El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó la decisión de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales impulsada mediante el DNU 70/2023. El mandatario calificó el pronunciamiento como “el fallo de la infamia” y sostuvo que la resolución afecta la soberanía nacional y la voluntad popular.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionado con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. A través de un mensaje difundido este miércoles, el mandatario bonaerense cuestionó la decisión del máximo tribunal y la calificó como “el fallo de la infamia”. Según planteó Kicillof, el pronunciamiento tiene consecuencias sobre la discusión acerca de la soberanía territorial y se produce después de que el Gobierno nacional no lograra avanzar en el Congreso con modificaciones similares al régimen de tierras.
El origen del conflicto se encuentra en el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsado durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Ese artículo derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Entre sus disposiciones, la norma fijaba un límite del 15% para la titularidad extranjera sobre las tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de establecer otras condiciones vinculadas con la nacionalidad de los propietarios.
La aplicación de la derogación había sido cuestionada judicialmente por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que obtuvo inicialmente una resolución favorable de la Cámara Federal de La Plata. Ese tribunal había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 y había frenado sus efectos. El Estado nacional recurrió esa decisión y el expediente llegó finalmente a la Corte Suprema, que ahora dejó sin efecto el fallo anterior. Sin embargo, el máximo tribunal aclaró que su decisión estuvo vinculada con la legitimación de la organización que inició la demanda y con la existencia de un caso judicial concreto, y no con un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del DNU.
En su pronunciamiento, la Corte consideró que el CECIM no contaba con legitimación suficiente para promover esa acción colectiva y sostuvo que no estaba configurado un perjuicio concreto que habilitara la intervención judicial en los términos planteados. Por esa razón, la decisión restableció los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. Esto implica que, en la situación normativa actual, vuelven a regir los efectos de la derogación de la Ley de Tierras Rurales dispuesta por el Poder Ejecutivo. La Corte, según los reportes sobre el fallo, dejó expresamente fuera de su decisión una definición sobre la validez constitucional de la norma.
Kicillof vinculó la decisión judicial con el debate político que tuvo lugar durante los últimos meses alrededor de la propiedad de tierras rurales y la soberanía territorial. El gobernador recordó que durante el tratamiento legislativo de un proyecto impulsado por el Gobierno nacional, que incluía modificaciones al régimen de propiedad de tierras, distintos sectores se movilizaron para rechazar la eliminación de restricciones a la participación extranjera. Según sostuvo el mandatario, el oficialismo debió retirar ese capítulo durante el tratamiento en el Senado luego de no reunir los apoyos necesarios para avanzar con esa modificación.
En ese contexto, el gobernador bonaerense sostuvo que aquello que, según su interpretación, no pudo concretarse mediante el Congreso terminó siendo habilitado a partir de la decisión judicial. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó Kicillof. El mandatario también sostuvo que la resolución “afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, enmarcando su crítica en una discusión más amplia sobre el control y la propiedad de recursos considerados estratégicos. Estas expresiones forman parte de la valoración política realizada por el gobernador sobre el alcance del fallo.
Kicillof también vinculó el tema con la posición del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas. En su mensaje, sostuvo que la decisión de la Corte entra en contradicción con el discurso oficial sobre la soberanía de las islas y cuestionó al presidente Javier Milei por su postura en esa materia. “Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, afirmó el gobernador, quien agregó que, a su entender, la decisión demuestra una contradicción entre las declaraciones oficiales sobre Malvinas y las políticas vinculadas con la propiedad de tierras rurales.
La resolución de la Corte reabre así una discusión que combina aspectos judiciales, legislativos y políticos. Por un lado, el máximo tribunal resolvió una cuestión vinculada con la legitimación de quien promovió la demanda y dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023. Por otro, la decisión vuelve a colocar en el centro del debate el régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y las restricciones que establecía la Ley 26.737. Mientras el Gobierno nacional ha defendido históricamente la eliminación de determinadas limitaciones a la propiedad privada, Kicillof y otros sectores opositores cuestionan esas modificaciones por sus posibles efectos sobre la soberanía territorial.
Fuente: Página/12
