El secretario general de la UTA y titular de la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros envió una nota al ministro de Salud, Mario Lugones, en la que describió un escenario económico crítico para las obras sociales sindicales. Señaló la caída de los aportes, el aumento de los costos sanitarios y cuestionó los mecanismos de control sobre los prestadores.
El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, envió una nota al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para advertir sobre la situación económica que atraviesan las obras sociales sindicales. En el documento, el dirigente, que además preside la Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros, calificó el escenario como un “estado económico sumamente crítico que compromete su existencia”.
Fernández sostuvo que el problema tiene una dimensión que excede a una obra social en particular y alcanza al funcionamiento general del sistema de cobertura de salud. En su presentación recordó que las obras sociales son agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud establecido por la Ley 23.661 y planteó que el deterioro financiero podría repercutir sobre la cobertura de trabajadores y sus familias. Se trata, en este punto, de una advertencia formulada por el dirigente sindical en su pedido de intervención ante las autoridades sanitarias.
Uno de los principales argumentos planteados por el titular de la UTA está relacionado con la evolución de los ingresos. Según Fernández, los aportes y contribuciones correspondientes a los trabajadores registrados perdieron peso en términos reales frente a la evolución del costo de vida. A esto sumó la disminución de la cantidad de trabajadores aportantes vinculada, según su diagnóstico, con las dificultades que atraviesa el sector del transporte automotor de pasajeros.
El dirigente también señaló que la situación financiera de las empresas de transporte repercute directamente sobre las obras sociales. Según explicó en la nota, las dificultades empresariales pueden derivar en cesaciones de pago, concursos preventivos, quiebras o liquidaciones, mientras las entidades deben continuar garantizando las prestaciones correspondientes. Fernández cuestionó así el desfasaje que se produce entre la obligación de brindar cobertura y las dificultades para sostener los recursos necesarios para financiarla.
A la caída de los ingresos, Fernández sumó el incremento de los costos de las prestaciones médicas. Su planteo apunta a que las obras sociales deben afrontar una estructura de gastos creciente mientras sus recursos dependen principalmente de los aportes vinculados con los salarios de los trabajadores. Para el dirigente, esa diferencia entre ingresos y costos constituye uno de los factores que profundizan el deterioro económico de las entidades sindicales.
Otro de los puntos centrales de la presentación está relacionado con los prestadores de servicios de salud. Fernández cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de control y sostuvo que, en la práctica, los prestadores cuentan con capacidad para incrementar sus tarifas, dependiendo de su tamaño y de su poder de negociación frente a las obras sociales. El dirigente reclamó una mayor intervención de la autoridad de contralor para evitar que esos aumentos profundicen las dificultades financieras del sistema.
La situación planteada por Fernández se da mientras la Superintendencia de Servicios de Salud mantiene mecanismos específicos para abordar casos de crisis dentro de los agentes del seguro de salud. En julio de 2026, por ejemplo, el organismo declaró en situación de crisis a la Obra Social Yacimientos Carboníferos luego de evaluar distintos indicadores prestacionales, jurídico-institucionales y económico-financieros, y ordenó la presentación de un plan de contingencia. La normativa vigente contempla procedimientos específicos para entidades que superan determinados niveles de criticidad.
Frente a este escenario, el titular de la UTA pidió al ministro Lugones una “escucha activa” y una participación de las autoridades nacionales destinada a abordar las dificultades que atraviesan las obras sociales. El reclamo pone nuevamente en discusión el financiamiento de la salud sindical, la evolución de los aportes laborales, los costos de las prestaciones y el papel del Estado como organismo regulador. La nota de Fernández constituye, hasta el momento, un planteo dirigido al Ministerio de Salud y deberá esperarse la respuesta oficial para conocer si habrá medidas concretas frente a los problemas señalados.
Fuente: InfoGremiales
