La institución se presentó ante la Fiscalía que investiga las intimidaciones recibidas por la abogada y solicitó que se determine el origen de los mensajes y se identifique a los responsables. También pidió evaluar el caso con perspectiva de género si los elementos de la investigación así lo justifican.
El Colegio de Abogados de Córdoba se presentó ante la Fiscalía que lleva adelante la investigación por las amenazas denunciadas por la abogada Daniela Morales Leanza y solicitó que las actuaciones avancen con la mayor celeridad posible. La entidad manifestó además su disposición para colaborar con el esclarecimiento de lo ocurrido y expresó su acompañamiento a la profesional frente a las intimidaciones recibidas.
La presentación institucional apunta a que la investigación permita determinar de dónde provinieron los mensajes y quiénes fueron las personas responsables. Desde el Colegio señalaron que se deben adoptar las medidas necesarias para avanzar en el esclarecimiento del episodio y remarcaron que el ejercicio de la abogacía debe poder desarrollarse sin amenazas ni intimidaciones.
Morales Leanza había denunciado haber recibido mensajes y llamadas intimidatorias a través de su teléfono personal, situación por la que también solicitó medidas de protección para ella y su familia. Según informó la propia abogada, los mensajes contenían referencias a su actividad profesional y a causas judiciales en las que intervino como representante de familiares de víctimas de violencia de género.
Entre los antecedentes mencionados públicamente aparece la intervención de Morales Leanza como querellante en la causa por el femicidio de Anahí Bulnes, ocurrido en Córdoba en 2022. Por ese crimen, Santiago Campos Matos fue condenado a prisión perpetua. Las amenazas denunciadas hicieron referencia directa a Bulnes y a la actividad profesional de la abogada.
La profesional también intervino en otras causas vinculadas con violencia de género. La Nueva Mañana informó que actualmente representa a la familia de Camila Merlo, joven asesinada en Córdoba, y que los mensajes intimidatorios también hicieron referencia a esa causa. La propia abogada vinculó públicamente las amenazas con su trabajo profesional, aunque esa relación forma parte de los aspectos que deberán determinarse en la investigación judicial.
La investigación quedó a cargo del fiscal Matías Busquetz, luego de las primeras actuaciones realizadas tras la denuncia. Entre los objetivos de la pesquisa se encuentra establecer el origen de las comunicaciones, identificar a quien las habría realizado y determinar, en caso de corresponder, si existe alguna persona que haya instigado o encargado las amenazas. La abogada cuenta además con una consigna policial en su domicilio y solicitó medidas adicionales para garantizar su seguridad y la de su familia.
En este contexto, el Colegio de Abogados planteó que, si los elementos que surjan durante la investigación lo justifican, el caso sea analizado con perspectiva de género. La institución señaló que este enfoque deberá ser considerado a partir de lo que pueda establecer la propia investigación y de las circunstancias concretas del hecho denunciado.
Desde la entidad profesional remarcaron que el acompañamiento a Morales Leanza también se relaciona con la necesidad de garantizar el libre ejercicio de la abogacía. En su presentación, el Colegio sostuvo que proteger a quienes ejercen la profesión frente a hechos intimidatorios implica también resguardar las condiciones necesarias para el acceso a la Justicia y el derecho de defensa.
El pronunciamiento se suma a otras expresiones de solidaridad surgidas en Córdoba luego de que se conociera la denuncia. Organizaciones profesionales y sociales manifestaron su respaldo a la abogada y reclamaron el esclarecimiento de las amenazas. Mientras continúa la investigación, el objetivo planteado por el Colegio es que se identifique a los responsables y se establezcan las circunstancias en las que se produjeron las intimidaciones.
Con ayuda del Colegio de Abogados de Córdoba
