Un informe de la Auditoría General de la Nación cuestionó aspectos del proceso que permitió extender la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 hasta 2038. En paralelo, el Gobierno aprobó este lunes una nueva readecuación contractual que lleva el plazo hasta febrero de 2056 y contempla una inversión adicional de 600 millones de dólares.
La concesión de los principales aeropuertos del país volvió a quedar en el centro de la discusión política y administrativa luego de las observaciones realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la extensión contractual aprobada en 2020. El informe analizó los procedimientos utilizados para prorrogar la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 y señaló deficiencias vinculadas con el circuito administrativo, la documentación y los mecanismos utilizados para justificar la extensión. La controversia adquiere una nueva dimensión porque este lunes 28 de septiembre el Gobierno nacional aprobó un nuevo acuerdo de readecuación contractual con la empresa.
La auditoría de la AGN se concentró en la prórroga que, mediante el Decreto 1009/2020, extendió por diez años el contrato de concesión, llevando su vencimiento hasta febrero de 2038. El organismo de control examinó el proceso llevado adelante por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), las actuaciones administrativas y la documentación utilizada para fundamentar aquella decisión. Entre sus recomendaciones incluyó la necesidad de establecer procedimientos específicos para futuras prórrogas de contratos de concesión, de modo de ordenar la intervención de las distintas áreas y facilitar el control de lo actuado.
Uno de los puntos señalados por la AGN fue precisamente la inexistencia de un procedimiento formal específico dentro del ORSNA para tramitar prórrogas de este tipo. En la documentación oficial, el propio organismo regulador realizó observaciones al proyecto de auditoría y sostuvo que, pese a no existir un reglamento específico aprobado, durante el proceso participaron las áreas sustantivas y se elaboraron informes técnicos, además de contar con la opinión favorable del ORSNA exigida por la normativa vigente. De esta manera, el informe dejó planteada una discusión sobre la calidad y formalidad de los mecanismos administrativos utilizados.
El antecedente es relevante porque la prórroga de 2020 fue justificada fundamentalmente por el impacto extraordinario que tuvo la pandemia de coronavirus sobre el sistema aeroportuario. La documentación oficial señala que el tráfico internacional de la concesión cayó 76% en 2020 y 86% en 2021 respecto de 2019, mientras que el tráfico doméstico se redujo 77% y 62%, respectivamente. En ese contexto, los ingresos totales de la concesión disminuyeron 60% entre 2019 y 2020 y los ingresos aeronáuticos cayeron 63%. El argumento utilizado entonces fue que la crisis había alterado de manera significativa el equilibrio económico-financiero del contrato.
Ahora, el escenario volvió a modificarse. El Gobierno nacional aprobó este lunes el Acta Acuerdo de Readecuación Contractual firmada el 1° de septiembre entre el ORSNA y Aeropuertos Argentina 2000. El nuevo acuerdo establece una extensión de la concesión hasta el 13 de febrero de 2056, aunque parte de ese plazo queda condicionada al cumplimiento de determinadas obligaciones. La empresa deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 la disponibilidad de fondos, créditos o compromisos financieros necesarios para afrontar una inversión directa adicional de 600 millones de dólares.
El acuerdo también establece que el concesionario deberá alcanzar determinados niveles de ejecución de obras antes del 31 de diciembre de 2031. En caso de incumplimiento de las condiciones previstas, el plazo de la concesión no se extendería hasta 2056 y finalizaría el 13 de febrero de 2049. El esquema contempla además nuevas metas de inversión, mecanismos de revisión periódica y una nueva proyección financiera de ingresos y egresos hasta 2056.
La nueva decisión administrativa se produce después de un proceso de renegociación que comenzó formalmente a fines de 2024. Según los fundamentos publicados por el Gobierno, el ORSNA y Aeropuertos Argentina 2000 analizaron la existencia de una distorsión en la ecuación económico-financiera del contrato y evaluaron distintas alternativas para recomponerla. El organismo regulador sostuvo que la pandemia generó una alteración que excedió los mecanismos ordinarios de revisión y que una solución integral debía combinar plazo de concesión, inversiones, estructura tarifaria y otros componentes económicos del contrato.
El debate queda así atravesado por dos cuestiones diferentes pero vinculadas: por un lado, las observaciones de la AGN sobre el procedimiento utilizado para la prórroga de 2020 y, por otro, la decisión actual del Gobierno de extender nuevamente la concesión bajo nuevas condiciones. El nuevo acuerdo incorpora compromisos concretos de inversión y prevé consecuencias contractuales frente a su incumplimiento. Además, el Gobierno dejó constancia de que el presidente Javier Milei fue excusado de intervenir en los trámites relacionados con Aeropuertos Argentina 2000 y sus sociedades vinculadas mediante el Decreto 1074/2026.
La discusión sobre quién administra durante las próximas décadas una parte central de la infraestructura aeroportuaria argentina continuará, por lo tanto, en el terreno institucional y regulatorio. La AGN puso bajo revisión el modo en que se instrumentó la prórroga anterior, mientras que la administración nacional acaba de aprobar una nueva extensión hasta 2056 condicionada a inversiones y al cumplimiento de metas. El punto central será ahora el seguimiento de esas obligaciones y el funcionamiento de los mecanismos de control previstos en el nuevo acuerdo.
Fuente: Minuto Uno
