El diputado Maximiliano Ferraro presentó un pedido de acceso a la información pública y otro de informes ante el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones para conocer qué datos respaldan la afirmación del Presidente sobre 30.000 personas supuestamente deportadas por vínculos con el terrorismo durante 2025 y 2026.
El presidente Javier Milei afirmó durante una entrevista con el periodista Luis Majul, emitida por LN+, que durante 2025 fueron deportadas de la Argentina unas 10.000 personas a las que calificó como “terroristas” y sostuvo que durante 2026 ya se habían expulsado otras 20.000. De acuerdo con sus declaraciones, se trataría de personas provenientes de otros países que habrían ingresado a la Argentina con el objetivo de “dinamitar el modelo argentino”. La afirmación abrió interrogantes sobre el origen de esas cifras y sobre los procedimientos mediante los cuales esas personas habrían sido identificadas y expulsadas.
A partir de esas declaraciones, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de acceso a la información pública y un pedido formal de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones. El objetivo de las presentaciones es que el Gobierno detalle cuántas personas fueron efectivamente expulsadas del territorio nacional durante los períodos mencionados por el Presidente y cuáles fueron las causas que motivaron cada una de esas medidas. La solicitud se realizó bajo los mecanismos previstos por la Ley 27.275 de acceso a la información pública.
Uno de los puntos centrales del requerimiento apunta a determinar cuántas de las personas mencionadas por Milei fueron efectivamente expulsadas por causales relacionadas con terrorismo. Ferraro pidió que se informe específicamente cuántas deportaciones estuvieron vinculadas con las causales previstas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871. También solicitó que se precise cuántas personas tenían una imputación judicial, cuántas contaban con una condena y cuántas figuraban en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET.
El legislador también reclamó que se explique cuál fue el criterio utilizado para calificar a esas personas como “terroristas”. En ese sentido, solicitó conocer si esa denominación fue establecida de acuerdo con la normativa vigente, a partir de su inclusión en el RePET o mediante algún otro procedimiento oficial. La pregunta adquiere relevancia porque la expresión utilizada públicamente por el Presidente no permite determinar, por sí sola, si las 30.000 personas mencionadas tenían antecedentes penales, investigaciones judiciales, vínculos acreditados con organizaciones terroristas o si la referencia correspondía a otro tipo de causal migratoria.
Ferraro planteó además que el Gobierno debería informar si existen registros oficiales de ciudadanos extranjeros que hayan ingresado a la Argentina con la intención de perjudicar o “dinamitar” el modelo económico impulsado por la actual administración. En ese marco, pidió conocer si se realizaron denuncias judiciales relacionadas con esas situaciones y cuáles fueron los organismos que intervinieron en las investigaciones. El requerimiento busca establecer si las afirmaciones presidenciales se corresponden con actuaciones administrativas o judiciales concretas y con estadísticas oficiales disponibles.
Otro aspecto señalado por el diputado tiene que ver con la magnitud de la cifra mencionada. Ferraro calculó que, de acuerdo con los números expresados por Milei, se trataría de más de 27 personas por día durante 2025 y de casi 74 por día durante 2026. Por ese motivo, sostuvo que una afirmación de esa dimensión requiere conocer con precisión la cantidad de expulsiones, sus fundamentos y la situación jurídica de las personas involucradas. El pedido de informes busca justamente separar el número total de expulsiones de aquellas que pudieran haber tenido como fundamento específico una causal relacionada con terrorismo.
Las declaraciones presidenciales se produjeron en una entrevista realizada después de la participación de Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante la conversación, el mandatario vinculó las supuestas deportaciones con otros argumentos utilizados para describir los obstáculos que, según su visión, enfrentó su administración. Entre ellos mencionó también supuestos intentos de “golpe de Estado” y proyectos legislativos destinados a afectar el equilibrio fiscal. En ese contexto, la referencia a los 30.000 presuntos terroristas apareció como parte de su explicación sobre las dificultades políticas que atribuye a sectores que cuestionan su gestión.
El pedido presentado por Ferraro coloca ahora la cuestión en el terreno de la información oficial y deja planteada la necesidad de conocer qué registros respaldan las cifras difundidas públicamente. La respuesta del Ministerio de Seguridad y de Migraciones permitiría determinar cuántas personas fueron expulsadas, cuáles fueron las causales aplicadas y qué relación, en caso de existir, tuvieron esas medidas con investigaciones o registros vinculados al terrorismo. Mientras tanto, la cifra de 30.000 personas y la caracterización utilizada por el Presidente permanecen como afirmaciones atribuidas a Milei, a la espera de que el Gobierno aporte los datos y antecedentes solicitados.
Fuente: La Nueva Mañana
