pero dispuso que todo el proceso quede bajo fiscalización permanente de un veedor judicial.
El abogado Matías Cremonte fue designado para cumplir esa función. Según la resolución, tendrá acceso a registros, bases de datos y documentación electoral, podrá asistir a las reuniones de la Junta Electoral y deberá controlar las distintas etapas del proceso hasta la realización de los comicios. La medida busca supervisar la reconstrucción del proceso luego de las observaciones realizadas por el tribunal.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el padrón. La Cámara detectó 2.870 exclusiones procesadas entre junio y agosto de este año bajo la causal genérica de “cese laboral”, sin que en los registros analizados figurara la fecha exacta de finalización del vínculo laboral. Ese dato resulta relevante porque la normativa electoral contempla la conservación durante seis meses de la afiliación y del derecho a votar de trabajadores desvinculados.
El tribunal también observó la distribución de los electores en las mesas y la documentación relacionada con las listas. Según los informes publicados sobre el fallo, estaban habilitados unos 61.664 electores distribuidos en 494 mesas, aunque algunas superaban ampliamente los 600 votantes mientras que otras tenían una cantidad muy reducida de electores. La Justicia también cuestionó determinados aspectos vinculados con la oficialización de agrupaciones y la presentación de documentación.
La causa se inició a partir de una presentación de la Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, dirigente de la seccional Mar del Plata, contra la UTA y su Junta Electoral. El sector opositor había denunciado irregularidades en el padrón y en el procedimiento electoral. La Cámara señaló que inicialmente había solicitado que las anomalías fueran corregidas por la propia Junta Electoral, pero concluyó que los problemas persistieron y, en algunos casos, se agravaron.
El oficialismo de la UTA, encabezado por el secretario general Roberto Fernández, cuestionó la decisión aunque manifestó que acatará el fallo. Fernández sostuvo que la postergación forma parte de una disputa que, según su interpretación, busca impedir la realización de los comicios y atribuyó los cuestionamientos a intereses vinculados con sectores empresarios y otros espacios sindicales. Esas afirmaciones corresponden a la posición del oficialismo y no fueron establecidas como hechos por la resolución judicial.
La nueva convocatoria contempla que el proceso vuelva a atravesar las etapas de presentación de listas y avales, con controles adicionales sobre las altas y bajas del padrón. La Cámara estableció que las bajas deberán contar con respaldo documental y consignar la causa y fecha de finalización del vínculo laboral, mientras que las impugnaciones deberán respetar las instancias previstas para que los afiliados puedan ejercer su defensa. De esta manera, la elección de la UTA quedó trasladada al 17 y 18 de diciembre, bajo supervisión judicial.
FUENTE: InfoGremiales
