Milton Tolomeo permanece detenido en el marco de la causa iniciada luego de la protesta contra la reforma laboral del 11 de febrero. En diálogo con Página/12, cuestionó el tratamiento recibido durante su detención y sostuvo que se busca equiparar la protesta social con el terrorismo. Su caso forma parte de una investigación que pasó del fuero porteño a la Justicia federal.
Milton Tolomeo fue detenido luego de la movilización realizada el 11 de febrero contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Desde entonces permanece privado de su libertad en el marco de una causa en la que se investigan los incidentes registrados frente al Congreso. En una entrevista con Página/12, el detenido relató las condiciones en las que permaneció alojado y cuestionó que se lo haya incluido dentro de un régimen destinado a personas consideradas de alto riesgo.
El propio Tolomeo sostuvo que su caso debe ser leído dentro de un contexto más amplio de criminalización de las protestas. “Por protestar nos quieren identificar como terroristas”, afirmó durante la entrevista, al cuestionar la utilización de esa figura para quienes participaron de las manifestaciones. La frase constituye el eje de su relato y refleja su interpretación sobre el tratamiento judicial y penitenciario que recibió desde su detención.
La movilización ocurrió el 11 de febrero, mientras el Congreso debatía la reforma laboral. Durante la jornada se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, además del lanzamiento de piedras y artefactos incendiarios contra efectivos policiales. Más de 70 personas fueron detenidas durante los operativos posteriores, aunque la situación procesal de cada una de ellas fue diferente.
Tolomeo quedó particularmente comprometido en la investigación. De acuerdo con los antecedentes publicados por Página/12, fue acusado de portación de elementos inflamables, intimidación pública y atentado agravado contra la autoridad. La Justicia porteña inicialmente rechazó aplicar el agravante por terrorismo solicitado por la fiscalía y posteriormente declaró su incompetencia para continuar con la investigación, disponiendo el traslado de la causa al fuero federal.
La detención también estuvo acompañada por una fuerte exposición pública. En febrero, el Ministerio de Seguridad había difundido su imagen y lo había identificado públicamente como “el anarquista de la molotov”. Según la información judicial difundida entonces, Tolomeo fue señalado como sospechoso de haber arrojado un artefacto incendiario durante los incidentes frente al Congreso.
Uno de los aspectos que Tolomeo cuestionó especialmente fue el régimen de alojamiento que se le aplicó. Según su testimonio, fue tratado bajo un esquema destinado a detenidos considerados de “alto riesgo”, con aislamiento absoluto y restricciones para mantener contacto con familiares. Página/12 señaló que ese régimen contemplaba condiciones particularmente estrictas para las personas incluidas en esa clasificación.
El caso continuó durante los meses siguientes. En mayo, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó la prisión preventiva de Tolomeo y de Eneas Gallo, ambos detenidos a raíz de la protesta contra la reforma laboral. Los dos permanecían alojados en el complejo penitenciario federal de Marcos Paz, mientras la causa continuaba su recorrido judicial.
En su testimonio más reciente, Tolomeo volvió a poner el foco en la frontera entre protesta social, persecución penal y acusaciones de terrorismo. Su planteo se suma a los cuestionamientos formulados por organizaciones de derechos humanos y abogados que intervienen en el caso, mientras la investigación judicial continúa. El expediente deberá determinar las responsabilidades individuales por los hechos ocurridos durante aquella movilización, en un proceso que sigue abierto.
Fuente: Página/12
