La Asociación de Trabajadores del Estado cuestionó el proceso de evaluación y promoción del personal del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa y señaló presuntas nulidades, problemas de quórum, conflictos de intereses y restricciones a la participación de veedores gremiales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a cuestionar el funcionamiento del Régimen para el Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (RPIDFA), que alcanza al personal científico-tecnológico del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF), dependiente del Ministerio de Defensa. Según denunció el gremio, durante los procesos de evaluación y promoción se habrían producido una serie de irregularidades administrativas que afectan a trabajadores con una extensa trayectoria dentro del organismo.
Desde ATE señalaron que las dificultades no constituyen un episodio aislado, sino que forman parte de un conflicto que el sindicato viene planteando desde 2025. En ese marco, la organización sindical sostuvo que viene denunciando el supuesto avasallamiento de las normas que regulan al personal de investigación y desarrollo de las Fuerzas Armadas, además de cuestionar el modo en que se llevan adelante las evaluaciones del personal científico-tecnológico. El gremio también afirmó que existe un intento de limitar la participación de sus representantes en carácter de veedores.
Uno de los principales puntos señalados por ATE está relacionado con las resoluciones administrativas que regularon distintos aspectos del proceso. La organización cuestionó específicamente la Resolución 2025-240-APN-MD, firmada durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, y la Resolución 2025-2-APN-SIPIYPD#MD, suscripta por el actual secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Katzenell. Según el sindicato, ambas decisiones habrían generado un proceso con criterios que considera arbitrarios y contradictorios.
El reclamo adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con la denuncia sindical, entre los trabajadores alcanzados por las evaluaciones hay investigadores y profesionales con más de 15 y hasta 30 años de trayectoria. ATE sostiene que algunos de ellos reunían los requisitos establecidos por la normativa para acceder a promociones dentro del régimen, pero que las decisiones adoptadas durante el proceso terminaron perjudicándolos. El gremio reclama, en consecuencia, que se revisen las actuaciones y que las evaluaciones respeten los criterios establecidos en el RPIDFA.
Otro de los ejes de la presentación sindical está vinculado con las presuntas nulidades que, según ATE, afectarían determinadas actuaciones. El sindicato mencionó específicamente la supuesta violación del artículo 35, inciso b, del RPIDFA y apuntó contra decisiones adoptadas en el marco de los mecanismos de evaluación. En su denuncia, la organización también cuestionó el desempeño de Victoria Galán, directora nacional de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia para la Defensa, a quien atribuyó omisiones en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias. Estas afirmaciones corresponden a la posición expresada por ATE y no implican por sí mismas una resolución administrativa o judicial que haya establecido esas responsabilidades.
El sindicato también puso el foco en la integración y funcionamiento de las instancias encargadas de evaluar al personal. ATE habló de presuntos problemas de quórum y conflictos de intereses, y sostuvo que determinadas actuaciones deberían ser consideradas inválidas. La denuncia se inscribe en una discusión más amplia sobre la transparencia de los mecanismos de evaluación dentro de organismos científicos y tecnológicos vinculados a la Defensa, particularmente cuando esas evaluaciones tienen consecuencias sobre las carreras profesionales, las promociones y las condiciones laborales de quienes integran el sistema.
A esta situación se suma, según el gremio, un conflicto por el papel de los veedores sindicales. ATE afirmó que durante la convocatoria RPIDFA 2025 se produjeron prácticas que considera represalias institucionales y que habrían limitado el histórico mecanismo de control ejercido por representantes de los trabajadores. Para la convocatoria correspondiente a 2026, la organización sindical sostiene que se pretende restringir nuevamente las facultades de sus veedores. El planteo coloca en el centro de la discusión el alcance de la participación sindical en procesos administrativos que involucran directamente a trabajadores estatales.
El conflicto también se vincula con otra denuncia formulada por ATE durante 2025, relacionada con el supuesto uso de instalaciones de CITEDEF como estacionamiento rentado durante el Quilmes Rock. Según informó InfoGremiales, el sindicato presentó un descargo ante la Oficina Anticorrupción y señaló que todavía se encuentra pendiente una respuesta formal sobre aquella presentación. De esta manera, ATE sostiene que los cuestionamientos actuales forman parte de una serie de reclamos que exceden puntualmente los mecanismos de evaluación y alcanzan distintos aspectos de la administración del organismo.
El planteo de ATE vuelve a poner en discusión el funcionamiento del sistema de investigación y desarrollo tecnológico dentro del área de Defensa y las condiciones en las que se desarrollan las carreras profesionales de sus trabajadores. Mientras el sindicato reclama el cese de las irregularidades que denuncia y la preservación de las facultades de sus veedores, el eje del conflicto pasa por determinar si los procedimientos aplicados respetaron las normas vigentes y garantizaron criterios uniformes para quienes fueron evaluados. Hasta el momento, las principales acusaciones difundidas corresponden a la organización sindical, por lo que cualquier eventual responsabilidad administrativa deberá establecerse a través de las instancias correspondientes.
Fuente: InfoGremiales
