El Ministerio de Justicia formalizó dos nuevos programas mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026. Uno estará dedicado a la ciberdelincuencia y la evidencia digital, mientras que el otro tendrá como objetivo organizar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil previsto por la Ley 27.801.
El Ministerio de Justicia de la Nación creó dos programas vinculados con la política criminal, uno destinado a fortalecer las herramientas frente a la ciberdelincuencia y otro orientado a organizar la implementación del Régimen Penal Juvenil. Las medidas fueron formalizadas este viernes mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
La primera de las iniciativas es el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital, denominado PRONACIB. El nuevo esquema funcionará dentro de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia y tendrá como coordinador al asesor Mariano Tomás Rivas, quien ejercerá sus funciones con carácter ad honorem. Entre sus tareas estará la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas dentro del programa.
El PRONACIB contempla distintas líneas vinculadas con la investigación de delitos cometidos en entornos digitales. Entre los temas incluidos aparecen la preservación y análisis de evidencia digital, la ciberseguridad aplicada a investigaciones criminales, los activos virtuales y el impacto de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes sobre las modalidades delictivas. El Ministerio de Justicia señaló que el desarrollo de estas herramientas plantea nuevos desafíos tanto por su eventual utilización para cometer, facilitar o esconder delitos como por su creciente incorporación a las investigaciones.
El programa también podrá conformar mesas interinstitucionales de trabajo con organismos públicos, autoridades judiciales, fuerzas de seguridad, empresas y otros actores privados. A su vez, deberá contemplar las disposiciones de la Ley 25.326 de protección de datos personales y promover la articulación entre la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital y la Cancillería, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional previstos por el Convenio de Budapest.
La segunda iniciativa es el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, creado mediante la Resolución 484/2026. El programa funcionará dentro de la Dirección de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal, y tendrá como finalidad organizar las acciones vinculadas con la aplicación de la Ley 27.801, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente.
La coordinación del nuevo programa estará a cargo de la asesora Débora Eliana Di Girolamo, también con carácter ad honorem. Entre los objetivos establecidos aparecen la implementación integral del régimen en el ámbito de la Justicia nacional, ordinaria y federal; la capacitación especializada de los operadores del sistema; la articulación con provincias y la Ciudad de Buenos Aires; y la generación y sistematización de información estadística para evaluar los resultados de la política criminal juvenil.
Uno de los instrumentos previstos será el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. La resolución establece mecanismos para coordinar y supervisar técnicamente el trabajo de quienes tendrán a su cargo el seguimiento de las medidas dispuestas por la Justicia, además de un Manual del Supervisor Juvenil destinado a establecer pautas y protocolos de intervención. El programa también contempla líneas específicas para la asistencia y protección de las víctimas, incluyendo orientación, derivaciones y, cuando corresponda, patrocinio jurídico gratuito.
El Ministerio de Justicia también estableció que el programa deberá brindar asistencia al Comité Interministerial y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil. El esquema incorpora mecanismos de seguimiento destinados a evaluar el cumplimiento de las medidas judiciales, el funcionamiento institucional y los indicadores vinculados con la reincidencia. De esta manera, las dos resoluciones establecen nuevas estructuras dentro de la cartera de Justicia para avanzar tanto en la respuesta estatal frente a los delitos digitales como en la puesta en marcha del régimen penal juvenil.
Fuente: Noticias Argentinas
