Diputados opositores preparan un petitorio dirigido a los gobiernos de Uruguay, Brasil y Chile para que no faciliten apoyo logístico al proyecto petrolero Sea Lion, que busca avanzar con la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas. El planteo se da mientras el Congreso comienza a discutir un proyecto oficial sobre la defensa de la soberanía nacional.
La disputa por la explotación de hidrocarburos en las inmediaciones de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el Congreso argentino. Diputados de la oposición preparan un documento destinado a los gobiernos de Uruguay, Brasil y Chile para solicitarles que no otorguen apoyo logístico al proyecto Sea Lion, iniciativa petrolera vinculada a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. El planteo fue anticipado durante una audiencia informativa realizada en el Congreso y se produce en paralelo al tratamiento de una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
Según publicó La Política Online, el pedido será presentado ante los tres países vecinos con el objetivo de evitar que sus territorios, puertos u otros servicios puedan ser utilizados como parte de la infraestructura necesaria para las operaciones vinculadas con la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur. La iniciativa opositora se inscribe dentro de una discusión más amplia sobre las herramientas que debería utilizar Argentina frente al avance del proyecto Sea Lion y sobre la estrategia diplomática en torno al reclamo de soberanía sobre las islas.
El proyecto Sea Lion está desarrollado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum y contempla actividades de explotación hidrocarburífera en el área de las Islas Malvinas. El Gobierno argentino sostiene que esas operaciones se realizan sin autorización de las autoridades nacionales y anunció distintas medidas para intentar impedir su avance. Entre ellas, el Ejecutivo impulsó un proyecto legislativo para endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
La cuestión volvió a tomar fuerza durante una audiencia informativa organizada por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino. El encuentro reunió a especialistas y legisladores para analizar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el oficialismo. Marino sostuvo que debe existir una posición de unidad nacional en torno al reclamo argentino sobre Malvinas, pero cuestionó aspectos de la iniciativa oficial y planteó reparos respecto del vínculo entre la política de defensa y la estrategia internacional del Gobierno. Estas son posiciones expresadas por el legislador durante la audiencia y no una descripción independiente de los efectos de la iniciativa.
Otro de los legisladores que intervino fue Jorge Taiana, exministro de Defensa, quien cuestionó el proyecto oficial y lo vinculó con la estrategia estadounidense denominada “Escudo de las Américas”. Según su interpretación, la iniciativa podría modificar el rol de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad argentinos. El planteo forma parte del debate político alrededor del proyecto y no constituye una conclusión establecida sobre sus efectos.
Uno de los puntos que genera discusión está relacionado con las disposiciones penales incluidas en el proyecto. De acuerdo con el texto analizado durante la audiencia, se propone incorporar un nuevo artículo al Código Penal para sancionar con penas de prisión determinadas actividades realizadas por cuenta o financiamiento de Estados u organizaciones extranjeras cuando tengan como objetivo alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación. Legisladores opositores cuestionaron el alcance de esa redacción y plantearon posibles efectos sobre la libertad de expresión.
Mientras la oposición prepara su presentación ante los gobiernos de los países vecinos, el Poder Ejecutivo también avanzó con medidas destinadas a frenar el proyecto petrolero. La Oficina del Presidente informó el 28 de septiembre que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo anunciado es impedir la explotación de hidrocarburos vinculada con Sea Lion en el área que Argentina considera parte de su plataforma continental.
El canciller Pablo Quirno también había señalado semanas atrás que el Gobierno argentino contaba con el respaldo de Chile frente a la posibilidad de que el país fuera utilizado como punto de apoyo logístico para las operaciones relacionadas con Malvinas. En ese marco, el conflicto por Sea Lion combina la disputa de soberanía, la explotación de recursos naturales, las relaciones diplomáticas con los países de la región y el debate interno sobre la política de defensa. La discusión continuará ahora en el Congreso, mientras el Gobierno busca avanzar con su proyecto y distintos bloques opositores preparan sus propias iniciativas y planteos diplomáticos.
Fuente: La Política Online
